Ames estudia frenar la subida del alquiler como zona tensionada que comparte con el 29% de la comarca

La Xunta acaba de introducir una disposición adicional en la Lei galega de vivenda, a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos, de cara a regular el procedimiento de declaración de las zonas tensionadas y poner tope al alquiler. Esta medida, en caso de ser solicitada por las respectivas administraciones locales, abre la puerta a que los municipios intenten frenar de esta manera el precio al alza que están sufriendo los alquileres. Y según el análisis de Atlas Real State, dieciocho ayuntamientos del entorno santiagués –concretamente, el 29,4%– incluirían zonas sensibles en sus lindes.

A nivel estatal, apuntan las mismas fuentes, son casi 30 millones de hogares (dos de cada diez códigos postales) los que están ubicados en zonas tensionadas. Y en esta catalogación entrarían, a nivel de las comarcas compostelanas, los concellos de Malpica (entre Cambre y A Trenda, zona oriental); Cabana de Bergantiños (de Cundíns a Ponteceso de Cabana); Fisterra (de Castromiñán a San Martiño); la práctica totalidad de Dumbría; Muros (entre A Silvosa y Creo, en Esteiro); Outes (de Lantarón a Vilariño, incluyendo O Freixo); Noia (de Taramancos a Figueira, Ousoño y la mitad occidental de la villa); Porto do Son (con dos zonas: la de entre As Vías y la de A Tara); la práctica totalidad de Ribeira; Dodro (de Bustelo a Vexo, y de Dodro a Teaio); Ames (salvo su parte más occidental); la práctica totalidad de Teo; Vedra; Boqueixón (salvo la zona oriental); casi la totalidad de Oroso; Melide (zona oriental, incluyendo su cabecera local) y Silleda (sobre todo alrededor de su capital municipal).

Las ayudas del alquiler de la Xunta cubrirán hasta el 60% para los colectivos vulnerables

La Ley de Vivienda recoge que cuando un municipio declara una área determinada como zona tensionada, debe ser por tres años como máximo, aunque se podrá establecer una prórroga anual si continúan las condiciones por las que se tomó esta decisión. Y el quid está en que en las zonas tensionadas se establecerá un control de los precios del alquiler por parte de las administraciones responsables. Por ello, tendrán que elaborar un plan de medidas que permita corregir el desequilibrio de los importes de los alquileres durante los citados tres años de vigencia.

En lo que atañe a los criterios para ser reconocida como zona tensionada, caben dos. Por un lado, que el coste medio de la hipoteca o el alquiler (gastos incluidos) tendría que rebasar el 30% de los ingresos medios de los hogares en ese entorno. O bien, que el precio de compra o del arrendamiento en los últimos 5 años debería haber sufrido un incremento acumulado de al menos tres puntos superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC en la autonomía.

La liebre la soltaba la regidora de A Coruña, que ya solicitó formalmente la declaración al Ejecutivo autonómico, pero corría como la pólvora por la comarca. Así, el alcalde de Ames, Blas García, destacaba que en la actualidad se están recabando informes urbanísticos para saber qué zonas concretas podrían ser declaradas como tensionadas en la capital maiana, si bien no ha querido confirmar si seguirá el camino de la mandataria herculina. El motivo, según García, es que en la capital maiana, el precio por arrendar un piso ha aumentado en un año más de 120 €.

Por su parte, el delegado del Gobierno felicitaba a la Xunta por recular y replantearse declarar zonas tensionadas en Galicia.

La Xunta dará ayudas de hasta 50.000 euros a los promotores de viviendas para alquiler

Las inmobiliarias lo tienen claro: “Que se deixen de bobadas e fagan inmobles” para que el mercado regule los precios

Profesionales como Manuel Saavedra, Jacobo Blanco o Concha Lavid consideran insuficiente la oferta actual

Junto a las administraciones y los vecinos existe otro colectivo que tiene mucho que decir sobre la cuestión de las zonas de alquileres tensionados: las inmobiliarias.

Desde Arquisip, Manuel Saavedra considera bastante claro el tema: “Que se deixen de bobadas, e fagan vivendas, que constrúan inmobles”, declaraba apuntando tanto a la Administración (por la vivienda protegida) como a los constructores. A su juicio, en Ames “fan falta 10.000 pisos, porque estamos moi preto de Santiago, e hai demanda”. Y tanto es así que Saavedra eleva “a unhas cincuenta” las personas “que cada semana veñen polas nosas oficinas para preguntar se hai alquileres, e teño que dicirlles que non teño”. En cuanto al problema con los precios que se cobran, opina, está relacionado precisamente con la oferta y la demanda, “porque ao non haber competencia, cada un pon o prezo que lle da a gana”.

Más cauto se muestra Jacobo Blanco, tesorero de Agalín ( la Asociación Galega de Inmobiliarias) y profesional de Capitel Ksa. Subraya que “la idea de limitar los precios puede ser una buena opción, pero desde luego no la más viable”, ya que beneficiaría a quien busca un arrendamiento, pero no tanto al propietario que lo pone en el mercado a su disposición.

Los factores que, a su juicio, han desembocado en esta situación son tres. “Por un lado, que falta producto, porque bajó la construcción, pero por otro está la proliferación de negocios en torno a este sector, como los alquileres de viviendas de uso turístico”, que también restan oferta. Y, por último, señala que las distintas normativas “benefician al inquilino, pero no tanto a los propietarios, que se retraen a la hora d eponer más pisos en el mercado”. En cuanto a la subida de los precios, cree que oscila “entre los 50 y 150 euros” para la persona alquilada.

Por último, otra de las profesionales del sector, Concepción Lavid, recuerda “cuando alquilar en Bertamiráns era 250 euros más barato que en Santiago” y existía oferta, mientras que ahora “tenemos una gran falta de viviendas en esta urbe, y es casi imposible dar con un piso de tres o más habitaciones para alquilar” en esa zona.