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Proponen un servicio de consultoría ‘antiokupas’ para proteger los barrios

La propuesta no implica la creación de nuevas estructuras municipales // Es una iniciativa del PP que se debatirá en el pleno de hoy // Se pretende blindar la propiedad privada, la convivencia y la seguridad

La ocupación ilegal en Santiago es una constante que ha comenzado a crear preocupación entre los residentes situados cerca de los inmuebles afectados. Pero no solo esto, si no que también existen importantes problemas de convivencia derivados de la ocupación de varias viviendas de la ciudad, una situación especialmente agravada por la pandemia.

El viceportavoz del Grupo municipal Popular, Ramón Quiroga, lleva hoy al Pleno una iniciativa con el fin de combatir la ocupación ilegal de viviendas y de cualquier propiedad y con el objetivo de proteger la propiedad privada y garantizar la convivencia y la seguridad en las comunidades y en los barrios. Esta iniciativa busca poner en marcha un servicio de asesoramiento, que no significará la creación de nuevas estructuras municipales, sino que aprovechará las existentes mediante formación específica y puntuales colaboraciones externas.

Así, el Ayuntamiento pondría en marcha un protocolo de actuación, coordinando las actuaciones entre la Policía Local, Policía Nacional y el Colegio de Abogados, para que presten el inicial asesoramiento y actúen en consecuencia.

A este respecto, las actuaciones que se realicen inicialmente son cruciales para poder evitar la consolidación de la ocupación. En este sentido, la Policía Local deberá recibir formación específica y hacer un protocolo de actuación en colaboración con el Colegio de Abogados y la Policía Nacional y el Ayuntamiento. También deberá llevar a acabo actuaciones preventivas de vigilancia en zonas especialmente sensibles, como viviendas abandonadas en barrios, promoviendo acciones para que no existan “zonas de ocupación”, explican desde el grupo popular en un comunicado.

En este sentido, también indican que “la ciudad de Santiago no es ajena a los efectos de la alarmante situación de indefensión que se está generando por la ocupación ilegal de viviendas”. Una situación que, según señalan, pone de manifiesto la necesidad de garantizar el derecho a la propiedad, la seguridad de personas y bienes y, en una gran mayoría de casos, la convivencia social.

Los populares recuerdan, además, que el Ayuntamiento de Santiago aprobó en junio de 2020 una iniciativa del Grupo Popular, en la que se demandaba al Gobierno central y al Congreso de los Diputados “el impulso y aprobación de una iniciativa legislativa que sirva para garantizar la defensa eficaz, y en plazo razonable, de los derechos a la posesión de los legítimos moradores y de los titulares de la propiedad frente a la ocupación ilegal de sus viviendas, sin menoscabo de la salvaguarda del derecho la una vivienda digna de las personas en situación de emergencia social o especial vulnerabilidad habitacional, conforme al establecido en la Constitución y en otras normas jurídicas”, expresaron.

Ramón Quiroga subraya que, transcurrido más de un año y medio desde aquel acuerdo, “nada ha mudado al respeto, mientras los casos de ocupaciones ilegales, continúan manteniéndose a nuestro alrededor, con el malestar y la desesperación lógica de quien espera una respuesta que le dé satisfacción a sus legítimas demandas”, dijo el viceportavoz del grupo municipal.

Además, los populares explican en un comunicado que “la resolución final de esta anómala situación que viola el derecho constitucional a la propiedad privada dependa de uno legislador estatal que no es quien de articular una salida satisfactoria para esta cuestión, no significa que las administraciones públicas -y sobre todo las más próximas a la ciudadanía afectada- tengan que permanecer inmóviles y conformistas ante unas acciones que se desarrollan ante sus ojos y que padece a diario el vecindario de los aledaños de los inmuebles afectados”. Además, añaden que son los residentes los que “ven como se deterioran las condiciones de su entorno, su sensación de seguridad y mismo el valor de sus viviendas”.

Todo eso, sin perjuicio de que a través de los servicios sociales del Ayuntamiento se articulen fórmulas para que las personas que tengan necesidad urgente de una vivienda, su demanda se pueda canalizar y satisfacer en función de las vías legales y presupuestarias existentes.

La creación de este servicio serviría, además, para llamar la atención de otras instancias implicadas en esta problemática, para que intensifiquen su labor, poniendo fin a esta situación que, según explican desde el grupo popular, “cada día se agrava e intensifica”.

Más peticiones
Comedores escolares

··· Compostela Aberta preguntará en el Pleno de hoy por los planes del Gobierno para la nueva licitación del servicio de comedores escolares, “que a día de hoxe funciona cunha orde de continuidade tras esgotarse un contrato que o departamento de Educación presentou como unha transición cara un novo modelo do que nada sabemos”. La concejala de CA María Rozas denunció que este procedimiento “acumula un atraso que xa non se pode xustificar pola Covid-19, que tampouco explica en ningún caso a actitude do Goberno, que ignorou ás familias e as súas demandas durante máis de dous anos”.

··· Explican desde CA que, el pasado 24 de enero, la Xunta de Goberno acordó dictar orden de continuidad del contrato de los comedores escolares, tras las dos prórrogas aprobadas en enero de 2021 y en junio del año pasado. Con todo, transcurridos más de dos años “seguimos sen ter novos pregos, e a Federación de ANPAS vense queixando pola falta de diálogo” señalan desde Compostela Aberta.

24 feb 2022 / 01:00
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