La oposición a la depuradora de O Son y la pirotecnia de Catoira lideran las quejas a la Valedora

La Valedora do Pobo presentó su informe anual 2022, en el que se han recogido 16.012 quejas en el conjunto de Galicia. De ellas, 3.436 (el 21,4%) llegan desde los distintos municipios de Área, con dos casos que han generado tanta polémica como escritos.

Se trata de la oposición al emplazamiento de la depuradora de A Ponte (Queiruga, Porto do Son), que auspició 1.906 comunicaciones en contra, y las 792 que rechazan una pirotecnia prevista en Coaxe (Catoira). Y, paradójicamente, estos dos ayuntamientos han superado con creces la cifra de expedientes remitidos desde urbes como A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra o Vigo (mientras que al sonense sólo lo aventajan Sarria y Santiago)

Son los concellos que acumulan más expedientes, porque aparte de los citados, hay que sumar otros 15 en O Son y 4 a mayores en Catoira. Y en el otro extremo de la balanza, con una sola queja, consta Muxía, mientras que se remitieron dos desde Camariñas, Cabana, Boqueixón, Dumbría, Frades, Fisterra y Mazaricos. Cuestión aparte son las críticas dirigidas contra la labor de la administración municipal, donde la lista aparece liderada por Ames, con 13, seguido de Padrón (11) y Ribeira (10). Santiago, por ejemplo, acumula 77.

Asimismo, la Valedora, María Dolores Fernández, hace constar los concellos en los que ha tenido que insistir más veces para que aborden las cuestiones planteadas, encabezando Padrón, con 8 reiteraciones; Ribeira y O Pino, con 5 cada uno; 3 en Ordes, A Estrada y Vila de Cruces; 2 en A Pobra, Boiro, Malpica y Noia y únicamente una en A Laracha, Carballo, Carnota, Oroso, Rianxo y Vimianzo, por lo que la mayoría de las 58 administraciones locales que integran las diferentes comarcas compostelanas han cumplido con su obligación, a la primera y sin mayor dilación.

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Respecto a la resoluciones que terminaron con una actuación positiva, divulgan las que atañen a la “deformación” de los topónimos Paiosaco y A Laracha; al uso del topónimo Riveira en la web municipal y un formulario; la documentación sobre la variante de Ribeira en la misma página; errores en la versión en gallego de este mismo sitio; el nombre (y cargo) en idioma castellano plasmado en una calle también de la capital de Barbanza, al igual que el uso de su topónimo deformado en las redes municipales y en la placa de Servizos Sociais. También hubo suerte con el cartel en castellano de un torneo de golf noiés y la “discriminación de la lengua gallega en el Ayuntamiento de Noia”; en un “parte de la Policía Local de Ribeira”; el tratamiento solamente en castellano del dispensario de Cuntis, incluyendo el uso incorrecto del topónimo, así como en la rotulación en castellano del Hospital do Barbanza. Todo ello quedó corregido o, cuando menos, en vías.  

LABOR. Según Dolores Fernández, este informe “ofrece al Parlamento de Galicia y a todos los ciudadanos gallegos interesados en el trabajo de esta institución, el conjunto de actuaciones realizadas por la oficina de la Valedora do Pobo durante 2022”, abundando con que “su contenido responde al encargo de servir a la sociedad gallega velando por el eficaz disfrute de sus derechos, especialmente cuando éstos no se perciben por los interesados como adecuadamente atendidos por la Administración. El cumplimiento de este encargo se corresponde con la función de la Valedora do Pobo”.

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En cuanto a los dos casos que tanta polémica han suscitado, la alta comisionada del Parlamento de Galicia reseña al respecto de la nueva depuradora (aún en obras) prevista en Porto do Son –y que superó las 1.900 firmas mostrando la disconformidad sobre su ubicación en el lugar de A Ponte (Queiruga)– que continúan “practicando actuaciones”. Concretamente las de “supervisión y control sobre administraciones de dos niveles: local y autonómico”. Las quejas se centran en la cercanía “de las casas de A Ponte” y el vertido de la misma, que irá “al río Maior”. 

Y, aunque Fernández hace hincapié en que el número de protestas fue “similar al del ejercicio pasado”, pone en valor con respecto a la pirotecnia de Catoira “la existencia de la queja colectiva que fue remitida al Defensor del Pueblo”, también en relación con este proyecto.

DESDE COAXE. Nieves es una de las personas que contestan cuando se contacta con la Plataforma veciñal Coaxe libre de pirotecnia. Asegura que “a principios de ano” se llevó a la Justicia la instalación de un complejo para fuegos artificiales en esta localidad de Catoira, y están “á espera”. Pero también tiene claro que “o Concello está con nós, porque hai irregularidades” presuntas en el proceder de la empresa Pirogal.

A su vez, el regidor, Xoán Castaño, indica que “non se cumpriron as obrigas da comunicación previa” por parte de los promotores, y esgrime un informe del arquitecto de Teo (elaborado tras un convenio) en el que se enumeran posibles carencias del proyecto.

Entre ellas se cita que “non conta co acceso rodado de uso público adecuado; non garante o abastecemento de auga; non garante a evacuación e o tratamento de augas residuais; non garante a recollida, o tratamento, a eliminación e a depuración de toda clase de residuos e non garante a subministración de enerxía eléctrica”. Asimismo, el técnico abunda con que “a superficie mínima da parcela sobre a que se situará a edificación será de 2.000 metros cadrados” y que ninguna los supera allí.