Pruebas de los detectives privados: Doverty nos cuenta cómo las obtienen
La actividad profesional de un detective privado se basa en la recopilación de datos que corroboren una hipótesis concreta, enmarcada dentro de un proceso de investigación más amplio que previamente ha sido establecido con el cliente. Tras comprobar que existe un interés legítimo por parte del cliente en averiguar dicha información y haber trazado un plan de actuación para obtener progresos en la investigación, un investigador privado debe recopilar las pertinentes pruebas.
El modo en el que las obtienen y el marco legal que establece los límites de actuación y las competencias de un detective privado son cuestiones sobre las que el equipo de buena parte de las agencias de detectives privados pone el acento cuando tratan de explicar en qué consiste y cómo se desarrolla su actividad diaria, más allá de los procesos administrativos y las largas jornadas de oficina inherentes al puesto.
Límites de actuación para la recopilación de pruebas por parte de investigadores privados
Un detective privado es una persona que cuenta con la formación pertinente para desempeñar el rol de investigador particular para una agencia de detectives privados o por cuenta propia. Los mecanismos que regulan sus actividades y las competencias en materia de obtención de información privada son cuestiones que a menudo se entremezclan con los mitos de la ficción y que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de un detective.
En España, es la Ley de Seguridad Privada 5/2014 la que regula la actividad de los investigadores privados y establece sus competencias y límites de actuación, pero en lo que se refiere al tratamiento de las pruebas obtenidas para otorgarles la consecuente validez en un proceso judicial, es la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 265.1.5º, el que establece la posibilidad de presentar informes obtenidos por medio de la investigación privada siempre y cuando se presenten los debidos informes, estos hayan sido elaborados por personal capacitado para ejercer la investigación privada, cuenten con las habilitaciones legales pertinentes y las informaciones hayan sido obtenidas en tiempo y forma.
“Básicamente, lo que hace este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil es dar el pertinente marco legal para poder presentar los informes obtenidos por medio de detectives privados a una causa judicial abierta, siempre sobre hechos relevantes para la resolución del caso, por lo que no solo queda regulado el papel de un investigador privado, sino que se establece un marco legal en el que las informaciones obtenidas por investigadores capacitados pueden tener consecuencias en el devenir de una causa judicial abierta”, explican desde Doverty, una de las agencias de detectives privados de más renombre en nuestro país.
Los antecedentes que regulan la validez de las pruebas de detectives privados
El Tribunal Supremo considera a todo detective privado un testigo privilegiado dentro de un caso, y sus documentos, una prueba que puede ser relevante en la causa abierta. “En cuestiones laborales ya ha habido sentencias en este sentido en el que se reconoce al detective privado como un instrumento de control eficaz para el empresario con el fin de garantizar que el trabajador cumple con los deberes exigibles a su cargo”, comentan desde Doverty.
Esta afirmación se sustenta en la consideración de que los testimonios emitidos por los investigadores privados tienen la garantía de profesionalidad exigible a una persona que ostenta un cargo semejante, y en que a las informaciones obtenidas por los detectives privados siempre se les presupone un nivel de veracidad teniendo en cuenta su procedencia. “Nuestra actividad está tan regulada que resulta más sencillo dar validez a las informaciones obtenidas por los detectives privados, ya que se cuenta con la certeza de que los informes incluyen datos obtenidos cumpliendo todos los requisitos legales establecidos en la legislación vigente”, explican desde Doverty.
El caso de las grabaciones de vídeo y de sonido
Esta presunción es extensible a toda prueba audiovisual obtenida por un investigador privado, siempre y cuando el marco en el que haya sido captada cumpla con lo dispuesto en la ley. “Un detective privado puede obtener pruebas grabadas con cámaras de foto o vídeo, pero no puede hacer un uso a voluntad de las mismas y siempre deben haber sido realizadas en un espacio público, nunca privado, tal y como recoge la sentencia del 5 de julio de 1984 del Tribunal Supremo, que establece que puede ser aceptado como prueba en un proceso judicial toda grabación de vídeo o voz que aporte pruebas de especial relevancia al caso y que hayan sido obtenidas sin vulnerar el derecho a la intimidad”, comenta el equipo de la agencia Doverty.
Desde hace varios años, existe cierta polémica en torno a las pruebas grabadas con cámaras de fotos y vídeos, ya que no siempre han quedado claros los límites en los que una prueba grabada a distancia podía contar con la validez legal necesaria como para ser aceptada en un juicio.
“Aunque el uso de micrófonos ocultos ha sido muy extendido por la ficción, lo cierto es que son una herramienta de trabajo útil en determinadas situaciones, pero no para dar por válida una prueba durante un juicio”, explican desde la agencia. “De hecho, para que la grabación pueda ser considerada como prueba a todos los efectos debe haber sido obtenida a través de conversaciones en las que él mismo haya sido partícipe, no a través de micrófonos ocultos o herramientas similares; de lo contrario, la prueba no tendría ninguna validez legal”, apuntan en Doverty.