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Tres de cada cuatro actuaciones judiciales se ven afectadas por la huelga de letrados en Fontiñas

El Colegio de Abogados teme retrasos de varios meses por el colapso que va a suponer la paralización de juicios y trámites

Tres de cada cuatro actuaciones judiciales se están viendo afectadas por la huelga de letrados de la administración de Justicia en las dependencias de Fontiñas, según el primer balance del Colegio de Abogados de Santiago. Su presidente, Francisco Rabuñal, explica que prácticamente todos los ámbitos judiciales se están viendo afectados por el paro y que se percibe “una parálisis general”, puesto que las protestas no solo afectan a la celebración de juicios o vistas orales, sino también a otras actividades, como la ejecución de notificaciones, registros, resoluciones, liquidaciones o mismo a la distribución de fondos económicos que gestiona directamente el juzgado.

“Esto va a suponer un nuevo retroceso en la actividad judicial, puesto que a la presión que ya tienen los juzgados se sumará toda la carga de trabajo de estas semanas de huelga”, señala Rabuñal en declaraciones a EL CORREO, al tiempo que indica que “la actividad se ha reducido a prácticamente servicios mínimos. Casi todos los juicios se suspenden o aplazan y esto va a suponer un problema, porque habrá que tratar de reubicarlos en un calendario ya muy ajustado”.

El representante de la abogacía compostelana indica que la huelga de los letrados de la administración de Justicia podría suponer un retraso de entre dos y tres meses de media en la inmensa mayoría de las actuaciones que han quedado en stand by, una previsión que preocupa ya no solo por el colapso que pueden sufrir los juzgados sino por las demoras que posiblemente padecerán los ciudadanos.

Confirma que en Santiago la semana pasada se desbloqueó, pese a la huelga, el proceso de liquidaciones y pagos con fondos que gestionan los juzgados, como deudas, multas o indemnizaciones; y partidas destinadas a pensiones compensatorias, alimenticias o de otra índole que administra directamente la Justicia porque su ejecución se debe hacer a través de embargos. Un alivio para muchas familias que dependen de estos recursos para su día a día.

Las consecuencias de este parón que afecta a toda España preocupa también de una manera especial al Concello de Santiago. El concejal de Relaciones Institucionales, Sindo Guinarte, sostiene que “es evidente, por la experiencia, que esta situación conlleva unos retrasos y que la actividad judicial va a tardar tiempo en normalizarse; ya que los juzgados a mayores de la presión habitual tendrán que asumir esta carga de trabajo”.

Por su parte, los letrados de la administración de justicia confirman el grado de afectación calculado por el Colegio de Abogados. Pilar Cancela, su portavoz, señalaba ayer a EL CORREO que el parón que comenzó el 24 de enero está siendo apoyado en la provincia de A Coruña por el 75,89 % de sus compañeros, por lo que la actividad en los juzgados se reduce a niveles muy bajos; y que desde su inicio ha obligado a suspender o aplazar en torno a 5.000 juicios en Galicia.

A nivel nacional, los convocantes aseguraban el pasado viernes que los paros habían llegado a afectar ya a 125.000 procedimientos (lo que según los cálculos de los letrados supone una reducción de su actividad de un 60 por ciento), y calculaban que desde ese momento y hasta este jueves, cuando se celebrará la primera reunión de negociación con el Ministerio de Justicia, podrían llegar a suspenderse 55.000 juicios más.

También afirman que se bloquearán otros 150 millones de euros en las cuentas judiciales, que se sumarán a los 432 ya pendientes de entregar. El manejo de estos depósitos es esencial, pues desde ellos se realizan los pagos judiciales a particulares.

Sobre la reunión de este jueves, Cancela sostiene que “acudimos con expectativas poco alentadoras, puesto que parece que ya se ha marcado un jueves para que no haya mucho margen para la negociación”. Explica que con esta huelga los letrados de la administración de Justicia “reclamamos una adecuación salarial acorde a las responsabilidades que hemos tenido que asumir desde el 1 de enero de 2010”. Apunta que “se trata de una reivindicación histórica por una carga de trabajo a mayores que nunca se ha tomado en serio el Ministerio, de ahí que hayamos decidido ir a la huelga”.

14 feb 2023 / 06:00
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