El empresario acusado de sustraer dos millones de mascarillas podría pasar hasta seis años en prisión

La investigación abierta en Santiago contra el empresario Javier Conde Fiestras, presunto autor del robo de dos millones de mascarillas en una nave del polígono del Tambre, continúa su ritmo tras cinco meses de investigaciones. Se le acusa inicialmente de un delito de robo con fuerza en casa habitada, edificio o local (de acuerdo con el artículo 241 del Código Penal), según pudo saber este periódico en fuentes judiciales.

No obstante, estaría ligado, en cuanto se complete la instrucción, en concurso a otras penas como un presunto delito contra la salud pública habida cuenta de la naturaleza del material sustraído y las circunstancias en los que se produjo: en el inicio de una pandemia y ante la escasez de este material que era necesario para combatir el Covid-19.

Por tanto, de acuerdo con las fuentes consultadas, este individuo podría ser condenado hasta a seis años de prisión. De acuerdo con el Código Penal, “se impondrá una pena de dos a seis años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235”.

En este supuesto se dan todas las condiciones de “especial gravedad” ya que, “aunque el delito se cometió antes de la entrada en vigor del estado de alarma”, las circunstancias que se vivían en aquellos momentos “eran de una especial gravedad”.

De hecho, en el informe policial entregado en el juzgado se hace constar que “(el investigado) era consciente de que iba a ganar mucho dinero especulando con este material sanitario”.

Javier Conde Fiestras, natural de Silleda pero afincado en Santiago y propietario de la inmobiliaria Inmofiestras, fue detenido en su casa de la capital gallega a principios del mes de abril, en pleno estado de confinamiento, acusado de haber sustraído más de dos millones de mascarillas quirúrgicas de una nave de la empresa Oxidoc, dedicada al suministro de material sanitario, que se encontraba en concurso de acreedores.

Conde Riestras había recibido el encargo de alquilar o vender ese local y sabía la existencia de esas mascarillas que, en aquellos momentos en los que la pandemia estaba creciendo sin control, tanto escaseaban en el mercado español. Este empresario se puso en contacto con intermediarios de Portugal a los que vendió las mascarillas tras hacer desaparecer todo rastro que pudiera vincularlas con la firma Oxidoc.

Este individuo, muy conocido en Santiago tras haber estado relacionado con los Multicines Compostela y gestionar la Pulpería O Estanco (dos negocios de los que no salió nada bien), fue apresado por los agentes de la Policía Autonómica, tras recibir la Xunta una información de que en la nave del Tambre había ese material almacenado.

Una vez allí se percataron del robo e iniciaron las investigaciones pertinentes que le condujeron al empresario: unas cámaras de seguridad de una empresa cercana habían grabado todo lo ocurrido y se pudo comprobar que uno de los autores era Javier Conde, quien, además, en su condición de empresario inmobiliario, se había interesado por la situación de la nave.

EN LIBERTAD CON CARGOS. Tras ser apresado fue conducido ante la titular del juzgado de Instrucción nº 1 de Santiago, Ana López Suevos, que se encontraba de guardia, quien tras tomarle declaración le dejó en libertad con cargos como investigado por un presunto delito de robo con fuerza. Javier Conde reconoció su intermediación en los hechos, aunque sostuvo que solo había obtenido 60.000 euros en la venta del material en Portugal.

Posteriormente, el caso correspondió en reparto al Juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago, del que es titular la magistrada Margarita Guillén Vázquez. Esta semana la portavoz del TSXG informó que el asunto “se halla en fase de práctica de diligencias”.

En la investigación también colaboran agentes lusos, una vez que la venta se produjo a empresarios del país vecino. En las grabaciones que obran en la causa se puede ver que las cajas con las mascarillas fueron cargadas en un camión y dos furgonetas y alguno de los vehículos tenía matrícula lusa. Por eso, desde los juzgados de Santiago se pidió colaboración a Portugal para localizar a los compradores de las mascarillas que, de acuerdo con la valoración que hizo en su día la Xunta, podrían llegar a alcanzar los cinco millones de euros.

Los administradores de la firma Oxidoc, de Palma de Mallorca, negaron en todo momento que hubieran autorizado a Javier Conde a entrar en las instalaciones y, de hecho, cuando los agentes llegaron a la nave se encontraron con que candados y cerraduras fueron forzadas.

“No tenía ningún permiso para llevarse material alguno”, aseguraron en su día desde el despacho de abogados de Palma que se encargan de la administración concursal de Oxidoc, quienes insisten en que fueron ellos los que alertaron de la existencia de las mascarillas en el almacén del polígono del Tambre.

Por su parte, Javier Conde, según su abogada, insiste en que el valor del material era inferior al que afirmaba la Xunta y asegura que está en libertad sin cargos, algo que desmienten tanto desde el Tribunal Superior de Xustiza como de la Fiscalía de Galicia: sigue investigado en el juzgado de instrucción 2 de Santiago.