Respaldo legal español y europeo a la limitación de las viviendas turísticas

El debate sobre las viviendas turísticas, por más que en la actual situación el problema esté un tanto aparcado, sigue abierto, y en Compostela está en marcha una modificación del Plan Xeral con el que se busca establecer una normativa que regule y limite su existencia.

El objetivo de la nueva normativa que promueve el departamento que dirige la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, es evitar el monopolio de este tipo de establecimientos en algunas zonas, y que ello conlleve una pérdida del uso residencial de las mismas y por lo tanto de las características y personalidad de la ciudad.

El encarecimiento de los alquileres, al ser más rentable hacerlo por días que un arrendamiento largo, provoca no solo en Santiago, sino en todas las ciudades con fuerte presencia turística, que muchas zonas queden destinadas a este tipo de establecimientos y, a su vez, el comercio y la hostelería del entorno se oriente también hacia este tipo de clientes en lugar de a quienes residen de forma permanente.

De esta forma, se produce una pérdida de población estable y es una suerte de monopolio turístico.

De ahí que muchas ciudades hayan puesto en marcha normativas que buscan ordenar este tipo de usos, dando prioridad al residencial permanente y al mantenimiento de los negocios tradicionales.

Por ejemplo, Bilbao, cuyo Ayuntamiento, al igual que ahora Santiago, aprobó una modificación de su Plan Especial para regular el uso de alojamiento turístico. Medida que fue objeto de un recurso por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que consideraba la medida un obstáculo “al producir una barrera económica en la entrada y permanencia de los operadores y propietarios del mercado, limitando su capacidad de decisión para competir y ofrecer sus productos y servicios”.

La sentencia dio la razón al gobierno local, al considerar que la intervención municipal estaba “más que justificada” ya que lo que la motivaba era “una razón imperiosa de interés general”, y sin duda, dirigida a la protección del “derecho a la vivienda”, digna y adecuada, en los términos requeridos por la Constitución española así como al control -evitando el deterioro- del denominado, por la Directiva de Servicios, “entorno urbano”.

Asimismo, la sentencia también avala la intervención municipal y la exigencia de un control urbanístico de este tipo de establecimientos, ya que señala que el objetivo de este control es por un lado constatar que su cumple con la normativa vigente en esa zona concreta, y que la vivienda reúne las condiciones de habitabilidad requeridas.

Competencia. En resumen, avala la combinación de una competencia autonómica en materia económica y turística, y municipal, en lo referido al aspecto urbanístico. Por último, rechaza la limitación en el número de habitaciones que se pueden destinar a este uso en la vivienda, ya que considera que no obstaculiza la actividad y un elevado número podría llevar a confundirlo con un establecimiento hotelero.

En esta misma línea va también la resolución del Parlamento Europeo del 21 de este mes sobre acceso a una vivienda digna y asequible para todos, donde se alerta de las repercusiones del “crecimiento expansivo” de estos establecimientos en los núcleos urbanos.