Xunta y Raxoi unen fuerzas para poner freno a las fiestas en pisos

Los 20.000 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) no tienen desde ayer clases presenciales. La razón de este cambio al sistema online no es otra que una fiesta ibicenca que se celebró en un colegio mayor sin ningún tipo de medida de seguridad y que desató un brote con una gran cantidad de positivos. Algo que no es de extrañar, dado el elevado número de gente que participó en la celebración sin mantener la distancia de seguridad, sin mascarilla, cantando y bailando, tal y como se puede comprobar en vídeos que circulan por redes sociales.

Una situación que podría repetirse en Santiago si siguen organizándose fiestas de estudiantes en pisos al ritmo del mes de septiembre, donde hubo 123. De hecho, según los datos facilitados ayer por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, solo en la primera semana de curso universitario hubo en Compostela 63 celebraciones en viviendas, una cifra que bajó a 33 en la segunda semana de actividad en la USC.

Sin embargo, este fin de semana volvieron a repetirse las reuniones para beber en domicilios particulares, el viernes con cinco denuncias de la Policía Local y el sábado con 14, una cifra considerable. Para atajar este problema, el Ayuntamiento pidió en reiteradas ocasiones ayuda a la Xunta para poder hacer frente con más mano dura a este tipo de comportamientos incívicos. El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmó ayer mismo, que el gobierno autonómico “está trabajando en ello” y aseguró que “en unos días” se anunciará un nuevo procedimiento para sancionar con mayor efectividad.

En este sentido, el vicepresidente dejó claro a los que se saltan las normas “que todos los procedimientos sancionadores se van a tramitar sin ninguna duda” y aclaró “que se trata de que jurídicamente esté todo bien armado para que los infractores no se puedan librar” en el caso de que presenten un recurso, añadió. Precisó que “estamos acabando de acotar jurídicamente cómo tendría que ser, para hacer las cosas bien y que todas las denuncias tengan su tramitación y sanción cuando proceda”, afirmó.

“Aquí no se está discutiendo otra cosa que actuar todos con total seguridad, porque además estamos hablando de procedimientos sancionadores que pueden ser objeto de recurso y lo que nos interesa a las administraciones es hacer las cosas completamente fundamentadas desde el punto de vista jurídico para que esos procedimientos sancionadores no se recurran y las multas se pongan a los incumplidores”, explicó Rueda. Además, recalcó que “estamos hablando de gente que pone en riesgo la salud de todos por actitudes irresponsables” e insistió en que la prioridad es que “se actúe con completa seguridad para que el peso de la ley, con el pago de sanciones, recaiga sobre ellos sin ningún tipo de duda”.

El vicepresidente dijo que para conseguirlo “estamos en ese proceso ahora mismo. Son situaciones nuevas para todas las administraciones y hay que determinar exactamente quién tiene que ejercer la competencia y cómo hay que tramitar las denuncias” e insistió en que “todo eso creo que es un tema muy menor comparado con la voluntad que tenemos todas las administraciones conjuntamente, pero hay que hacerlo bien”, comentó.

Y por si alguno que no ha cumplido las normas vigentes piensa que se pueden salvar porque su multa pueda prescribir, que vaya preparando la cartera, porque no va a ser así. “Estas sanciones que ahora se están imponiendo tienen un plazo largo de vigencia. Por lo tanto, se tramitarían los expedientes sancionadores antes de su período de prescripción”, señaló Alfonso Rueda.

Además, el Ejecutivo gallego, con independencia de que le correspondiera o no la competencia para tramitar o sancionar en esos casos, ofrecerá a los concellos su ayuda para que puedan hacer ese procedimiento complejo y así evitar que ningún infractor quede sin sanción.

Sobre el desarrollo de fiestas en Santiago, Xosé S. Bugallo reconoció ayer no estar satisfecho con la situación, aunque habló de avances. “Hay una reducción en la magnitud del problema. Se está actuando sobre botellones y concentraciones, ese tipo de denuncias se están tramitando y también la de algún establecimiento de Hostelería que superaba el aforo máximo autorizado, ya no por la pandemia, sino con carácter general”. El regidor volvió a insistir que las ordenanzas municipales no recogen situaciones fruto de una pandemia e indicó que no se podrían modificar éstas, un proceso que lleva varios meses, o “a ver si se puede habilitar un procedimiento más rápido para colaborar todos juntos con el fin de perseguir los comportamientos inadecuados porque son insolidarios y suponen un riesgo para la población”, concluyó Bugallo, para el que es fundamental “actuar de acuerdo a la ley”.