El Tribunal de Cuentas rechaza que Puigdemont declare por videoconferencia y ERC pide suspender la vista

El Tribunal de Cuentas sigue adelante con la celebración de vista en la que tiene previsto juzgar la responsabilidad contable del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 34 demandados por el 1-O y la acción exterior, pese a que la proposición de ley de amnistía fue presentada este lunes. En esa línea, su negativa a que el expresident declare en la vista por videoconferencia, como pedían algunos codemandados, ha coincidido con la petición de la defensa de los demandados de ERC de suspender el juicio ante la inminencia de la promulgación de la amnistía.

La negativa de la consejera Elena Hernáez a aceptar el interrogatorio por videoconferencia del expresidente declarado en rebeldía por el Tribunal Supremo se fundamenta en que la petición de los codemandados Lluís Puig, Josep Manuel Suárez Iborra y Martí Anglada Birulés no se ha realizado con la antelación suficiente para poder ser tramitada en los términos previstos por la ley, cuando han tenido casi un año para poder solicitarlo y, sin embargo, no la han hecho hasta que faltaban solo cuatro días para la vista de enjuiciamiento prevista para este viernes.

La consejera tendrá ahora que pronunciarse sobre la petición de los demandados de Esquerra, entre los que se encuentran Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, a la que previsiblemente de aquí al viernes o al comenzar la vista se sumarán la mayoría de demandados. El partido republicano argumenta que se debe suspender al vista, porque "puede acarrear cargas procesales innecesarias", teniendo en cuenta que en unos meses será amnistiada la conducta por la que la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana reclama más de cinco millones de euros y la fiscalía 3,4.

La defensa de los condenados del procés por el Tribunal Supremo, pero también de los exaltos cargos de la Generalitat Aleix Villatoro, Josep Ginesta, Sergi Marcén, Erik Hauck, Maria Kapretz y Ewa Cylwik, argumenta que "es público y notorio que existe una mayoría que apoya la tramitación y aprobación de la ley de amnistía y, por tanto, es altamente probable que entre en vigor durante los próximos meses". Señala que "sería contrario a los principios de economía procesal y antiformalista, así como una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva".

El escrito insiste en que "la finalidad de la jurisdicción contable", que es "pronunciarse sobre un daño de carácter civil que debe ser resarcido a la administración víctima del menoscabo", no se cumplirá, dado que la ley de amnistía declarará extinguida la responsabilidad contable sin que dé tiempo a que la sentencia que se dicte sea firme antes de la promulgación de la norma. "No es función del Tribunal de Cuentas dictar sentencias puramente declarativas y sin efecto resarcitorio alguno", señala.

Refrendada

El rechazo a la videoconferencia se basa en que los solicitantes no han explicado ni han justificado las causas y razones por las que Puigdemont no podría comparecer a declarar el próximo viernes en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, pese a ser público y notorio que huyó de la justicia española en octubre de 2017 para no responder ante el Supremo por su responsabilidad en el procés.

La providencia recuerda que la declaración de Puigdemont como demandado se acordó tras la vista que se realizó en diciembre del año pasado para proponer y establecer las pruebas que se practicarán en el juicio. Esa decisión, señala la resolución, se confirmó expresamente en dos resoluciones posteriores (en junio y en octubre) sobre la forma de la práctica de la prueba de interrogatorio de parte y de las dos testificales que habían sido admitidas, una de ellas la que era interventora general del Estado María Luisa Lamela.

El tribunal mantiene así inalterable, al menos de momento, la celebración de la vista del viernes, pese a la amnistía y a que Puigdemont ya sabe que no comparecerá.