Bugallo valora remitir directamente el expediente de Desproi a la Fiscalía

El caso Pichel sigue acaparando el foco en el Pazo de Raxoi, después de que el alcalde de Santiago admitiese ayer que el gobierno local tiene sobre la mesa la posibilidad de remitir directamente a la Fiscalía el expediente sobre el alquiler de una nave a Desproi, independientemente de que en la revisión de los servicios jurídicos se localicen irregularidades o no. Xosé Sánchez Bugallo reiteró la “total y plena colaboración con la justicia” del Concello y calificó de “altamente probable” esta remisión que, avanzó, podría producirse la próxima semana.

Desproi, empresa ligada al exconcejal de Medio Rural José Manuel Pichel, quien dimitió una vez se conoció su vinculación con esta sociedad, tenía una deuda tributaria con la administración local a principios del 2022 de 172.743,42 euros. Esto imposibilitaría su contratación, ya que, según la Ley de Contratos del Sector Público, quienes tengan deudas tributarias no podrán contratar con las administraciones públicas.

“Estamos valorando la posibilidad de remitir nosotros mismos el expediente de Desproi a la Fiscalía”, subrayó ayer Bugallo que, inicialmente, había planteado que se enviaría en caso de detectar alguna irregularidad. “Tomaremos una decisión definitiva la semana que viene, pero es algo que no está en absoluto descartado”, indicó.

Asimismo, el alcalde señaló que, en caso de que los servicios jurídicos detecten “un tema en el que se puedan ver responsabilidades penales”, se remitirá a la Fiscalía “sin género de duda”, pero tampoco lo descartan en caso contrario, ya que “se está cuestionando públicamente la validez de los informes y poniendo en duda la honorabilidad del gobierno y del alcalde”, subrayó Bugallo. “Y no estamos dispuestos a permitir eso”, añadió.

También apuntó que la nave en el punto de mira tiene licencia de obra y de ocupación, de 2012, pero nunca llegó a tramitarse la licencia de actividad, que se solicitó en el mismo año pero quedo “guardada en un cajón”. Bugallo afirmó que los técnicos municipales, “que recibieron orden de no tramitar esa licencia” entonces, le han trasladado que “está concedida por silencio administrativo”.

DOS “CIRCUNSTANCIAS DESCONOCIDAS” Y UN “ERROR”. Ante los medios, el alcalde volvió a repasar los hechos que llevaron al alquiler de la nave de Desproi, una solución “atropellada y puntual” derivada de la “idoneidad y precio” de estas instalaciones y de la premura por abandonar la antigua estación de autobuses.

No obstante, apuntó, cuando se adopta este acuerdo “hay dos circunstancias que son desconocidas por los miembros de la Xunta de Goberno”: que uno de ellos, el exedil José Manuel Pichel, “figura como administrador de una sociedad que participa con el 36% en la propiedad”; y que “existe una deuda tributaria”. Son “dos temas relevantes”, admitió el alcalde, aunque “desconocidos” por la Xunta de Goberno.

El regidor de la capital gallega reconoció que se produjo “otro error” en el contrato firmado, que hablaba de 12 meses prorrogables de alquiler, cuando el acuerdo de la Xunta de Goberno era por “cuatro meses con posibilidad de prórroga por mensualidades”. Esta última cuestión, incidió Bugallo, “tendría un resultado absolutamente idéntico”: “en un caso tendríamos cuatro meses con trece meses de prórroga y en otro doce meses prorrogados con posibilidad de rescindir con un mes de preaviso”.

El gobierno local, destacó, ha estado indagando “por qué se produce esa diferencia” y subrayó que el contrato a firmar lo remitió “la propia empresa” propietaria, sin que el error fuese advertido por el Ayuntamiento.

CAMBIO DE UBICACIÓN. Bugallo señaló que ya se ha comunicado a la empresa la intención de “abandonar este espacio” con la fecha límite del 28 de febrero. Para reubicar los servicios allí instalados, confirmó que habrá que “dividirlos”. Las cuatro personas de Medio Ambiente serán trasladadas al departamento de Obras y los cinco de Parques y Jardines irán para Amio, compartiendo provisionalmente oficina con la actual gerencia del recinto. La parte más complicada, admitió, es la maquinaria, vestuarios y, sobre todo, taller de Parques y Jardines, así como las ocho personas que trabajan en este ámbito, para quienes se está “buscando un emplazamiento”.

Raxoi ha pedido presupuesto a Mercagalicia para la instalación provisional en unos espacios libres del complejo y está “estudiando diferentes alternativas”, aunque la solución será “desde el punto de vista operativo, peor que lo que hay ahora”.

lA LICITACIÓN, ENTRE MARZO Y ABRIL La solución definitiva pasa por la adecuación de las oficinas de Amio, que están libres desde octubre. Próximamente, se dará luz verde a la revisión del proyecto de reforma inicial, por si la situación actual de los precios motivase un aumento de costes o de cambio de normativa. El alcalde confía en sacar a licitación estas obras entre marzo y abril. El plazo de ejecución será de unos cuatro meses. “Lo razonable sería esperar que los servicios estuviesen instalados en su ubicación definitiva en torno a principios del próximo año”, avanzó.