“El poder de las ciudades irá en aumento en Europa”

Nacido en la localidad coruñesa de Corme, pasó la infancia y adolescencia entre su tierra natal y Suiza. Ahora acaba de convertirse en el alcalde de Ginebra.

Comenzó su trayectoria política en el Partido Socialista (PS). Pero en 1999 pasó a formar parte de los Verdes. ¿A qué se debió ese cambio?

Tengo un compromiso político desde joven. Dejé el PS tanto por la experiencia en la Cruz Roja como por mi discrepancia ante el abandono de la socialdemocracia, por parte del PS, para transformarse en una fuerza socioliberal. En la etapa de la Cruz Roja, el conocimiento de otras realidades me fue llevando a un acercamiento mayor a la causa del ecologismo. Los desastres que pude percibir en lugares como Khartún o Teherán fueron determinantes en mi decisión; como lo fue también la catástrofe del Prestige. Los Verdes, más allá de la defensa del medio ambiente, comenzaron a posicionarse más claramente en el apartado socioeconómico, y todo eso influyó de forma decisiva en mi determinación.

Participa de una forma muy activa en iniciativas como la «movilidad lenta» (o «ecomovilidad»), los «12 domingos al año sin automóviles», la «moratoria en la tala de árboles»... Proyectos que parecerían contar con el apoyo de amplios sectores de la población pero que cuando se intentan aplicar, surgen voces que señalan que no resultan compatibles con el desarrollo y el bienestar de la propia sociedad.

En realidad lo que sucede es todo lo contrario. Lo incoherente está en considerar que es posible una sociedad que progrese y que mantenga, al mismo tiempo, los viejos sistemas de movilidad. Las resistencias son duras porque nos enfrentamos a un cambio de paradigma: cómo me muevo, cómo consumo... Son cuestiones como la propia noción del tiempo y de la velocidad lo que tiene que cambiar.

¿Cómo hacer compatible la ecología con la economía? ¿La solución radica en el decrecimiento?

Yo hablaría más bien de otro tipo de crecimiento. En primer lugar, sucede que la transformación es inevitable. De lo que se trata es de que caminemos hacia una sociedad socialmente justa y ecológicamente sostenible en la cual el bienestar social se convierta en el verdadero indicador de prosperidad.

Estamos hablando del espacio urbano, pero... ¿y en el ámbito rural? En España, muchas comarcas, provincias enteras, se quedan vacías. ¿Qué va a ser de esa gente?

No hay una solución inmediata. Lo que sí está claro es que la nueva economía sostenible supone la creación de muchos más puestos de trabajo. Lo que necesitamos es una inversión en los sectores de servicios básicos –se asombra al contemplar en España pueblos y aldeas en los que ya no hay panaderías, sucursales bancarias o atención médica primaria– que sí que pueden ofrecer empleo a un número considerable de personas. Naturalmente, no todo van a ser parques y jardines, tenemos que crear industrias de ámbito local, y que los estados, las comunidades inviertan en ese proceso. Por otro lado, hay sectores que han de ser protegidos porque su producto revierte en la propia seguridad nacional e identitaria.

Vivimos en un mundo globalizado y cada vez más competitivo. Tanto en los países ricos como en los menos desarrollados, hay sectores importantes de la población que se sienten desprotegidos dentro del sistema y se deslizan hacia posicionamientos populistas, incluso de extrema derecha...

Si no modificamos las estructuras, nos dirigimos hacia un desastre. Nosotros tuvimos aquí, en Suiza, una escisión, la de los verdes liberales que consideran que se pueden tomar medidas ecologistas pero siempre dentro del sistema vigente, sin efectuar cambios socioeconómicos. Eso no es posible, es necesario que vayamos a un cambio efectivo, y no podemos hacérselo pagar, precisamente, a aquellos que disponen de menos recursos. Si no acompañamos las medidas ecológicas con otras de carácter socioeconómico, si que caminamos en la dirección equivocada, como ya sucedió en su día durante la Revolución industrial.

Se hace necesaria una mayor inversión, unos mayores presupuestos y... mantener, o incluso, si acaso, aumentar los impuestos.

Tenemos que prever el futuro, la gente tiene que tener seguridades, tiene que saber que no va a perder sus derechos, su bienestar. De lo contrario, si que se acercará a fórmulas de extrema derecha. Por lo tanto, e incluso con una situación financiera positiva –como es el caso de la ciudad de Ginebra–, no podemos disminuir los impuestos porque ahí radica la clave de una economía y de un futuro mejores. Nosotros, los Verdes, somos muy partidarios del salario universal porque todo el mundo tiene un papel social que llevar a cabo y permite, además, desarrollar la iniciativa individual desde la perspectiva de una mínima, y necesaria, seguridad.

¿Eso significa un reforzamiento del Estado o, mejor aún, de los poderes públicos?

Yo tengo una sensibilidad, digamos, libertaria y prefiero hablar de los poderes públicos y no del Estado. Lo que entiendo es que sí que se deben reforzar las estructuras democráticas, las capacidades de los poderes locales, el derecho a la iniciativa ciudadana y a la convocatoria de referendos. Acercar a los ciudadanos a los poderes públicos y viceversa.

El contacto más inmediato entre los ciudadanos y las administraciones tiene lugar en el ámbito local. Se habla del «poder de las ciudades», un poder creciente. ¿Cómo contempla usted semejante perspectiva?

Soy partidario siempre de las descentralizaciones. Dentro de 10 o 15 años los dos tercios de la población van a residir en el espacio urbano, y de ahí el papel fundamental que les cabe a las ciudades. Estamos hablando de unas ciudades que se van a unir de una forma transversal, incluso por encima de las fronteras estatales, para abordar problemáticas comunes que afectan de manera determinante a los ciudadanos.

¿Pero eso no puede llevarnos a una excesiva fragmentación e incluso a la eclosión de los egoísmos localistas?

Está claro que sí existe riesgo. De ahí que se haga precisa la existencia de una articulación superior –sea la de la propia Federación de ciudades o la de los estados ya existentes– que impida que todo pueda derivar en la negativa a compartir recursos. El papel del Estado, o de quien le corresponda, es el de árbitro.