La Audiencia Nacional analiza si las esposas de yihadistas repatriadas de Siria adoctrinaron a los menores

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga por presuntos delitos terroristas a Yolanda Martínez y a Luna Fernández, repatriadas desde Siria el pasado mes de enero en compañía de 13 menores -la mayor parte de ellos hijos biológicos-, quiere saber cómo evoluciona la situación de los pequeños en nuestro país. 

También quiere comprobar si fueron adoctrinados en el yihadismo por estas mujeres, cuyos maridos eran lucharon por el DAESH, durante su vida en el país asiático, una prueba sustancial para reforzar la grave acusación que pesa sobre ellas y que las mantiene en prisión preventiva.

Los niños, de edades muy diferentes, están siendo evaluados desde el pasado lunes por una psicóloga y un trabajador social, según adelantó Abc. La diligencia fue solicitada por la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, según señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes jurídicas.

Algunos de estos niños ya no están en los centros de menores de la Comunidad de Madrid, donde fueron acogidos a su llegada. Es el caso de los cuatro hijos de Yolanda, cuyo abogado, José Luis Laso, explica a este diario que recibieron muy buen trato por parte del sistema autonómico de protección de menores, pero que ya se encuentran con sus abuelos. Por su parte, Luna llegó con 9 niños, cinco de ellos hijos biológicos.

Siguen en prisión

El letrado ha solicitado ya en dos ocasiones, sin éxito, la puesta en libertad de su cliente, y tiene previsto volver a hacerlo una vez se obtenga el análisis de los menores. La situación procesal de esas mujeres no se ha visto modificada desde que entraron en prisión el pasado 11 de enero, puesto que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 cree que persisten los indicios que evidencian “profundos contactos” entre ambas y la organización terrorista islamista. 

La defensa considera, sin embargo, que no hay motivos para mantenerlas en prisión porque no existe riesgo de fuga. "Vinieron a España de forma voluntaria, tras estarlo pidiendo durante cuatro años y tienen aquí a sus hijos", explica.

La investigación las sitúa en la autodenominada Brigada Al Andalus, establecida en Madrid y que llevó a cabo labores de radicalización, reclutamiento y posterior facilitación del traslado a Siria e Irak para la comisión de ataques terroristas.

El DAESH les dio casa y trabajo

De ambas mujeres y de otra tercera, que no pudo ser repatriada, no se tuvo información fehaciente hasta su aparición en un vídeo de el diario El País, de abril de 2019. En el vídeo, Yolanda aseguraba: "llegué sin saberlo, pero estaba muy contenta. Nos dieron una casa y a mi marido un trabajo en el juzgado del ISIS haciendo recados. Por fin tuvimos una situación estable económica".

Respecto a la otra mujer, Luna Fernández, el magistrado señalaba que era también conversa al islam y mientras vivió en España jugó un rol clave dentro del grupo de mujeres de los integrantes de la brigada. Sus manifestaciones en la misma grabación reflejaban "la interiorización radical y extremista del Islam, donde la sharia o ley islámica prevalece sobre la legislación de los países", según las resoluciones judiciales.

Fue en septiembre de 2019 cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 emitió las órdenes internacionales de detención contra ellas --y una tercera mujer marroquí-- que estaban en los campos de Al Hol y Al Roj en Siria, país al que viajaron para enrolarse en las filas del Estado Islámico, después de que expresaran su voluntad de regresar a España.

Su retorno se consideró por el Gobierno la única solución humanitaria frente a la situación que todas ellas y los pequeños sufrían en los campos situados al noroeste de siria, donde sobreviven más de 50.000 personas, la mayoría de ellas menores, en condiciones muy precarias. Estos lugares se consideran además caldo de cultivo para futuros terroristas islamistas.