El caso de Iván, que hoy recibe su tercer electroshock, hace aflorar la falta de avances en salud mental

El caso del joven Iván de Arzúa, que recibe terapia elecroconvulsiva (TEC) autorizada por un juez en el Hospital Provincial de Conxo, en Santiago, en contra de su voluntad y la de su familia, está haciendo aflorar las carencias existentes y falta de avances en la investigación sobre tratamientos en materia de salud mental. El electroshock, que para sus defensores es “un tratamiento necesario” y para sus detractores “un abuso psiquiátrico”, es una vieja técnicas que se aplica desde hace 80 años y que Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “procedimiento mayor”, que como tal debe ser realizado sólo “cuando lo permite la ley local y cuando se considere que es la opción más adecuada para la salud del paciente, y solamente cuando el paciente ha sido debidamente informado y ha dado su consentimiento”. Algo, esto último, que a Iván, que este viernes recibe su tercera sesión, no se le ha permitido.

“Pedimos al pueblo gallego que levante la voz para que se pare esta terapia y den lugar a una segunda opinión. Esto le puede pasar a cualquiera. Iván firmó como persona capacitada que no quería esta terapia. ¿Acaso un juez, una psiquiatra están por encima de la autonomía del paciente?, decía ayer desesperado el padre de Iván.

“Habiendo otras alternativas ... no entendemos por qué ... Queremos el alta voluntaria y derivarlo a donde nosotros lo veamos adecuado, con supervisión psiquiátrica y con la medicación que le recomienden”, contaba con desánimo el padre de Iván.

La batalla de la familia de Arzúa no logra que el juez suspenda los 9 electroshocks a su hijo

Este periódico intentó contrastar la opinión de la familia con la de la psiquiatra que le atiende y recomendó en su informe el tratamiento, pero no fue posible ya que a través de una trabajadora del Área de Psiquiatría del Provincial declinó el dar su versión y aseguró que la Ley de Protección de Datos no se lo permite aunque quisiese

“Es difícil valorar el estado real de Iván, ya que está vigilado y controlado como si fuera un reo de un módulo de alta seguridad”, explica la portavoz de la familia.

Dicen que su estado de ánimo se va empobreciendo a medida que avanza el tratamiento. “Hemos de entender que Iván tiene 30 años y hasta hace unas semanas era un joven libre que gozaba del amor y cariño de una familia, y hoy está retenido contra su voluntad y separado de su familia, provocándole una angustia profunda no solo por la separación sino por la indefensión que sufre. ¿Cómo nos sentiríamos cualquiera de nosotros, si recurres a un servicio de Urgencias al que vas por voluntad propia buscando ayuda de profesionales y lo que te encuentras es la puerta al infierno? ¿Acaso lo que está viviendo no es peor que sus alucinaciones? ¿Acaso este proceso le va a ayudar a superar su estado? Quien piense que sí, es el que realmente tiene problemas” indican.

El dilema del electroshock: familia y poder judicial discrepan sobre la capacidad de Iván para decidir su tratamiento

“Es un tratamiento que no está justificado. Que ya ha sido prohibido en distintos países y que por ejemplo ya en Alemania en noviembre de 1977, la Comisión Germanoccidental para la Defensa de la Psiquiatría envió una solicitud al Parlamento para que el electrochoque sea prohibido por ley. La solicitud se basa en el argumento de que el uso del TEC viola los derechos humanos” explica Verónica Castilla, psicoterapeuta y portavoz de la familia.