Bugallo aún no ha decidido si remitirá el expediente de Desproi a la Fiscalía

El caso Pichel y la modificación puntual del PXOM para fijar la nueva regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) serán los dos grandes temas sobre los que girará el pleno extraordinario previsto para el próximo jueves. Durante la sesión también tomará posesión de su acta Begoña Rodríguez, tras la dimisión de José Manuel Pichel.

En el orden del día figura la comparecencia del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, a petición del PP, para dar explicaciones sobre el alquiler de la nave de Desproi, empresa ligada al exedil de Medio Rural José Manuel Pichel, quien dejó el cargo una vez se conoció su vinculación con esta sociedad.

Aunque desde el gobierno local indicaron en los últimos días que estaban valorando remitir directamente el expediente sobre esta asunto a la Fiscalía, el regidor de la capital gallega indicó ayer que, tras el problema de salud que sufrió el lunes, aún no había podido abordar el tema, y añadió que lo hará a lo largo de la próxima semana.

En cuanto a la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en la regulación de los usos de las viviendas de uso turístico (VUT), desde el Concello explicaron ayer que, “una vez aprobada”, el departamento de Urbanismo iniciará el proceso de aprobación de una ordenanza “complementaria” a esta normativa que regule, entre otros aspectos, la declaración de Mantemento de Actividades e Usos Preexistentes (MAUP). Según trasladó el consistorio municipal, la línea en la que trabaja la Concejalía de Urbanismo es que esta ordenanza se aplique en tres supuestos de incompatibilidad.

En primer lugar, aquellas actividades que tienen título municipal habilitante antes de la entrada en vigor de la nueva ordenación. En segundo lugar, las actividades consolidadas que se desarrollan “de forma pacífica y continuada” siempre y cuando no cuenten con título habilitante municipal, el inicio de actividad fuese antes del 16 de diciembre de 1989 y no sean susceptibles de legalización con el planteamiento ahora vigente. Por último, se aplicará en las que en el momento en el que iniciaron su actividad tuviesen las condiciones necesarias para ser legalizables, pero no solicitasen el título habilitante municipal.

En este último supuesto, se debería cumplir simultáneamente que esa actividad sería autorizable con el planteamiento vigente en el momento en el que se inició y que hubiera empezado con anterioridad a la suspensión de licencias publicada en el DOG el 27 de diciembre de 2019.

Además, tal y como explicó este viernes el alcalde, después de la aprobación de la modificación del PXOM comenzará un proceso para la aprobación de la ordenanza; un periodo que implicará una consulta pública con la participación de los agentes implicados y los vecinos, la aprobación inicial de la ordenanza en el órgano correspondiente, y la exposición pública, así como las alegaciones y aprobación definitiva.

Cuestionado sobre cuántas viviendas se beneficiarán con estos criterios, Bugallo se limitó a señalar que “dependerá de la ordenanza”. En todo caso, afirmó que los requisitos del Concello pasan por “los que estaban antes de la planificación del Plan Xeral”. “El Ayuntamiento nunca ha estado por la prohibición sin más, sino por su regulación y por la preservación del uso de vivienda como residencia habitual. La de uso turístico es una actividad claramente económica”, insistió.

SENTENCIAS. Bugallo, además, reiteró que las VUT son una actividad económica, “como reconocen y recogen todas las sentencias” dictadas “tanto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como por los tribunales de lo Contencioso de Santiago”. “Es una cascada de sentencias en el mismo sentido y todas parten de que hubo una actuación incorrecta por parte de la Xunta y, de hecho, los letrados del Gobierno gallego están saliendo mal parados en las últimas sentencias en las que tanto el contencioso de Santiago como el TSXG les está diciendo que la comunicación previa no exime del cumplimiento de la norma y que la ley 2/2016, la ley urbanística de Galicia, establece que no se puede legalizar una actuación que vaya contra el planeamiento”, dijo.

En esta línea, el regidor municipal solicitó al Gobierno autonómico “empezar a pensar” en que “no puede ignorar estas sentencias” que, a su juicio, “descalifican de forma evidente la línea de defensa de su asesoría jurídica”.

En opinión del alcalde de Santiago, tras “varias decenas de sentencias en el mismo sentido”, “seguir ignorándolas” es “una irresponsabilidad y una temeridad”.