Las maniobras de Arabia Saudí frenan la respuesta del Gobierno para blindar Telefónica

Saudi Telecom (STC), la operadora controlada por Estado de Arabia Saudí, provocó un terremoto el pasado 5 de septiembre con su inesperada irrupción en el capital de Telefónica. Un terremoto corporativo -porque el plan saudí pasa por convertirse en el mayor accionista de la teleco con un 9,9%- y también político -porque para que la compañía árabe llegue a esa cota accionarial debe contar con el permiso explícito del Gobierno español y porque dentro del propio Ejecutivo ha habido choque por cómo reaccionar-.

Tres semanas después de la sorpresiva entrada en el accionariado de Telefónica, este miércoles se reunió por primera vez el consejo de administración de la teleco para que su presidente José María Álvarez-Pallete trasladara al actual núcleo estable de socios -conformado por Blackrock (4,98%), BBVA (4,87%) y Caixabank (3,5%, que suma otro 1,5% en manos Criteria, el brazo inversor de Fundación Caixa)- la información transmitida por el nuevo socio en su viaje exprés a Riad tras conocerse a la operación y un segundo encuentro la semana pasada en el marco de una reunión de la patronal mundial GSMA.

En la compañía en principio se confía en las intenciones amistosas del nuevo socio -que ha expresado su respaldo al equipo gestor y a sus planes de futuro de apuesta digital-, pero varios consejeros transmitieron su inquietud por la entrada de Arabia sin comunicación previa y por el bajo precio pagado por la participación acumulada, unos 2.100 millones, a precios de mercado y sin prima, en una operación orquestada junto a Morgan Stanley para no ser detectada.

Y tres semanas después del anuncio, también, STC sigue sin formalizar la solicitud de autorización ante el Gobierno para completar el control del paquete accionarial del 9,9% y no tiene un plazo legal concreto para hacerlo. El Ejecutivo español insiste desde el primer momento en que analiza todos los detalles de una operación que afecta a una compañía estratégica para el país, que vigila cómo evoluciona la situación y que velará por la autonomía de la teleco por su vinculación con la seguridad nacional, e incluso se ha deslizado que analiza condiciones concretas al nuevo inversor. Pero lo cierto es que la estrategia de Arabia de retrasar la petición formal bloquea cualquier respuesta del Gobierno español.

STC no mueve ficha

Saudi Telecom ha adquirido una participación directa del 4,9% de las acciones de la compañía española y otro 5% de manera indirecta mediante derivados financieros, por un total de unos 2.100 millones de euros. El grupo saudí actualmente sólo puede ejercer los derechos de voto correspondientes a ese paquete directo del 4,9% y el Gobierno no puede tomar ninguna medida si el nuevo inversor no mueve ficha superar esa cota.

La operadora árabe, controlada en un 64% por uno de los fondos soberanos de Arabia, debe pedir permiso al Ministerio de Defensa y contar con el ‘ok’ posterior del Consejo de Ministros si pretende ejercer los derechos políticos hasta el 9,9% o si confirma su intención de tener presencia en el consejo de administración de Telefónica.

Fuentes próximas al grupo saudí insisten en que se sigue valorando la entrada en el consejo de la teleco, pero que no hay aún una decisión (fuentes del mercado dan por hecho que al menos solicitará un asiento). Lo que sí se confirma totalmente desde el entorno de STC es la intención de formular la solicitud de tener derechos de voto por el 9,9%. Tras informar en un primer momento que la petición del permiso sería cuestión de días, tres semanas después ahora se apunta que no hay fecha prevista, y sólo se admite que se está preparando la documentación y que está en proceso de elaboración.

Condiciones del Gobierno

Hasta entonces, el Gobierno ve frenada una eventual respuesta para blindar Telefónica. "Lo cierto es que no se ha producido ninguna notificación oficial y por tanto no se ha iniciado ningún trámite específico relativo a esta operación", admitió esta semana la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. "Estamos, como no puede ser de otra manera, siguiendo muy de cerca todos los desarrollos que se puedan producir en ese contexto, pero no hay ningún cambio y ninguna novedad en este ámbito".

El Ejecutivo está valorando imponer a Saudi Telecom para completar su irrupción en Telefónica condiciones como límites a la venta de activos o a un pago prudente de dividendos, según avanzó la agencia Bloomberg. El plan gubernamental pasaría por incluir limitaciones como las aprobadas en 2021 al fondo australiano IFM Global Infrastructure para su pretensión de tomar un 23% de Naturgy (actualmente tiene un 14,5%).

Entonces la operación de entrada en el grupo energético estuvo condicionada al apoyo a la inversión en proyectos estratégicos renovables para España, al mantenimiento de la sede de la compañía y de la gestión de los negocios en España, a una política de prudencia en el reparto de dividendos, a mantener una parte significativa de la plantilla en España o una ratio de endeudamiento dentro del grado de inversión. IFM también estaba obligado a no respaldar la exclusión de bolsa de la compañía.

El ‘escudo antiopas’ levantado por el Gobierno durante la pandemia para proteger compañías de sectores estratégicos de operaciones de absorción indeseadas por inversores extranjeros exige con carácter general el visto bueno gubernamental para compras de paquetes superiores al 10%. Pero en el caso de compañías vinculadas con el sector de la defensa, como es el caso de Telefónica por sus contratos con las Fuerzas Armadas, el umbral se rebaja al 5% tras la última reforma del escudo que entró en vigor el 1 de septiembre.

 STC ha asegurado desde el primer momento no tener intención alguna de tomar el control ni una participación mayoritaria en el grupo español y que su inversión muestra el respaldo a la gestión realizada por el actual equipo ejecutivo comandado por José María Álvarez-Pallete, que ultima la presentación el próximo 8 de noviembre de un nuevo plan estratégico hasta 2026 con el foco puesto en aumentar la rentabilidad y crear valor para sus accionistas.