Aprobada al fin la primera ley climática de España

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España con el voto favorable de todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra, y de PP y Más País-Verdes Equo, que se han abstenido, tal y como habían anunciado.

El texto fue acordado con competencia legislativa plena en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados desde donde se remitió a principios de abril al Senado. Allí ha incorporado cinco enmiendas, por lo que el proyecto de ley ha vuelto este jueves para su debate final en el pleno de la Cámara Baja.

La nueva Ley, que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, contempla una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23 % hasta el año 2030 respecto a los niveles de 1990 y el objetivo de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050.

Asimismo, fija el reto de alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42 % y lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovable, entre otras medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética. No obstante, en su trámite parlamentario, en concreto en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados se introdujo una enmienda por la que estos objetivos se revisarán al alza en el año 2023.

Al mismo tiempo, la Ley prevé la supresión de los vehículos de combustión a más tardar en 2040; la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos a partir de la entrada en vigor de la ley así como los proyectos de fracturación hidráulica y la minería de uranio.

Por otro lado, fija una serie de restricciones a los proyectos de energías renovables dirigidas a que su despliegue se acometa de acuerdo con un mapa de zonas de especial valor para la biodiversidad.

Con 2023 como fecha tope los municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 cuando tengan problemas de calidad del aire deberán contar con áreas de bajas emisiones.

Al debate de la ley en el pleno ha asistido la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que confía en que con la aprobación de esta Ley España marca “un hito” con el que siempre se va a mirar hacia adelante contra el cambio climático, que “no distingue colores políticos”.

Así, se ha dirigido a los jóvenes a quienes “más” afectan las amenazas del cambio climático y que reclaman “más ambición”.

En su intervención en el pleno, ha defendido que en los últimos dos años España ha avanzado “más que nunca” en asumir el liderazgo y en el compromiso de reducción de emisiones y, en esa línea, ha afirmado que la ley es “ambiciosa y congruente” para generar oportunidades y asegurar la corrección de un modelo que “llevaba al desastre”. Por eso, Ribera ha dicho que en el futuro se necesita a quien ha apoyado la ley, a quien no lo ha hecho y a quien se ha abstenido porque el cambio climático “no puede esperar”.

“Esta es una ley de todos y para todos”, ha reflexionado la ministra, que asegura que el Gobierno seguirá “situando el ecologismo en el corazón de sus políticas”.

En el esperado pleno de ayer no se produjeron sorpresas en los planteamientos expresados previamente por todos los grupos.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha destacado la importancia de que el despliegue de las energías renovables no ponga en riesgo los valores ambientales del medio rural y natural y que los beneficios futuros de estos proyectos redunden también en los territorios.