‘Caso Pichel’: la oposición pide al gobierno local que traslade toda la documentación a la Fiscalía

Santiago. El caso Pichel cobró en las últimas horas una nueva dimensión, después de que se conociese que Desproi S.L, la empresa de la nave alquilada por el Concello de Santiago por la que dimitió como concejal de Medio Rural el socialista José Manuel Pichel, tenía una deuda tributaria con la administración local a principios del 2022 de 172.743,42 euros. Esto imposibilitaría su contratación, ya que, según la Ley de Contratos del Sector Público, quienes tengan deudas tributarias no podrán contratar con las administraciones públicas.

El portavoz de los populares en el Ayuntamiento, José Antonio Constenla, insistió ayer en que se trata de un contrato “a dedo” y que todas las pruebas “se llevarán a la Fiscalía cuando se tengan más indicios y acceso al informe completo”. Asimismo, añadió que cuenta con más indicios “que no se pueden confirmar por ahora”, y subrayó que estos hechos son “una herida abierta que necesita ser cerrada con explicaciones públicas”. En esta línea, criticó que desde el gobierno de Bugallo “no facilitan los expedientes”, y que parece que “para ellos prevalece más el interés socialista que el social”.

Asimismo, después de que el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, avanzase este lunes que Raxoi está buscando instalaciones de titularidad pública para trasladar los departamentos de Medio Rural y de Parques y Jardines, Constenla indicó ayer que “no se entiende que no buscasen las dependencias municipales para estos servicios hace un año”.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del BNG, Goretti Sanmartín, afirmó que “todo apunta a que desde el gobierno local del PSOE no solo se alquiló a dedo una nave vinculada a un edil”, sino que la empresa “tenía deudas con el Ayuntamiento lo que, en condiciones normales, imposibilitaría ese contrato”.

En un comunicado, exigió al gobierno de Bugallo que aclare “de forma taxativa” si esas deudas eran anteriores o posteriores al contrato, ya que de ser posteriores serían un hecho de “extrema gravedad”.

De este modo, subrayó que lo primero que se debería hacer desde el gobierno local “es acercar toda la documentación a la Fiscalía”, así como “dejar que se investigue todo lo ocurrido”. “Esta es la manera de transparentar lo acontecido para recuperar la credibilidad en la institución”, subrayó.

Tras las valoraciones de la oposición, el alcalde afirmó que en el momento en que se realizó el contrato “no era conocido” que Desproi tenía una deuda tributaria con la administración local. En este sentido, indicó que fue el departamento de tesorería del Concello el que “tomó cuenta del suceso y actuó sin comunicarlo, con el bloqueo de la salida del dinero para compensar la deuda”.

De este modo, afirmó que “no hay ningún trato de favor, al menos de forma consciente”, desde el gobierno municipal y avanzó que “todas las decisiones que había que tomar ya se han tomado, incluida la notificación a la empresa del abandono de las instalaciones”. El alcalde reconoció que lo ocurrido pone en evidencia una “cierta desconexión” entre los diferentes servicios municipales, y recalcó que es “importante” tomar medidas para que estos procesos se informen “inmediatamente” y “no dieciséis meses más tarde”.

“SE FACILITARON LOS DOCUMENTOS A LA OPOSICIÓN”. Además, Bugallo desmintió las declaraciones de la oposición, que asegura conocer nuevas posibles irregularidades, e insistió en que desde el Partido Popular administran la información para darla “a cuentagotas según les interesa”. Asimismo, aseguró que Raxoi “facilitó a la oposición el acceso a los documentos” y que “probablemente el error fue que desde la Alcaldía no se hayan hecho públicos desde un primer momento”. En esta línea, el alcalde destacó que “esto hubiera sido más grave si se hubiese producido un ingreso en las cuentas de la empresa y con la existencia de una deuda no se retuviera”. J. T.