Aplauden la apuesta tecnológica y el apoyo de Urovesa a Defensa

La visita del delegado del Gobierno Pedro Blanco a Urovesa sirvió para reafirmar el respaldo del Ejecutivo central “a unha empresa galega que leva a tecnoloxía por todo o mundo”, confirmaba el representante estatal, acompañado por los diputados José Ramón Gómez Besteiro y David Regades. La compañía compostelana, con factoría en Valga, comparte proyectos con el Ministerio de Defensa por 148 millones de euros, y está incluida en el PERTE do Vehículo Eléctrico e Conectado con otras firmas por 32,8 millones. 

Así lo trasladaba la comitiva de diputados y delegado del Gobierno este viernes durante su recorrido por las instalaciones de Valga. Allí fueron recibidos por el presidente de Urovesa, Justo Sierra, y desde la dirección de la compañía agradecían su presencia “para recoller as inquedanzas dos empresarios industriais para o desenvolvemento da nosa actividade”. También hicieron hincapié en que desempeñan “un traballo sostible e mirando cara ao futuro”, con unos productos que “benefician á nosa sociedade e garanten a seguridade en eidos como os dos incendios forestais ou catástrofes”, reseñaban.

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A su vez, Blanco no dudó en calificar a Urovesa “como unha empresa punteira de Galicia e España”, al tiempo que ponía sobre la mesa la importancia de los proyectos que comparte con defensa “por case 150 millóns de euros”, pero también su participación en la primera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico e Conectado (VEC) a través de un proyecto con otras empresas que recibieron unas inversiones “que dan mostra do compromiso deste Goberno co futuro industrial de Galicia e co sector da automoción”, dijo. Asimismo, el delegado se mostró convencido de que esta firma “representa ao novo empresariado español, preocupado pola innovación, a tecnoloxía e o mercado exterior”.

Besteiro, por último, rompió lanza hacia la “proxección do legado de José Sierra –fundador de Urovesa–, que fai marca España e aposta pola tecnoloxía”, para terminar elevando a esta compañía a la categoría de “referente en defensa e servizos públicos” para concellos y diputaciones.