Precio ‘low cost’ para que los edificios privados puedan eliminar las pintadas

La normativa municipal, por sorprendente que parezca, obliga a la comunidades de propietarios a eliminar las pintadas que aparezcan en sus edificios. Es por que desde el grupo municipal popular proponen incluir en el pliego de condiciones del servicio de limpieza un mecanismo para que esos propietarios pudieran acceder a un servicio para borrarlas mucho más barato que contratar a una empresa externa para realizarlo.

Además, si ya no fuese posible incluir esta cláusula dado que ya está abierta la licitación, lo que supondría tener que pararla, portavoz del grupo popular, Alejandro Sánchez-Brunete, apuesta por contratar una empresa a mayores para realizar el servicio de limpieza.

Durante el pleno celebrado ayer en Raxoi, el portavoz del PP calificó de “pandemia urbana” la proliferación de pintadas de todo tipo que aparecen en la ciudad, muchas de ellas sin siquiera mensajes reivindicativos, y que cuando se realizan en la zona monumental pueden suponer un atentado contra el patrimonio que es preciso perseguir. En este sentido, incidió en la necesidad de tomar medidas para tratar de dar con sus autores y obligarlos a reparar el daño causado.

Se trata de una propuesta que ya está en parte recogida en el pliego, según explicó el portavoz socialista, Sindo Guinarte, ya que en la licitación figura como mejora establecer un mínimo de metros cuadrados que se limpiarán cada año sin coste adicional dentro de los servicios que ofrece la concesionaria. Se trataría, pues, de estudiar la posibilidad de ampliarlo a particulares.

Sobre este aspecto, Sánchez-Brunete destacó también que actualmente se utiliza el sistema de pintar directamente sobre los textos, lo que simplemente sirve para tapar el mensaje, pero no contribuye a mejorar estéticamente las fachadas, y el problema es que no se trata de un caso concreto, sino que abundan por toda la ciudad, deteriorando la imagen de los espacios públicos.

En su intervención, el portavoz del grupo popular también aludió al problema de la identificación de los autores de estas pintadas. Cuando las fuerzas de seguridad consiguen detener a los autores de un grafito, cosa que no suele ser fácil, porque es necesario pillarlos con las manos en la masa, suele presentarse una denuncia en el juzgado, pero consideró que sería mucho más positivo que se recurriera a la vía administrativa, en forma de sanción, procurando que contribuya económicamente a la reparación del daño causado.

Por otra parte, y para facilitar la identificación de los autores, sugirió que se aplicara un sistema que ya se ha puesto en marcha en otras ciudades, como es la contratación de peritos calígrafos que se encarguen de estudiar las letras pintadas e identifiquen al autor.

El sistema, explicó Sindo Guinarte, plantea problemas, porque la valoración no dejaría de ser una prueba pericial que podría ser contestada por otro técnico, lo que daría lugar a un proceso con resultado incierto y quizás costoso.

Recordó que el problema es general, y no solo ha afectado a los ayuntamientos, sino también a otros muchos espacios, como es el caso de los vagones de transporte, y que la solución no parece fácil de alcanzar con los medios actuales.

Luego está otro problema, y es de la consideración que deben tener este tipo de actuaciones sobre espacios públicos y privados, ya que hay voces, incluso dentro de la Corporación, que consideran que en muchos casos se pueden considerar no como agresiones, sino como expresiones artísticas que es preciso proteger, por mucho que supongan un importante desembolso, en unos casos para las arcas públicas, y en otros para el presupuesto de las comunidades de vecinos o propietarios particulares que tienen que afrontar la limpieza y reparación de las zonas afectadas. Una labor que con la propuesta de descuentos se pretende convertir en más asequible para los vecinos.

Sobre este aspecto, Sánchez-Brunete destacó que si bien no es un delito, sí está claro que supone un daño para quien lo sufre, y que, por lo tanto, tendría derecho a una compensación, sobre todo, si existen espacios destinados a la comunicación ciudadana en la que se pueden realizar este tipo pintadas o dibujos sin ocasionar daños.