Luz verde a la ley trans que permite cambiar de sexo sin pruebas

EFE/EP. El Gobierno ha dado luz verde este martes a la futura ley trans, que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales. "Con este proyecto de ley, pretendemos superar esta histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI", ha dicho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. El anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI comienza así su tramitación, después de meses de duras negociaciones en el seno del Gobierno de coalición y las críticas de un sector del movimiento feminista que cree que esta ley supone el "borrado de las mujeres".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la aprobación, este martes, de la Ley Trans en el Consejo de Ministros es una muestra” de la “fortaleza” del Gobierno de coalición y de que cuando “hay que negociar” y se producen “debates profundos” que duran “meses”, los socios son capaces de “dialogar” y “cumplir” con el pacto de coalición. “Es un día histórico”, ha agregado la ministra. Montero ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo, para explicar el contenido de la norma que recoge los derechos específicos de las personas trans, y también medidas para garantizar los del colectivo LGTBI, así como su no discriminación.

La titular de Igualdad ha destacado que esta norma recoge algunas de las principales reclamaciones del colectivo, como la “libre determinación” de las personas trans con un sistema de doble comparecencia, “sin testigos”, ni “pruebas”; así como su despatologización. Ambas medidas, ha señalado, eran también reclamadas por los principales organismos internacionales para “garantizar los derechos humanos”. El texto también incluye “una batería importante” en materia de derechos LGTBI, legisla “por primera vez” los derechos de las personas intersexuales y recoge sanciones frente a las discriminaciones a personas del colectivo.

El PP espera que la mayoría del Congreso que rechaza la autodeterminación de género que contempla el anteproyecto de la Ley Trans lo acabe corriendo cuando ese proyecto inicie su trámite parlamentario, y no ha descartado que su partido acabe llevando el texto resultante al Tribunal de Cuentas. En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha defendido que el país necesita una Ley Trans pero no el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes que, a su juicio, sólo genera “inseguridad jurídica” y “desprotección” a los menores.

En concreto, la dirigente 'popular' ha señalado que su partido no está de acuerdo con la autodeterminación de género por suponer en la práctica “el borrado de las mujeres” y de las políticas para su protección.

“No hemos llegado hasta aquí para que ahora se nos comience a invisibilizar”, ha clamado Gamarra, quien ha dicho entender que las mujeres que han luchado durante décadas por sus derechos se sientan “especialmente defraudas y borradas” con la iniciativa del Ejecutivo.

SÁNCHEZ, PRESO DE “MINORÍAS IDEOLÓGICAS RADICALES”

Gamarra ha subrayado que esta Ley Trans vuelve a evidenciar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, depende de “minorías ideológicas radicales” para mantenerse en el poder para cuestionar, a renglón seguido, que el Consejo de Ministros apruebe un anteproyecto incluyendo la autodeterminación de género, un asunto que, según sus cálculos, la mayoría del Congreso rechaza.

A esos diputados contrarios a ese concepto se ha dirigido la portavoz parlamentaria del PP para animarles a que apoyen las enmiendas que en este sentido su grupo presentará al proyecto del Gobierno durante su tramitación en el Congreso.

Preguntada sobre si el PP se plantea recurrir al Tribunal Constitucional la Ley Trans, Gamarra no lo ha descartado pero ha recordado que el texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros es aún un anteproyecto y que estarán atentos no sólo a los informes de los órganos consultivos, sino también al resultado de la tramitación parlamentaria antes de tomar ninguna decisión.