Primer paso para consolidar por ley la equidad del sistema público de salud

El pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la tramitación del proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocido como ‘Ley Darias’.

La normativa ha contado con el respaldo de Junts y el PDeCAT, que este martes retiraron las enmiendas de totalidad que habían presentado a la ley tras pactar con el Gobierno que no va a afectar al modelo sanitario catalán, en el que priman los conciertos. Así, estas dos formaciones votaron en contra de las enmiendas de totalidad que también registraron Vox y Ciudadanos, y que han sido rechazadas por 191 votos en contra, 88 abstenciones y 64 a favor.

Precisamente, al comienzo de la defensa de la normativa en el Congreso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacó el “esfuerzo de diálogo y entendimiento” de Junts y el PDeCAT para “contribuir a que esta ley inicie su tramitación parlamentaria”, así como al resto de grupos parlamentarios que apoyaron a la misma como Más País, Teruel Existe, ERC y “algunos integrantes” del Grupo Mixto.

“Para la derecha esto puede ser no importante, pero como progresista, como socialista me siento orgullosa de que esta ley proteja la salud de los más vulnerables, a las que menos tienen y a las que la política es la esperanza más palpable de tener oportunidades de vida. Por eso, y por lo que esta ley puede significar para mejorar la vida de la gente merece la pena estar aquí y todos los esfuerzos”, aseveraba Darias.

El pasado 14 de junio el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley que, según ha recordado la ministra de Sanidad en la Cámara Baja, modifica normativas sanitarias “muy importantes”, por ejemplo la Ley General de Sanidad o la Ley de Cohesión.

Y es que, entre otros asuntos, cierra la puerta a nuevos copagos y amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los farmacéuticos, como son las personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas con hijo a cargo. Así, se beneficiarán, según los datos del Gobierno, unas 6 millones de personas.

De igual modo, en el proyecto de ley se establecen “excepciones” para que la gestión de los centros sanitarios sea “indirecta”, es decir, con modelos privados, pero solo como “complementaria y de apoyo”. “Nunca sustituiría a la pública”, aseguró Darias.

Por ello, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria “cuando no se a posible la gestión directa” y cuando se den una serie de requisitos en las comunidades autónomas, como “la optimización de recursos sanitarios” o la “insuficiencia de medios propios para prestar los servicios”.

Además, la ministra de Sanidad contempló la posibilidad de realizar una “modificación legislativa y normativa” a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones de centros sanitarios “en las mejores condiciones posibles”.

Sin embargo, esto fue criticado por el diputado de Ciudadanos, Guillermo Diaz, durante la defensa de su enmienda a la totalidad, quien avisaba de que esta ley es una “aberración” y llamó “hipócritas” al Gobierno y a los socialistas porque “tienen conciertos en todos los sitios donde gobiernan”.

“Es hipócrita suprimir los conciertos privados cuando los funcionarios y nosotros los diputados disfrutamos de una capacidad de elección entre la pública y la privada que el resto de los ciudadanos no tienen”, añadía al respecto el diputado del Grupo Parlamentario de VOX, Juan Luis Steegmann, quien comentaba que este proyecto es “inoportuno y carece de fundamento porque es partidista y genera menos equidad, menos accesibilidad y más enfermedad”.

Del mismo modo, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Ana Pastor, calificaba de “vengüenza” el proyecto de ley, lamentando que el Ejecutivo “pretenda que nos traguemos lo que quieren con este diálogo de besugos”. “Lo que necesita la sanidad española es, sobretodo y por encima de todo, su defensa pero no desde el sectarismo. Hay que garantizar un sistema sanitario público y universal, pero esta ley no ofrece soluciones a los problemas reales que tiene la sanidad”, recalvaba Pastor.

Ahora bien, pese a estas críticas, la normativa ha sido aprobada y recoge también la necesidad de que todas las iniciativas legislativas del Gobierno conlleven una evaluación sobre su impacto en la salud, sobre todo en materia laboral, de vivienda, transporte, ordenación del territorio, agricultura o salud animal.