la mujer apareció muerta este miércoles

Una muerte anunciada: los vecinos alertaron en septiembre de la situación en el narcopiso de Fontiñas

El arrendatario de la vivienda en la que apareció el cadáver de la mujer entró como beneficiario del Bono de alugueiro social de la Xunta

La comunidad de propietarios había presentado un escrito en el Instituto Galego de Vivenda e Solo denunciando los 'trapicheos' de droga en el piso

Vecinos del inmueble afirman que desde el pasado día 2 la situación estaba tranquila, por lo que creen que el deceso pudo producirse entonces

Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la mujer este miércoles tras acudir al domicilio en el barrio de Fontiñas

Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la mujer este miércoles tras acudir al domicilio en el barrio de Fontiñas / Cedida

El piso 3º A, en el portal número 9 de la rúa de Berlín, donde este miércoles apareció sin vida el cuerpo de una mujer, es propiedad de un particular que se la había alquilado a una persona que había percibido el Bono de alugueiro social que gestiona el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). El beneficiario de dicha ayuda era la pareja sentimental de la fallecida, que se encuentra actualmente en prisión. Según exponen los vecinos en un escrito presentado el pasado mes de septiembre en el IGVS al que ha tenido acceso EL CORREO, el hombre había sido "condenado por violencia de xénero, quebrantando en varias ocasións unha orde de afastamento a favor da súa parella e convivinte, Dª Y. V. L.", ambos con "antecedentes penais, como así acreditan as numerosas actuacións policiais levadas a cabo nos últimos meses". El propietario de la vivienda donde residían había pedido el pasado 25 de octubre una orden de desalojo.

Narcopiso

La comunidad de propietarios había instado al IGVS "a tomar canto antes as medidas necesarias para sancionar e retirar toda axuda pública" a este hombre al considerar que "constitúe unha fraude clamorosa e un serio quebranto ao réxime de axudas públicas da Facenda Pública autonómica, ao utilizar diñeiro público para desenvolver as súas actividades delituosas de 'menudeo ou trapicheo' na vivenda que ocupa".

En los últimos meses, aseguran varios vecinos a EL CORREO, el trasiego de entradas y salidas en el edificio eran una constante, incluidas -dicen- las pernoctas de camellos de la zona: "Os veciños levamos alertando desde antes do verán. Chamamos á policía un feixe de veces, e teñen levado xente detida", cuenta uno de los inquilinos del edificio. "Agora levaba un mes a cousa tranquila, desde que puxemos un vixiante. O triste é que tanto IGVS como Concello o sabían. Se había unha situación de vulnerabilidade penso que se podía ter feito máis", concluye.

Un suceso anunciado

Efectivos policiales desplazados al número 9 de la rúa Berlín, en Fontiñas

Efectivos policiales desplazados este miércoles al número 9 de la rúa Berlín, en Fontiñas, donde apareció el cuerpo sin vida de una mujer / Cedida

A falta de conocer el resultado de la autopsia, los primeros indicios apuntan a no se trata de una muerte violenta y a que la mujer, de 36 años, podría haber fallecido hace días. Algunos vecinos señalan que, desde hace aproximadamente una semana, la situación en el edificio se había calmado. "La cosa nos pareció rara", dice una vecina del tercero que avisó este martes al propietario de un fuerte olor en el pasillo. "Hacía unos días que no se registraba la actividad habitual, pensamos que el hombre se había ido o lo habían detenido". Según su relato, el propietario avisó a la Policía que inicialmente respondió que no podía entrar en el piso y que no iba a mandar una patrulla. Un día después, este miércoles, otra vecina insistió refiriendo que la mujer era toxicómana y que el olor era cada vez más insoportable. Fueron los bomberos de Santiago los primeros en acudir al lugar y encontrar, tras forzar los agentes de policía la puerta, el cuerpo de la mujer que podría llevar varios días muerta en el domicilio.

Desde Vicepresidencia de la Xunta de Galicia afirman que el compañero de la fallecida ya no percibe en la actualidad el Bono de alugueiro, que requiere de un informe favorable de los servicios sociales. Aclaran que el IGVS no tiene competencias y, por tanto, carece de capacidad para actuar ante supuestos conflictos relacionados con el tráfico de estupefacientes, una cuestión de seguridad ciudadana.