Se diluye el temor de la presidenta madrileña al “juez de la Gran Vía”

Santiago. La comparecencia de la presidenta de Madrid para anunciar las nuevas medidas de confinamiento parcial por la covid se demoró por dos veces el pasado viernes. Había dudas jurídicas de cómo implementar estas medidas restrictivas de derechos para evitar que fueran otra vez tumbadas por un juez.

El magistrado al que temían en la Puerta del Sol es el ourensano Alfonso Villagómez Cebrián, magistrado de lo contencioso administrativo que trabaja en los juzgados de la Gran Vía madrileña. Villagómez, como conocen los lectores de EL CORREO, es también colaborador del periódico desde hace años y fue magistrado del TSXG.

En su despacho del juzgado se despliegan los expedientes sobre licencias, sanciones contratos y subvenciones en gran parte de la Comunidad de Madrid que el juez debe resolver al igual que el resto de los 34 juzgados administrativos de la capital de España.

Villagómez sigue insistiendo que él no anuló ninguna disposición del Gobierno de Ayuso sobre la covid, se limitó a dar respuesta a una petición de ratificación de unas medidas que no consideró respetuosas con los derechos fundamentales. “Es evidente que no existe el derecho fundamental a fumar”, señala el magistrado, pero “sí que forma parte del derecho a la libertad personal. Igual que usamos nuestra libertad para comer comida basura o beber alcohol”.

El juez, a la vez que sigue sosteniendo la necesidad de la declaración del estado de alarma en Madrid, advierte que ya no se producirá ese temido efecto “juez de la Gran Vía” porque este sábado 19 de septiembre se publicó en el BOE una modificación legislativa para atribuir el conocimiento de esta materia a las salas de los Tribunales Superiores de Justicia.

Una reforma legal sobre la que no hay duda que ha influido el auto que Villagómez dictó el pasado 20 de agosto no ratificando aquellas medidas restrictivas de la Comunidad de Madrid. J.m.V.