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tribunales. La polémica en torno al ‘procés’ sigue dando de qué hablar: mientras unos se muestran a favor, amparándose en que no debe conllevar pena de prisión, otros creen que buscando la paz puede darse el efecto contrario TEXTO Ángela Precedo

Cara y cruz ante este perdón

    José Julio Fernández

    Profesor de Derecho Constitucional en la USC

    “puede provocar el refuerzo de grupos independentistas”

    “Está claro que, históricamente, el indulto es un privilegio en manos del poder Ejecutivo”, asegura el profesor José Julio Fernández, de la USC, que explica que, pese a eso, tal y como está consolidado actualmente en España y en todos los estamos, “tiene una serie de requisitos”. En concreto, en este país, algunos de ellos se han perfilado a nivel del Tribunal Supremo.

    Y, en ese sentido, en España “se exige que haya arrepentimiento por parte del codenado”, según está plasmado en la jurisprudencia, así que, “de forma, que no de fondo, los delincuentes que van a ser indultados deberían expresar arrepentimiento a través del instrumento formal que consideren”, como podría ser un juez de vigilancia penitenciaria.

    En opinión de este experto, “es razonable que se indulte a quien el poder Ejecutivo quiera, pero siempre que la persona indultada muestre adhesión al sistema de valores, al sistema jurídico español”. “Otra opción parece irrazonable”, asevera. Cree que, “aparentemente”, el Gobierno va a indultar a una serie de personas relacionadas con el Procés, pero “que no cumplen exactamente todas las dimensiones que han llevado a la configuración del indulto en España”. Con todo, precisa que “eso no lo hace ilegal, pero es un batiburrillo con trasfondo político”.

    Por otra parte, indica que el mensaje que se está lanzando desde el Gobierno para justificar los indultos es la necesidad de mejorar la convivencia con Cataluña, lo cuál “sería positivo”, tanto a nivel político como social. “Pero dudo que se consiga ese efecto”, puntualiza, explicando que “a lo mejor incluso se consigue el efecto contrario: que los grupos independentistas o en torno a esa línea ideológica vean que el indulto es una muestra de éxito en su estrategia a medio y largo plazo, de manera que sigan insistiendo en la desestabilización o presión, porque ven que están consiguiendo resultados”. “Yo creo que se va a producir más bien esta segunda situación”, sentencia, ejemplificando su postura con las publicaciones aparecidas recientemente en prensa hablando de la ‘debilidad’ del Estado.

    Asimismo, pone sobre la mesa una tercera dimensión: la internacional. “No es menor, porque por el interés que han tenido los Gobiernos catalanes en divulgar sus posiciones y sus ideas a nivel internacional, haciendo campañas de publicidad exitosas con dinero público autonómico, han logrado que en el exterio se configure una idea del conflicto territorial catalán media distorsionada, por eso creo que el Consejo de Europa tiene una visión parcial del problema catalán contra los intereses españoles y el propio sistema constitucional español, que es bastante tolerante y respetuoso”, explica el profesor José Julio Fernández.

    ¿Eso a qué lleva? “A que en el horizonte de reformas normativas, a lo mejor, en España se vaya a reformar el Código Penal en los temas de sedición y similares, por esa presión indirecta internacional”, argumenta, apuntando que, de ese modo, “si no hay delito, no hay pena”.

    Alba Nogueira

    Profesora de Derecho Administrativo en la USC

    “la conflictos políticos no se solventan por la vía penal”
    “Jurídicamente creo que los indultos no presentan problema, por lo que mi opinión es positiva, ya que el derecho de gracia es una facultad que tiene el poder Ejecutivo, y que lo puede ejercer”, afirma la profesora de Derecho Administrativo en la USC, Alba Nogueira. Otra cosa sería si ese derecho debería existir o no, pero, “en la medida en que existe y se tiene discutido sistemáticamente por todos los Gobiernos, creo que no presenta mayor problema”.

    En concreto, además, en este caso considera que el motivo que se va a alegar, el ser una causa de utilidad pública, “parece bastante evidente”, porque “en el caso de la sociedad catalana hay una situación de entendimiento social muy mayoritario que traspasa los partidos independentistas de que la pena de prisión es una barbaridad: el 70 % de los catalanes entienden que esa no es la solución para el conflicto político”. Eso se ha apreciado este mismo lunes, en la resolución por parte de la Asamblea del Consejo de Europa, que critica que los asuntos políticos se solucionen con penas de prisión tan elevadas.

    “Creo que es muy previsible que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie en esa dirección”, explica. Además, si se va a alegar la causa de utilidad pública, “jurídicamente los indultos serán difícilmente revisables”. “El Supremo puede únicamente revisar en una facultad discrecional del Ejecutivo las cuestiones procedimentales que pudieran estar mal hechas, pero no puede entrar en el fondo de la cuestión ni discutir sobre la utilidad política”, indica. En este sentido, tampoco los partidos políticos tendrían legitimación para recurrirlos, con lo que “se limita mucho la capacidad de los sujetos legitimados para hacerlo”.

    Sobre una mejora de las relaciones con Cataluña una vez se tome la decisión, Alba Nogueira cree que es “bastante evidente” que así será. “Me parece que los conflictos políticos no se solucionan en los tribunales y no es el papel de los tribunales el solucionar conflictos políticos”, expone, de manera que “si sabes que en la sociedad catalana, mucho más allá de los partidos políticos, hay una posición social mayoritaria porque haya un nuevo acuerdo político, se debe dar solución a eso”. Y, evidentemente, dice que “es difícil hacerlo si tienes a los líderes en prisión y las autoridades están intentando resolverlo por la vía penal”.

    La experta reincide en que los conflictos políticos no se solventan por la vía penal, ya que “una democracia avanzada no puede buscar el escarmiento penal para posiciones políticas”. “Eso es un error”, asevera, al que hay que darle la solución que no tuvo “hace cuatro o cinco años”.

    En la misma línea, apunta tomando como ejemplos países como Bélgica, Alemania y Escocia, que “muestran que hay alguna anomalía en nuestro sistema jurídico si ven el conflicto de otra manera”. “Si todo el mundo, en países democráticamente consolidados, lo ve de otra manera, a lo mejor tenemos algún problema sobre el que habría que reflexionar”.

    21 jun 2021 / 21:47
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