“Es cero transparente todo el sistema de inspección de residencias en España”

Que de una crisis siempre hay alguien que sale ganando lo tenemos claro. Pero que con esta pandemia haya quien se enriquezca a costa de un mal cuidado de los mayores...

Como sociedad tenemos dos grandes retos. Uno: que se conozca la verdad y si hay responsabilidades en el ámbito que sea, que se pague por ello. Es algo que le debemos a la memoria de los fallecidos y a sus familiares. Y dos: cómo está el sistema residencial en España y en Galicia. Uno de los graves defectos que creo que tiene es que hay determinados grupos empresariales que anteponen el beneficio a cualquier otra cuestión.

Muchas residencias hacen un trabajo excelente, pero hay otras que por pertenecer a determinados fondos de capital privado no prestan el servicio que deben a nuestros mayores. Y de lo que se trata es de mejorar.

Hay diferencias entre las comunidades.

Así es. En Madrid, Cataluña y las dos Castillas se produjeron el 75 % de los fallecimientos de la primera ola. Pero en nuestro sistema residencial hay unos elementos comunes:

1. Es un sistema completamente privatizado.

2. Tiene un modelo de inspección que no funciona. Primero, porque no hay inspectores suficientes y porque no se fija en los resultados, esto es: comprobar cómo están los mayores en una residencia, si están doce horas delante de un televisor o con terapias ocupacionales...

3. El régimen sancionador. El que hay es absurdo. Figuran sobre papel sanciones de un millón de euros y luego en la práctica se ponen poquísimas y de una mínima cuantía. En Galicia, en el período 2014-2019, la Xunta puso 22 sanciones firmes.

Si tú tienes un régimen muy privatizado, hay empresas que lo van a hacer muy bien, pero otras van a hacerlo mal y salen con impunidad.

Dice en ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta) que las residencias están “diseñadas para contagiar, no para frenar el virus”.

Esta ha sido una crisis tan compleja que han influido muchas causas. En el libro analizo hasta cinco:

1. La que has comentado. Los residentes son en su inmensa mayoría, mayores de 80 años y con un alto nivel de dependencia. No puedes cambiar un pañal a una persona a un metro y medio de distancia. Las gerocultoras tienen contratos precarios, no llegan a mileuristas en muchos sitios y es fácil que a veces trabajen en dos centros.

2. Déficits estructurales previos a la pandemia: Si un mayor enferma en su casa, atención primaria lo atiende. Si enferma en una residencia, dan por supuesto que ya lo atenderá el médico de la residencia, si lo tiene.

3. Errores cuando estalla la crisis sanitaria: no había EPI suficientes, no había test y por lo tanto no se sabía quién estaba contagiado y quién no. El Gobierno central ordenó dividir las residencias en zonas para personas contagiadas y no contagiadas. Y esto muchas veces se hizo tarde, o de forma caótica, otras no era posible debido al diseño, con muchas zonas comunes.

4. Responsabilidad de los políticos, especialmente en Madrid y Cataluña, donde se aprobaron unos protocolos indignos que impedía trasladar a los mayores enfermos al hospital. El Gobierno central no le dio la misma importancia a las residencias y hospitales.

5. Responsabilidad de las empresas. Llegaron muy escasas de personal muchas de ellas.

Al final, la pandemia ha puesto de manifiesto que el sistema residencial se estaba rompiendo...

Totalmente de acuerdo. Creo que igual que en otros muchos ámbitos,. Se demostró que años de recortes le había afectado más de lo que nos gustaría. La pandemia sacó a flote los errores del sistema residencial y eso para mí, en el momento en el que estamos, lo que tenemos que hacer es aprender a analizar muy bien cómo está el sistema para cambiarlo y mejorarlo. Lo que no ayuda nada es que todos los actores, que cada uno de ellos tiene una parte de responsabilidad, digan que la culpa es de todos los demás. Pero bueno, también están empezando a hacerse algunas cosas y que trasmiten esperanza.

¿Como cuáles?

Pues mira, en Navarra se aprobó un decreto foral que establece que las residencias de nueva construcción tienen que tener un máximo de 130 plazas y que como mínimo el 80 % de las habitaciones sean individuales. Los datos demuestran que el impacto de la mortalidad fue mayor en las grandes que en las pequeñas.

En el norte de Europa, considerado el modelo a seguir, se construyen modelos de convivencia –con 20-25 personas como máximo– que cumplan el objetivo de lo que ha de ser una residencia: la prolongación del hogar.

La mayor parte tienen habitaciones dobles y yo me pregunto: cuándo perdieron nuestros mayores el derecho a la intimidad. Ellos merecen vivir en las mejores condiciones. Se lo han ganado. Tenemos que meternos esto en la cabeza y actuar en consecuencia y presionar a políticos y empresas para que lo consideren una prioridad.

Si queremos saber cómo es una residencia, ¿habría que conocer quién es el dueño?

Mira, lo que deberíamos conocer con seguridad es que cuando se haga una inspección, sea pública, como ocurre en Alemania o EEUU. Todo el sistema de inspección de residencias en España es cero transparente. Conocer la propiedad es un dato más que debería figurar en esa web de cada comunidad. Los que buscan un beneficio rápido disponen de dos vías: tener muchos clientes o hacer recortes. Y esto último en una residencia de mayores supone empeorar la calidad de vida.

¿La Iglesia qué pinta en todo esto?

A la Iglesia le dedico un capítulo porque es el principal operador en España en número de centros. Tiene más de 40.000 plazas sobre un total de 375.000. Pienso que tiene el mismo derecho que cualquier otra entidad a operar en este sector. Ahora bien, en el siglo XXI no puede haber residencias que funcionen con el concepto de caridad del siglo XIX y pedir limosna cuando estalla la pandemia. Pero el Estado lo permite y se lava las manos. Las Hermanitas de los ancianos desamparados, para darte una idea en Galicia, gestionan 14 centros con 2.000 plazas. Es el tercer grupo más importante de Galicia. El segundo, Fundación San Rosendo, también de la iglesia.

¿El contribuyente ahí tiene parte de responsabilidad?

Bueno, sí que creo que los políticos muchas veces no explican correctamente las cosas. Lo que es evidente es que no podemos tener una sanidad de primera, un sector de residencias de primera, un estado del bienestar de primera y pretender no pagar impuestos. Todo tiene unos costes. Con lo que paga la Administración a las empresas por las plazas concertadas –la media en España está en cincuenta y pocos euros–, no se puede prestar un servicio de calidad y no se pueden pagar buenos sueldos. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que si queremos un buen sistema residencial, eso tiene un coste. Por eso hay que construir más residencias públicas, simplemente para que haya un mayor equilibrio. Y Galicia las necesita.

¿Considera que hubo una violación de derechos humanos, aunque haya sido de manera accidental?

En Madrid y Cataluña, sin ninguna duda. Lo creo yo y lo cree Amnistía Internacional, que hizo un informe donde habla de violaciones de derechos humanos en esas dos comunidades. O Médicos sin Fronteras, que hizo otro informe detallado de toda España en el que habla de que se ha discriminado a los mayores simplemente por vivir en residencias. Y no creo que haya sido accidental. En Madrid y Cataluña los responsables políticos adoptaron unas decisiones. Que el sistema residencial haya llegado tan debilitado responde al modelo que se ha diseñado durante las últimas décadas.