Piden 10 y 8 años de cárcel por acceder a historiales médicos sin permiso en el Hospital de Conxo
Delitos continuados de descubrimiento y difusión de secretos cometido por funcionario público
La Fiscalía solicita 10 y ocho años de prisión para dos trabajadores del Hospital de Conxo, en Santiago de Compostela, por acceder a historiales médicos sin consentimiento y utilizar la información obtenida, lo que supone un delito continuado de descubrimiento de secretos y de difusión de los mismos por parte de un funcionario público.
El caso, que procede del Juzgado de Instrucción nº1 de Santiago, se juzgará este miércoles y jueves en la sección sexta de la Audiencia Provincial.
Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito, entre enero de 2015 y octubre de 2016, la acusada, personal estatutario del Sergas --trabajadora social en el Hospital de Conxo--, accedió a través del Ianus, sin estar debidamente autorizada, a la documentación médica de una de las víctimas un total de 519 veces y otras 309 a la de otra víctima.
Además, explican, presentó parte de esa documentación el 11 de noviembre de 2015 en la diligencias informativas de discapacidad de la Fiscalía de Santiago, el 22 de enero de 2016 a la denuncia presentada por su madre ante el juzgado de Guardia de Santiago, dando lugar a las diligencias previas del juzgado de instrucción, que fueron inhibidas al
juzgado número dos de Ordes, incoándose las diligencias previa número 89/16 de dicho juzgado, así como, el 2 de marzo de 2016 en el curso de las diligencias previas 5583/15 del Juzgado de Instrucción número dos de Santiago.
Por su parte, el otro acusado, también personal estatutario del Sergas -auxiliar administrativo en el referido hospital-, sin estar debidamente autorizado, accedió, entre los meses de mayo de 2015 a enero de 2016, a través del IANUS, un total de 26 veces a la información médica de una de las víctimas y cinco veces a la documentación de la otra persona perjudicada.
Consideran que los hechos relatados son constituivos, en el caso de la trabajadora social, de dos delitos continuados de descubrimiento y difusión de secretos cometido por funcionario público, por lo que piden para ella 10 años de prisión --cinco por cada delito-- e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público durante 12 años.
Acusan al auxiliar administrativo de dos delitos continuados de descubrimiento de secretos por funcionario público, por lo que solicitan ocho años de cárcel para él --cuatro por cada delito--, multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público durante 10 años.