El calvario de una comunidad de propietarios de Santiago para cobrar: un detective privado y un juicio con cárcel para los morosos

La comunidad de propietarios del número 31 de la Avenida de Barcelona en Santiago lleva años intentando cobrar una abultada deuda. Primero fue la empresa promotora, que se quedó con varios pisos, la que no abonaba las facturas. Después la sociedad cambió de manos y los nuevos propietarios siguieron sin pagar. Los vecinos tuvieron que contratar un detective privado que descubrió que no abonaban las cuotas de la comunidad pese a que tenían las viviendas alquiladas, tanto en la modalidad tradicional como turística. Ahora los tres responsables se enfrentan a penas de entre 2 años y medio y 4 años de cárcel por tres delitos de contrato simulado en un juicio que se celebrará la próxima semana en Compostela.

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El calvario de los vecinos de la avenida de Barcelona comenzó en 2009 cuando se constituyó la comunidad. La promotora del edificio, G de Proyectos Inmobiliarios se quedó con varios pisos y plazas de garaje. Pero, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, nunca abonó las cuotas. En abril de 2017 adeudaba ya 36.297 euros. La comunidad intentó cobrar "a través de varios procedimientos judiciales, pero con resultado infructuoso", explica el fiscal. Al final tuvieron que instar la declaración del concurso de la sociedad mercantil. El juzgado mercantil número 2 de A Coruña lo estableció en diciembre de 2017.

Pero el problema siguió sin solucionarse. En 2013 dos hermanos habían tomado el control de la promotora por apenas 2.500 euros, "pues la empresa iba mal", explica la Fiscalía en su escrito y una tercera persona ejercía como administrador oficial de la compañía. Pero uno de los hermanos era el que efectuaba las gestiones en el día a día de los 10 pisos que poseían en el número 31 de la Avenida de Barcelona. "A lo largo de los años había estado percibiendo una cantidad indeterminada por alquilarlos tanto a largo plazo como en la modalidad de alquiler turístico por días", relata el escrito de acusación. Los vecinos tuvieron que recurrir a un detective privado para intentar cobrar la deuda. En noviembre de 2017 redactó un informe en el que detallaba el comportamiento de los administradores de la empresa. La Fiscalía explica que "no consta la cifra de las cantidades" que llegaron a ingresar por los alquileres, "pero sí que no destinaban nada del producto que estuvo percibiendo a pagar la deuda de la comunidad".

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La comunidad intentó entonces cobrar la deuda por vía judicial. Pero los tres acusados intentaron librarse creando documentos para presentar en el juzgado y oponerse a la ejecución del crédito. Los presentaron en el juzgado mercantil en febrero de 2018. "Se trataba de dos contratos del 21/04/2009", explica la fiscalía. En uno de ellos G de Proyectos Inmobiliarios cedía a uno de los hermanos durante 20 años en alquiler cinco pisos. En el otro hacía lo mismo con otras cinco viviendas a favor de un testaferro de esa persona."Como excusa para justificar tal cesión también se creó y presentó otro aparente contrato previo del 19/05/2006", prosigue la Fiscalía. En él la empresa se comprometía a vender a uno de los hermanos una serie de pisos "a cambio de un precio". "La razón que se aducía en los contratos de 2009", explica, era que este hermano se encontraba con los pisos ya estaban hipotecados, con lo que resolvían el contrato de 2006 y como G de Proyectos Inmobiliarios "no disponía de liquidez para devolverle el precio entregado, le compensaba cediéndole el alquiler de los pisos".

Cuando llegó a la empresa el administrador concursal pidió la nulidad de estos contratos. En marzo de 2019, el juzgado mercantil dos de A Coruña los declara nulos, en la sentencia se deja claro que nadie pagó a la empresa ninguna cantidad para "disfrutar del aprovechamiento de los pisos".

Según la fiscalía los hechos constituyen tres delitos de contrato simulado en concurso medial para llevar a cabo insolvencia punible. El fiscal considera que los dos hermanos son coautores de insolvencia punible y la persona que figuraba como administrador oficial de la promotora es cooperador necesario. Para uno de los hermanos pide 2 años y medio de cárcel y 10 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. Para los otros dos acusados solicita 4 años de prisión y la misma multa.

El juicio se celebrará el miércoles y jueves de la próxima semana en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago. Sin embargo, no se abordará el tema de los impagos a la comunidad. La fiscalía explica que los propietarios ya ejercieron la reclamación de la deuda por la vía mercantil, "además de que aquí no consta ni el saldo actual de la deuda, ni si está cobrada en todo o en parte en dicha vía mercantil".