Duras críticas al gobierno local por el ‘giro’ en el plan para regular los pisos turísticos: “Es una traición”
Prevituga sostiene que está cediendo ante las presiones de quienes sólo buscan su propio beneficio económico // La oposición le pide concreción en sus políticas
La modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para establecer la nueva regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en Santiago será uno de los temas centrales del pleno extraordinario que se celebrará este jueves en el Pazo de Raxoi. Desde el gobierno local explicaron que, “una vez aprobada” la modificación, el departamento de Urbanismo iniciará el proceso para poner en marcha una ordenanza “complementaria” a esta normativa que regule, entre otros aspectos, la declaración de Mantemento de Actividades e Usos Preexistentes (MAUP).
No obstante, la decisión que ha tomado el equipo de gobierno no convence ni a los grupos de la oposición, que se quejan de la falta de concreción en las primeras medidas anunciadas, ni a la Plataforma para la Regulación de Viviendas Turísticas (Prevituga), que lamentan “el nulo compromiso por parte del Concello de Santiago con la línea marcada hasta el momento” en relación a la regulación de las VUTs.
Tal y como indicó ayer Carlos Debasa, presidente de Agalin, una de las 15 entidades que integran Prevituga, consideran que “poner por delante de la ciudad los intereses de una absoluta minoría, echa por tierra el trabajo realizado por los trabajadores del Concello, responsables políticos e incontables colectivos que sienten como, a falta de una semana para concretar todo lo desarrollado, ese trabajo se banaliza cuando finalmente se cede, y además de una forma totalmente arbitraria, a las presiones y expectativas de quienes sólo buscan su propio beneficio económico y desprecian el modelo de ciudad anhelado por la práctica totalidad de compostelanos”.
Asimismo, subrayan que esta nueva posición del gobierno local con respecto a lo hablado a lo largo de los últimos años “trae consigo la pérdida de confianza en la institución y en quienes la dirigen, al tiempo que frustra las expectativas de toda una sociedad, la gallega, que mantenía fija su mirada en la firme decisión de este Ayuntamiento de poner un cierto orden y control a una problemática cuyo calado y alcance no deja de medrar”.
“Opta el Concello de Santiago no sólo por ignorar el problema, sino que además pone en marcha un proceso de amnistía que va más allá de lo jurídicamente defendible, al incluir a propietarios que ni siquiera se habrían molestado en acceder al Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT)”, se quejan desde Prevituga.
“Romper la hoja de ruta marcada en un principio supone una traición a la ciudad y a todos los que depositaron su confianza en este gobierno”, subraya Debasa, antes de enumerar lo que considera una serie de traiciones: “Traiciona a los habitantes de Santiago, agravando el inmenso problema de acceso a la vivienda que padecemos, limitando el crecimiento de población, contribuyendo al incesante aumento de precios del mercado inmobiliario y forzando la emigración a ayuntamientos limítrofes. Traiciona al colectivo de estudiantes, a quienes expulsa del entorno universitario, asfixiándolos con rentas prohibitivas. Traiciona a vecinas y vecinos, agravando su difícil convivencia en comunidad. Traiciona al sector turístico, en especial a los pequeños empresarios de los servicios de alojamiento y restauración, cuando decide favorecer los intereses de quienes compiten en deslealtad. Traiciona a consumidores y usuarios favoreciendo un escenario de confusión, falta de información y minoración de sus derechos y garantías”.
Por todo ello, le piden a Raxoi que “retome la senda de la coherencia y responsabilidad con los compromisos públicamente adquiridos y que durante años han sido trabajados por el equipo de gobierno y el personal municipal”.
“Pedimos a este Concello que no renuncie a ser el referente de una sociedad decidida a poner coto a una problemática compartida por la gran mayoría de ciudadanos de este país; un referente que ha contribuido de forma determinante a que la administración de turismo de Galicia asuma la necesidad de modificar la actual regulación autonómica de las VUTs como consecuencia de su proliferación y descontrol”, concluyen desde la Plataforma para la Regulación de Viviendas Turísticas.
Santiago. La polémica en torno a la modificación del Plan Xeral para posteriormente aprobar una nueva ordenanza que regule las viviendas de uso turístico en la capital gallega aumenta a medida que se acerca el pleno de este jueves, en el que se discutirá el asunto. “É propio doutros rexímenes políticos o xeito de gobernar do alcalde de Compostela, tamén no que atinxe ás modificacións dos Plans Xerais de Ordenación Urbanística Municipal. É quen de aprobar unha que compromete a 500 familias que nunca foron convocadas para participar no deseño do seu futuro económico”, indicaron ayer desde la delegación de Aviturga en Santiago.
“Inventa un indulto para os grandes tenedores de capital inmobiliario que levan anos incrementando patrimonio sen o necesario rexistro no REAT e quen sabe en que situación fiscal. Este indulto vai explicitado nunha enigmática ordenanza de contido descoñecido polos que a deben votar e por suposto polos pequenos propietarios de VUT, quizáis os grandes tenedores, sempre xenerosos cos que mandan xa tiveron acceso ao contido do documento”, añadieron a través de un comunicado.
Después de los anuncios públicos efectuados en los últimos días por el alcalde de Santiago y por la concejala de Urbanismo sobre “a ordenanza que regularía o réxime transitorio ao que acollerse as VUT anteriores á modificación do PXOM, éstas quedarían nunha situación legal similar a un fora de ordenación”, vixente únicamente en tanto non se modifique o titular da actividade”, sostienen desde Aviturga, con lo cual, añaden, “esta limitación só operaría no caso de ser persoas físicas as explotadoras da vivenda como VUT o que veñen sendo case todos os pequenos propietarios, pero non no caso de ser empresas”.
Apuntan que “no caso das persoas físicas, perderían o título habilitante municipal no caso de transmisión, xa sexa ésta voluntaria ou non”. En este sentido, denuncian “trato de favor ás empresas en detrimento das familias e dos cidadáns”.