Raxoi paga las facturas de Conde Roa por la ‘Pokémon’
Los gastos por la defensa de cargos municipales derivados de esta causa ascienden a 100.000 € y, según Bugallo, alcanzarán el doble
El Concello de Santiago explorará la posibilidad de reclamar ante la Justicia el abono de los pagos generados para las arcas locales por la asunción de la defensa de cargos municipales en casos como la Operación Pokémon, dado que entienden que el archivo de sus piezas se debe a un “funcionamiento anómalo” de la justicia, que está causando un perjuicio a los fondos del consistorio.
Así lo anunció ayer el alcalde, Xosé A. Sánchez Bugallo, tras informar que la Xunta de Goberno local había aprobado el abono de 34.000 euros para devolver los gastos de defensa del exalcalde Gerardo Conde Roa en el en marco de esta trama judicial, tras el archivo de la causa en la que estaba investigado.
Este reconocimiento de abono se suma, señaló el regidor, a los ya concedidos anteriormente a los exediles Paula Prado y Albino Vázquez, así como a otro funcionario municipal. Además, están pendientes de autorizar los de otros dos exconcejales.
“O Concello está abonando eses gastos de defensa, porque se entende que é o que procede legalmente, cando se pode entender que esas accións foron consencuencias de cando ocupaban un cargo público no Concello naqueles anos, e unha vez que se produce unha resolución xudicial definitiva de arquivo e/ou absolución. Neste caso é de arquivo en todos os casos”, explicó el alcalde.
En esta situación, Sánchez Bugallo solicitó a la asesoría jurídica del ayuntamiento un informe sobre la posibilidad de “formular unha reclamación ante a xustiza” para el reintegro “total ou parcial” de estos importes.
“Entendemos que, en boa medida, son consecuencia dun funcionamiento anómalo da Administración de Xusticia”, explicó el primer edil, como motivo de la posible alegación.
En esta misma línea, se ha referido al origen de estos reconocimientos de crédito, que surgen de la Operación Pokémon, buena parte de ella ya archivada y que permaneció, en algunos casos, doce años sin cerrar.
“É un custe que nos parece pouco xustificado, de non ser polas circunstancias, bastante anómalas que concurriron na instrución destes procedementos, algún deles sen pechar doce anos despois”, añadió.
Por el momento, los gastos producidos en el marco de este pago de defensa superan los 100.000 euros, aunque Sánchez Bugallo aseguró que “previsiblemente, superarán os 200.000 euros” al final de todo el proceso.
última pieza archivada en septiembre. El pago de los 34.000 euros deriva de la macrocausa de la Operación Pokémon, la cual vivió su último episodio el pasado mes de sepiembte con la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela emitiendo un auto de archivo provisional de una pieza en la que permanecían como investigados por un delito de tráfico de influencias, entre otros, el exalcalde de la capital gallega Gerardo Conde Roa y un anterior responsable de Aquagest, la empresa que entonces gestionaba el agua.
El escrito recogía varias críticas hacia la instrucción que llevó Pilar de Lara, la ya extitular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que fue apartada por una sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dilaciones en procedimientos de corrupción.
En este sentido, en su decesión, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago entendía que no aparecía debidamente justificada “la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.