Leyenda negra e informes internacionales

Hace unos cinco años, una filóloga española, María Elvira Roca Barea, publicó un ensayo, Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, cuya tesis fundamental es que, a lo largo de la historia, aquellos países dominantes en la esfera internacional tienen indefectiblemente implacables detractores mediáticos en sus enemigos políticos o religiosos, que despliegan todas sus armas comunicativas para crear una trama de fake news en torno a sus maldades y defectos, y que, de todos los ejemplos estudiados, fue la campaña contra España la más dañina y perdurable en el tiempo, la famosa leyenda negra cuya expansión se debió al trabajo propagandístico realizado sobre todo desde los Países Bajos, Alemania, Inglaterra e Italia.

El libro causó un gran impacto y obtuvo un enorme éxito, pero rápidamente se levantaron voces contrarias a sus tesis, entre ellas las de Carlos Martínez Shaw o, sobre todo, José Luis Villacañas, que publicó un contra-ensayo redactado exclusivamente con el propósito de rebatir las propuestas de Imperiofobia. Se desencadenó una extraordinaria controversia, en un país muy dado a discutir sobre la guerra civil y el franquismo, pero muy poco conocedor de cualquier acontecimiento histórico anterior al siglo XX y desinteresado de su pasado. Artículos periodísticos y tertulias radiofónicas alimentaron la polémica durante unos meses, a la manera de la controversia sobre el naturalismo en la novela del siglo XIX, protagonizada en el caso español por una vehemente Emilia Pardo Bazán, ferviente admiradora de las nuevas formas literarias.

Al margen de la polémica sobre algunos datos y cifras supuestamente abultadas utilizados por la autora y el debate político inevitablemente generado por sus tesis, la leyenda negra española es un hecho histórico incontestable y es forzoso recordar su pervivencia en momentos como los que vivimos estos días pasados. Que un organismo no comunitario, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del que son miembros, entre otros, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia y Herzegovina, Georgia, la Federación Rusa -todos ellos estados cuyos sistemas políticos, por no entrar en detalles, son manifiestamente mejorables- liderada en este caso por un diputado de origen letón perteneciente nada menos que a la minoría rusa, elabore y apruebe por entusiasta mayoría un informe que pone en duda la calidad de la democracia española, comparándola con la de Turquía, es preocupante.

Que ese documento ponga en entredicho la independencia del poder judicial español a causa de las sentencias a los políticos catalanes en prisión, es bochornoso. Que demande a nuestro país que reforme los delitos de rebelión y sedición para que no pueda interpretarse que se utilizan esos tipos penales en el castigo de la organización de un referéndum, por otro lado, ilegal, es grave. Que pida que se indulte a los políticos condenados -algo que el presidente del gobierno ha asumido velozmente-, que se anulen el resto de los procesos judiciales en curso relacionados con el referéndum inconstitucional de 2017 y que se permita la vuelta de Puigdemont y demás políticos independentistas catalanes fugados, sin cargos, es vergonzoso.

No puede entenderse cabalmente el resultado de la votación del informe en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -70 votos a favor, 28 en contra, 12 abstenciones- si no se alude a la pervivencia de esta leyenda negra que, tanto en época de Felipe II como de Felipe VI, tizna las instituciones españolas, muy particularmente la justicia, de negro azabache, como el jubón que luce el católico monarca en el retrato de Sánchez Coello que se conserva en el Museo del Prado.

España es, según el ranking de The Economist, la democracia plena número 22 del mundo, por encima, por ejemplo, de Estados Unidos, Italia, Francia o Portugal. Recibe menos demandas y es el menos condenado de Europa, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno de los órganos del Consejo de Europa, por cierto, junto con la Asamblea Parlamentaria de la que emana el informe mencionado: el número de condenas por vulneraciones de derechos humanos es menor que el que afecta al Reino Unido, Suecia o los Países Bajos. Pero todos estos datos se omiten.

El verdadero valor reside en ese tendencioso informe elaborado por un diputado letón que, cuando visitó España para documentarse en febrero de 2020, no se había molestado en leer la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los políticos independentistas procesados y condenados por sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos, tal y como él mismo confesó a los fiscales con los que se reunió. Como Antonio Pérez, el secretario prófugo de Felipe II que desde el exilio en Londres y París trabajó incansablemente para hacer crecer la burbuja de la leyenda negra, quienes han elegido por residencia Waterloo -una estupenda canción de Abba, pero también el lugar donde tuvo lugar la batalla que acabó con Napoleón- extienden sus negros tentáculos hasta países lejanos para poner en duda la calidad democrática de nuestro país.