El Congreso avala la ley de infancia con amplio consenso, excepto Vox y PNV

MADRID. El Pleno del Congreso ha respaldado la ley de protección a la infancia frente a la violencia, que empezará a contar la prescripción de los delitos graves cuando la víctima tenga 35 años, con amplio consenso y la oposición, con distintos argumentos, de Vox y PNV. El proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde deberá seguir su tramitación en Comisión y Pleno, con el anuncio de varios grupos de que mantienen vivas enmiendas para seguir incluyendo mejoras.

El texto aprobado este jueves refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa. A última hora ha incorporado el acuerdo de los grupos de empezar a contar la prescripción de los delitos graves cuando la víctima cumpla 35 años y no 30 como proponía el Gobierno, ya que las denuncias, cuando se producen, suelen presentarse por parte de la víctima en su edad adulta.

Además, se ha dotado a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.

La ley sale del Congreso con el voto en contra de PNV porque entiende que invade competencias y de Vox por motivos ideológicos, mientras que PdeCat y EH Bildu han optado por abstenerse, según han anunciado sus portavoces durante el debate.

“Espero que en la Cámara Alta se siga enriqueciendo la ley y haciéndose mejor gracias a todos los grupos”, ha deseado la ministra de Derechos Sociales, Ione Bellara, que ha cerrado el debate de la ley en el Congreso de los Diputados agradeciendo el trabajo y generosidad del pianista James Rhodes, víctima de abusos durante su infancia y presente en el Parlamento junto a varias ONG.

PENALISTAS. El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), integrado por cerca de doscientos penalistas, ha advertido este juevs que el endurecimiento de las penas que prevé la nueva ley de protección integral a la infancia y la adolescencia no logrará prevenir la violencia sobre los menores.

Este grupo de penalistas ha expresado en un comunicado sus dudas sobre el proyecto de ley, si bien ha aplaudido que introduzca mejoras en la prevención y detección precoz de casos con medidas como la introducción del deber de los familiares de denunciar estos hechos.

Pero ha apuntado que introduce una “sobreprotección” de los menores por medio del Derecho Penal, lo que da lugar a un aumento de la presión respecto al endurecimiento de las penas, en especial lo relativo a su cumplimiento, “bajo la muy cuestionable consideración de que así se logrará prevenir la violencia sobre los menores”.

El texto legal bloquea el acceso a los permisos de salida o al régimen de semilibertad hasta el momento en que se cumpla la mitad de la condena o restringe el acceso a la libertad condicional de los condenados por este tipo de delitos.

El GEPC, “compartiendo el carácter aberrante que tiene el ejercicio de la violencia contra los menores”, ha estimado que las respuestas de los magistrados deben enfocarse a aportar soluciones estables e integradoras, “lo que de forma ineludible pasa por priorizar la reeducación y la reinserción de los condenados”.

La norma -que ahora continuará su trámite en el Senado- refuerza el derecho del menor para formular una denuncia de forma personal y directa y amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años. Sobre esta última medida el GEPC ha asegurado que “desnaturaliza” la razón de ser de la figura de la prescripción, ya que da lugar a larguísimos plazos que son “incompatibles con su fundamento”.

También ha señalado esta asociación de penalistas que no ve correcto regular estos casos de violencia bajo el modelo de una ley integral y, frente a ello, aboga por “coordinar adecuadamente las correspondientes normas para garantizar una protección eficaz y, al mismo tiempo, evitar caer en excesos punitivos”. EFE