Los rectores exigen más financiación para lograr adaptarse a la nueva ley universitaria

Santiago acogió este jueves la asamblea general de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que este año celebra su 30 aniversario. El principal tema fue el debate sobre la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), especialmente en lo referente a la financiación y la reestructuración de los cuadros de personal para el próximo curso. 

En este sentido, la presidenta de la CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, insistió en la necesidad de que “desde el Ministerio y las comunidades autónomas nos digan en la menor brevedad posible la financiación con la que se va a contar para poner en marcha la nueva ley universitaria”. En detalle, Alcón señaló que en estos momentos se está en negociación con el Ministerio para conocer el número plazas con las que van a contar las universidades, además de la parte responsable de financiarlas. “CRUE no puede entrar en el porcentaje que nos corresponde a cada universidad”, dijo Alcón, a lo que añadió: “La preocupación es alta porque ya estamos planificando los cursos académicos y necesitamos la información cuanto antes”.

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La LOSU confía en que en 2030 se invierta el 1% del PIB nacional. Por eso, desde CRUE, asociación que agrupa 77 universidades públicas y privadas del Estado español,se ha creado una comisión para ver como van a lograr ese hecho las universidades.

Si como propone la memoria de la LOSU el objetivo de la mejora de suficiencia se traslada a cada comunidad autónoma y se asigna en función de la magnitud del 1% del PIB regional, daría como resultado diferencias de financiación por estudiante. “Será otra cuestión que deban analizar. Igual que hay comunidades peor financiadas que otras y hace tiempo que llevamos reclamándolo, para estas medidas que se van a tomar se tendrá que tener en cuenta todo el marco plurianual de financiación de las comunidades”, recalcó la presidenta de la CRUE.

"Necesitamos la información cuanto antes porque ya estamos planificando los cursos académicos"

Eva Alcón

— Presidenta de la CRUE

Sobre esta cuestión también dio unas palabras el rector de la USC, Antonio López, quien destacó que lo fundamental es que “o 1% sobre o PIB nacional sirva para financiar as universidades no seu conxunto”. El siguiente paso, como ya se conoce, sería conocer el reparto entre las comunidades. Antonio López aseguró que se trata de una fase “moi inicial” y que “queda moito camiño por percorrer”.

En referencia a la reestructuración del personal, el rector de la Universidad de Santiago destacó que de la LOSU deriva la reducción de la capacidad docente de alguna figura como los profesores asociados y los ayudantes doctores. “En Galicia temos unha situación moi diferente á maioría do territorio. Dende o inicio da LOU contamos coa figura dos interinos por sustitución e temos un número de profesores asociados moi razoable”, declaró. López aseguró que la USC estaría ya por debajo del objetivo marcado del 8% para terminar con la temporalidad.

“Coa planificación de persoal aprobada no pasado Consello do Goberno, no inicio do vindeiro curso teremos adaptado todo o persoal aos requerimentos da LOSU. Se, ademais, nos chega un aporte financeiro, benvido sexa”, comentó.

“O fundamental é que o 1% do PIB nacional sirva para financiar as universidades no seu conxunto”

Antonio López

— Rector de la USC

Antonio López dio el dato de que a nivel del Estado se necesitarían unas 5.000 plazas, de las que 40 serían para la USC. Se trata de una cifra que se puede encajar dentro de la planificación ordinaria de la institución compostelana. “O vindeiro ano imos a ter todos os profesores asociados nun proceso de convertilos en indefinidos e adaptados á nova adicación docente. Ademais, imos contratar a máis de 50 profesores axudantes doutores”, manifestó. Así, la universidad estará ya adaptada a la nueva ley universitaria. 

La cotización de las prácticas, otro de los temas analizados

La asamblea de rectores también abordó la cotización de las prácticas, un aspecto sobre el que la presidenta de la CRUE señaló que hubo avances. “Las universidades trasladamos una situación crítica y desde el Ministerio de Seguridad Social se pusieron a trabajar. Hay un documento que resuelve dudas existentes sobre lo que se debería hacer con los Erasmus, los estudiantes que venían de otros países, o con los que estaban dados de alta en la Seguridad Social, cuestiones técnicas que las universidades no podían responder”, apreció Eva Alcón.

Que los estudiantes cotizaran por las prácticas ya estaba fijado. El siguiente paso era ver cómo se iba a aplicar, siendo las propias universidades las que asumieron la gestión de las altas y bajas de la Seguridad Social. “Pensamos que las prácticas son parte de la formación integral del estudiantado, forman parte de los planes de estudio y no queríamos dejar a los estudiantes sin esa formación”, apuntó. 

Paralelamente, se trató la sobrecarga burocrática del personal investigador. Se analizó la manera en la que se pueden mitigar los efectos que tiene participar en proyectos competitivos, europeos, nacionales o regionales, “lo que está colapsando las universidades”. En palabras de Alcón: “estamos en ello y esperamos que los ministerios y las distintas comunidades autónomas nos puedan ayudar”.