Asociaciones de jueces y fiscales aplazan el inicio de la huelga en espera de una nueva oferta de Justicia

División entre las asociaciones de jueces y fiscales en sus negociaciones con el Gobierno para lograr un incremento de sus salarios. Tras la tercera reunión mantenida este miércoles, tres de las asociaciones - Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales - han acordado aplazar hasta el 19 de mayo la huelga que habían anunciado en espera de una nueva oferta por parte del Ministeiro de Justicia, que había solicitado más tiempo para poder ofrecer una nueva oferta.

Por su parte, tanto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria han decidido consultar con sus respectivas ejecutivas antes de adoptar una decisión.

Las dos partes tratarán de volver a encontrarse antes de esa fecha para intentar un acuerdo que evite el inicio de los paros, que al coincidir con los que realizan los funcionarios de juzgados y tribunales podría causar efectos muy negativos en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Ya a su llegada a la reunión, Juan José Carbonero, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura aseguró la oferta de 46,7 millones de euros que puso sobre la mesa el equipo de Pilar Llop para evitar la huelga --lo que representaría hasta unos 490 euros al mes-- "sigue siendo inaceptable" aunque mejore en dos millones la propuesta inicial, informa Europa Press.

Según las fuentes consultadas, los representantes gubernamentales no se han mostrado dispuestos a incrementar la citada cantidad, que las asociaciones de corte más conservador de la judicatura y la Fiscalía considera insuficiente. De este modo, la tercera sesión de las negociaciones ha evidenciado los primeros signos de división entre los diferentes interlocutores que representan a ambas carreras, pues sólo las de sensibilidad progresista, que son Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales estaban dispuestas a firmar.

Este diario informó este martes que Justicia y Hacienda han puesto sobre la mesa tres diferentes ofertas, la más alta de las cuales llega a los 46,7 millones de euros, que consideran "inamovible".

Además, desde los representantes de la Administración se deja abierta la posibilidad de retirar la propuesta para el caso de que no haya acuerdo con todas las asociaciones.  En principio se ofrece a los fiscales jefes y jueces en categorías superiores subidas mensuales que van de los 350 a los 460 euros según la opción a elegir, mientras que para los grupos más bajos los incrementos serían mayores, de hasta 447 euros. 

Los funcionarios exigen negociar

Por su parte, los funcionarios de los juzgados y tribunales, que han cumplido este miércoles una nueva jornada de huelga, consideran que el Ministerio les está despreciando frente a otros colectivos, como los jueces y fiscales y los letrados, que ya obtuvieron subidas de hasta 450 euros mensuales en sus nóminas tras un paro de dos meses.

Por ello, los sindicatos convocantes han emitido hoy un comunicado en el que señalan que si el Ministerio no lesnvoca en diez días para solucionar el conflicto, convocarán huelga indefinida a partir del día 22 de mayo. Para dos días después de esa fecha ya han convocado una nueva manifestación.

"El Misterio de Justicia sigue despreciando a los 45.000 funcionarios de los Cuerpos generales y especiales, mostrando un nulo interés en solucionar un conflicto que está colapsando la Administración de Justicia abocándola a un abismo del que no podrá salir en años", aseguran desde este colectivo.

Exigen a Llop que les haga una propuesta económica que responda a las reivindicaciones planteadas, "con reconocimiento de las funciones reales y con el inicio de la negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa", según señala el comunicado conjunto firmado por la mayoritaria CSIF y también por STAJ, CCOO y UGT.

Según sus datos, los paros celebrados hasta ahora han sido secundados por un 90 por ciento de las plantillas en toda España, lo que ha provocado la suspensión de centenares de miles de juicios y otras actuaciones.

Ante este anuncio, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha denunciado la indefensión que sufren no solo los profesionales de este colectivo sino la ciudadanía en general. Tras conocer la nueva convocatoria, el decano Eugenio Ribón ha emplazado nuevamente al Ministerio de Justicia a impulsar de manera urgente un Pacto de Estado que ponga fin a una situación “inadmisible para la sociedad e insostenible para los profesionales”.

Sólo el pasado martes “la concatenación de huelgas provocaron en Madrid la suspensión del 37% de las vistas”, según los datos recogidos por la corporación madrileña a través de las salas Abogacía desplegadas por los distintos juzgados y tribunales.