Gamarra viaja a Canarias para exprimir el pacto migratorio entre PSOE y Junts

Cuando se desveló que el

 para salvar los reales decretos leyes del Gobierno contenía el traspaso de competencias en inmigración para la Generalitat —después llegaron los matices y las distintas interpretaciones— el PP volvió la mirada hacia Coalición Canaria, su socio en el ejecutivo en las islas, para reprocharle que “se había equivocado” dando su apoyo a Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo entendía que los nacionalistas canarios no podían asumir una decisión que, de concretarse, tendría un impacto inmenso en su comunidad sin haber sido avisados.

Igual que no estuvo en riesgo el gobierno conjunto en Canarias después de que la diputada Cristina Valido diera su sí a Sánchez en la investidura, tampoco lo hubo tras esta votación. Pero la tensión política sí existe y en el PP consideran esencial que los socios habituales del Gobierno sean conscientes de que contentar a todos los grupos políticos será muy complicado cuando haya intereses contrapuestos. Todos los debates en materia de inmigración afectan mucho a las islas. Y, de hecho, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, viaja este viernes a Canarias consciente de las grietas que ya ha abierto el pacto entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont.

Después que varios ministros trataran de desinflar el globo fue el propio Sánchez el que desmintió que vaya a haber un “traspaso integral” de competencias a Cataluña, tal y como sigue defendiendo Junts. El presidente del Gobierno dejó claro que las competencias en el control de fronteras o la expulsión de inmigrantes son exclusivamente de titularidad estatal, y circunscribió el acuerdo a la gestión social y asistencial de las comunidades autónomas. Además, en el Ejecutivo recalcan que todas las decisiones en este ámbito no son ya de los países miembros en solitario, sino que emanan del reciente pacto europeo alcanzado y que cada vez tendrá más peso en la toma de decisiones. 

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No es la versión que mantiene Junts, aunque reconoce que los acuerdos se materializarán en una ley orgánica exclusiva para Cataluña y que el resto de socios de Sánchez deben compartir también. Pero el PP considera que se ha abierto un melón muy grave, hasta el punto de que se centrará en él al mismo nivel que la amnistía. Para los populares la desigualdad entre territorios y ciudadanos será lo que marque la política del Gobierno en esta legislatura, especialmente por la presión de socios como Junts o los nacionalistas vascos en Euskadi. Y en la dirección nacional reconocen que “exprimirán” su labor de oposición en ese sentido. 

Como publicó este diario, muchos dirigentes creen que el debate competencial y la afectación que vaya a tener en otras autonomías son asuntos que pueden hacer mucho daño al Gobierno y que conciernen directamente al resto de CCAA, en tanto a que son asuntos que sí afectan a la vida de la gente por encima de los debates políticos como es la amnistía. 

El asunto de la inmigración, en concreto, es especialmente sensible. Primero, porque ideológicamente los partidos que apoyan a Sánchez están muy distanciados. Y, segundo, porque casi todo el poder autonómico está concentrado bajo siglas del PP y los barones autonómicos darán batalla tras batalla. Varios de ellos exigieron una Conferencia de Presidentes de inmediato para saber qué términos se habían pactado de manera bilateral para Cataluña. 

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Coalición Canaria, que preside las islas en un Gobierno conjunto con el PP, registró una pregunta por escrito al ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, en la que exige conocer “la repercusión que tendrá ese acuerdo político en la gestión de las personas migrantes menores de edad que logran alcanzar las costas canarias sin estar acompañados por una persona de edad adulta”, y también los efectos prácticos para desarrollar procesos de derivación de las personas migrantes que llegan por mar a través de la Ruta Atlántica a las islas. 

En Génova reconocen debilidad en un acuerdo que, encima, el PSOE no ha sido capaz de explicar. La falta de transparencia se hizo visible desde el primer momento: nunca estuvo encima de la mesa un traspaso de competencias en inmigración y solo Junts publicó el acuerdo por escrito sin la firma de los socialistas. El enfado que mostraron el resto de socios, empezando por Sumar o ERC (que gobierna la Generalitat, el gobierno autonómico afectado) fue más que notable. Y en estas tensiones también pondrá el acento el PP en los próximos días.

La cúpula conservadora pretende hacer de la “desigualdad” provocada por el Gobierno su punta de lanza de oposición a todos los niveles. La amnistía, dicen, fue la primera piedra. Y las siguientes decisiones, a la espera de abrir la negociación de los Presupuestos Generales, continuarán por el mismo camino. Tanto es así que Feijóo ha iniciado un discurso muy duro contra el Congreso de los Diputados, restando legitimidad a esa Cámara e incluso tratando de que el Senado tenga mayor protagonismo. La idea que lanza el líder conservador es que el Congreso se ha convertido en un “foro de chantaje”, una especie de “subasta” o mercado persa donde las “minorías independentistas” consiguen poner contra las cuerdas al Gobierno. Hubo una excepción evidente que se consumó ayer con un gran pacto entre PSOE y PP para reformar el artículo 49 de la Constitución.