Preocupación en las unidades de drogodependencia, entre ellas la de Santiago, por la falta de avances con la Xunta

Con una posición conjunta respecto a sus reivindicaciones sobre el funcionamiento de la Unidad Municipal de Asistencia a la Drogodependencia (UMAD), los trece concellos que cuentan con este servicio, entre ellos el de Santiago, rechazaron a principios del pasado mes de abril un convenio presentado por la Xunta de Galicia que entonces consideraron podía poner en peligro la continuidad de estas unidades y, desde entonces, están a la espera de que se les convoque a un nuevo encuentro para avanzar en una situación que en algunos casos es ya casi insostenible.

Representados todos ellos por la Federación Galega de Municipios e Provincias, que es la que actúa como intermediadora ante el Gobierno autonómico, desde la entidad se aseguraba a este periódico que por ahora no ha habido avances al respecto y que de momento ni siquiera hay fecha para un encuentro próximo en el que se analicen sus planteamientos.

Las fuentes consultadas indicaron que tras esa reunión de abril cada uno de los ayuntamientos hizo llegar a la Xunta sus previsiones de personal, teniendo en cuenta posibles jubilaciones y bajas, y que por el momento no han obtenido respuesta alguna ni valoración sobre la negativa manifestada por los concellos, incluyendo Raxoi, que al ser preguntado por su postura remite a la decisión conjunta que se tomará desde la Fegamp.

Dificultades en el servicio

El retraso en esta falta de acuerdo está dificultando el servicio de manera muy significativa en algunas UMAD, en las que desde la federación se insiste en que los responsables municipales están intentando cumplir, pero resaltan que es muy difícil en una situación que ya en su momento calificaron de “incomprensible” y que perjudica sobre todo a los usuarios de estas unidades en todo el territorio gallego.

Los trece concellos decidieron rechazar el convenio que se les proponía desde la Xunta para cubrir los costes del servicio por parte de la administración municipal al entender que empeora las condiciones con las que se estaba trabajando hasta la fecha. Subrayaban que, además de no financiarlo al completo, puesto que los cuatro millones previstos alcanzarían únicamente para un 70 por ciento aproximadamente, la pretensión del Gobierno gallego de diferir el pago en dos plazos condicionados les obligaba a ellos a adelantar el dinero de una prestación que es de competencia autonómica y a tener que esperar aún más tiempo para recibirlo, una vez cumplimentadas dos justificaciones para poder recibir la cuantía económica, duplicándose por tanto también el proceso burocrático para acceder a ese canal de financiación.

A ello se suma su malestar con la Xunta por no haber cumplido su compromiso de que en enero de este año asumiría las unidades, y ponen asimismo el acento en que tampoco ha incorporado a los profesionales y servicios sanitarios de salud mental que prestan los servicios dependientes de las administraciones locales al Servizo Galego de Saúde (Sergas). Un compromiso recogido en una resolución aprobada en el Parlamento de Galicia en marzo de 2021 tras un largo proceso de encuentros entre la Consellería de Sanidade, la Fegamp y los trece concellos con Unidades Municipales de Asistencia a la Drogodependencia.

En concreto, y además del de Santiago, prestan en la actualidad este servicio los ayuntamientos coruñeses de Carballo, Noia y Ribeira; los lucenses de Burela y Monforte de Lemos, así como el de Ourense, y los pontevedreses de Cangas, O Grove, Pontevedra, O Porriño, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

 Concellos que siguen a la espera de una reunión con el Ejecutivo autonómico ante una situación que consideran muy grave y que puede repercutir de forma negativa en la calidad del servicio que están prestando a los usuarios de las UMAD en sus respectivas poblaciones.