La piqueta ‘tumbó’ 12 viviendas ilegales en Costa da Morte, Barbanza, Compostela y Deza en 2022

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ordenó demoler 87 construcciones en toda Galicia

La mayoría eran de uso residencial y estaban en suelo rústico

También retiraron caravanas y casas prefabricadas

Edificio de vivendas que fue demolido el pasado mes de junio en el municipio de Camariñas por haber sido construido en suelo rústico / aplu

Edificio de vivendas que fue demolido el pasado mes de junio en el municipio de Camariñas por haber sido construido en suelo rústico / aplu / J. M. RAmos

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el pasado año la demolición de 87 construcciones en Galicia por infringir la legalidad vigente, de las cuales 12 (el 14%) estaban ubicadas en municipios de las comarcas de Compostela, Costa da Morte, Barbanza y Deza. La mayoría eran edificaciones destinadas a un uso residencial y fueron levantadas en parcelas de suelo rústico.

La piqueta también eliminó un muro que cerraba un camino en el municipio de Cee; una chimenea-asador en Catoira y una construcción anexa a una casa en Carnota, que se hallaba en una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Asimismo, en Malpica fueron retiradas una casa móvil, una caseta metálica y una carpa, y en Porto do Son una caseta de metal y una caravana.

El resto fueron viviendas o estructuras de edificaciones residenciales ubicadas en Val do Dubra, Carballo, Melide, Trazo, Camariñas, Malpica de Bergantiños y A Estrada.

En el último quinquenio fueron demolidas o retiradas un total de 75 construcciones en las comarcas de Costa da Morte, Barbanza, Compostela y Deza, destacando especialmente el año 2018, en el cual fueron ejecutadas 53 de dichas órdenes de ejecución de la APLU. En 2019 fueron seis, las mismas que en 2020, y diez en el ejercicio de 2021. La mayoría fueron edificaciones de uso residencial, aunque también se demolió una construcción industrial en 2020 en el municipio de Ponteceso, que estaba ubicada en una zona de servidumbre de protección de Costas.

Unas actuaciones que, en algunos casos, han generado movilizaciones sociales a favor de los afectados, como sucedió en el año 2018 en Vimianzo, cuando un vecino de Bamiro, Evaristo Blanco, se vio obligado a demoler su vivienda por no ajustarse la obra ejecutada a la licencia que le había sido otorgada. El expediente de reposición de la legalidad fue impulsado también por la APLU, a partir de la denuncia de un vecino del titular de la casa demolida.

Este pasado fin de semana, centenares de vecinos han salido también a la calle para apoyar a una familia de Arou (Camariñas) después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificase la orden de demolición de un edificio de más de 600 m2 ubicado en suelo rústico. La decisión llega tras años de litigio, a raíz de la denuncia de una vecina, que también tomó la misma medida contra otra edificación lindante.

Concienciación

La APLU tiene como finalidad velar por la utilización racional del suelo y, para cumplir ese fin, además de ejercer las competencias específicas en materia de disciplina urbanística, apuesta por la divulgación, sensibilización, concienciación y formación “como instrumento para concienciar a la ciudadanía en el respeto por nuestro territorio”, señalan desde la agencia.

Así, desde 2019, junto con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, cofinancia el proyecto lúdico-educativo Eu son inspect@r urbanític@. Coida do territorio. Coida do teu para promover entre los más pequeños el conocimiento del territorio y trasladarles la importancia de cuidarlo.