‘Nuevos pobres’ disparan en un año las peticiones de ayuda a servicios sociales
Raxoi atendió a más de veinte mil personas en 2020, un 100 % más que en el ejercicio anterior // Casi dos mil familias solicitaron los bonos de comida y se amplió el Servizo de Axuda no Fogar
La pandemia ha traído consigo también unos importantes problemas económicos, justo cuando se empezaba a dar por superada la crisis de la pasada década. La paralización de actividades y las limitaciones a la movilidad, incluso dentro de los propios municipios, han afectado a multitud de empresas y trabajadores, y se han hecho notar especialmente en los sectores más vulnerables. También en los que tenían unas condiciones de trabajo más precarias. Como resultado, se han incrementado de forma exponencial las demandas de atención en todos los servicios asistenciales, públicos y privados, y especialmente de los más locales.
El pasado año supuso una dura prueba para los servicios sociales municipales, que a las tareas habituales sumaron el incremento de las demandas por la crisis económica derivada de la pandemia, y además, la responsabilidad de realizar las labores que habitualmente desarrollaban las entidades sociales privadas, que también se habían visto afectadas por las restricciones.
Durante las fases más duras del confinamiento, por primera vez el Ayuntamiento tuvo que asumir el reparto de productos de primera necesidad, empezando por los alimentos, lo que después se sustituyó por la entrega de vales para canjear en tiendas y supermercados, y la atención directa a personas en situación de vulnerabilidad social que anteriormente eran auxiliadas por entidades como Cáritas, San Vicente de Paúl, el Banco de Alimentos, etc...
Por decirlo en cifras, durante el año 2020 los servicios sociales de Raxoi prestaron atención y servicios a un total de 23.376 personas, lo que representa una subida del 103,66 % con respecto a 2019, cuando fueron 11.478. Para poder hacer frente a este incremento de trabajo fue necesario incorporar a nueve trabajadores más, con lo que el departamento pasó a contar con 26 personas. Las perspectivas para este año son que la labor, lejos de disminuir, se vea incrementada. En cuanto a los bonos de comida, que se pusieron en marcha a través de un convenio con los supermercados, permitieron atender a 1.665 unidades familiares compuestas por 4.338 personas.
El sistema estuvo en marcha durante el período de confinamiento, los meses de marzo, abril, mayo y junio del pasado año. Otra de las líneas de actuación fue a través de los comedores escolares, que se mantuvieron abiertos durante el verano y posteriormente en navidades, gracias a la colaboración de Abanca. Mediante este sistema se atendió a 106 y 247 niños y niñas, respectivamente.
Por otra parte, se amplió el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que pasó de atender a 321 personas a 453. Para ello fue necesario incrementar el presupuesto de 1.499.000 euros que había en 2018 hasta los 2.049.000 en 2020. Asimismo, a través de la Ordenanza Básica Cidadá, el número de personas que recibieron ayudas pasó de 478 a 650.
El relajamiento paulatino de las restricciones supuso un cierto alivio, desde el momento en el que los voluntarios de estas asociaciones pudieron volver a intervenir, y muchas personas recuperaron su actividad laboral, pero no se ha traducido en un descenso de las labores que tienen que desarrollar estos servicios, porque muchos de los problemas no han desaparecido, e incluso se han planteado algunos nuevos, por ejemplo, la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.
Se espera que suponga una considerable reducción de los problemas de exclusión social, pero requiere también de un esfuerzo por parte de los servicios sociales, según explican desde el Ayuntamiento. Es necesario que los interesados presenten un informe sobre su situación elaborado por los servicios municipales, que ya están empezando a recibir solicitudes y que se incrementen en las próximas semanas, a medida que avance el proceso.
Hay que tener en cuenta que se mantienen las restricciones de aforo, y que para cualquier atención en un servicio es preciso solicitar cita previa, lo que obliga a ralentizarlas al no poder atender más que a un número limitado de personas al día y por orden de petición.
Un problema al que se espera poner solución este mismo año con la puesta en marcha del nuevo servicio de atención en colaboración con la Cruz Roja, que permitirá hacer frente de forma inmediata a cualquier contingencia que se pueda producir, y dar atención en el punto en el que tenga lugar, pero de momento aún no ha empezado a funcionar.
Santiago. La situación desde el punto de vista de los servicios de atención social se complica actualmente, porque la evolución sanitaria positiva no se traduce también en una mejora del panorama laboral, y se mantienen toda una serie de dificultades que se vienen arrastrando desde el principio de la crisis y que a medida que fue avanzando han supuesto un incremento de la demanda de ayudas que no ha descendido a pesar de la desescalada.
Es el caso de personas que tenían trabajos precarios que de alguna manera les permitían seguir subsistiendo, y que no los han recuperado debido al descenso de la actividad económica. Por ejemplo, quienes trabajaban temporalmente en el turismo o la hostelería y con el ritmo actual que experimentan estos sectores, aún afectados por la crisis, continúan en la situación de desempleo a la que se vieron abocados durante el pasado año, y sin muchas perspectivas de futuro.
O, por ejemplo, el de quienes vivían de la venta ambulante y han acumulado un importante déficit de ingresos desde la pasada primavera debido a la suspensión de ferias y fiestas y no han recuperado todavía el nivel anterior.
También hay un sector muy importante afectado por la precariedad laboral. Es el caso de las personas que trabajaban con un contrato en el que figuraban escasas horas, aunque realmente hacían muchas más, y cobraban este tiempo extra ‘en negro’. A la hora de pedir una compensación al quedarse sin empleo, el importe se les calcula a partir de aquel salario base, que en ocasiones era menos de la mitad de lo que realmente percibían, y tienen que recurrir a ayudas públicas, porque el subsidio no les llega ni para cubrir las necesidades más básicas.
Otras situaciones que también resultan problemáticas y que los servicios sociales municipales tienen que afrontar son las relacionadas con la vivienda. Muchas personas con trabajos precarios o muy bajo nivel de ingresos podían asumir, aunque con dificultades, el pago de un alquiler, pero la situación económica les hace cada vez más difícil, o directamente imposible, seguirlo haciendo, y se ven abocadas a quedarse en la calle, en tiempos en los que sigue el toque de queda.