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Feijóo y el BNG insisten en pedir el traspaso de la autopista a Galicia

El líder socialista Gonzalo Caballero defiende que mientras el PP aprobó otros veinticinco años de concesión a Audasa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha liderado una “rebaja histórica” de las tasas

Galicia “debe gestionar” la autopista AP-9 y por eso se volverá a plantear su transferencia. Es la conclusión del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante la decisión de la Unión Europea de declarar ilegales las prórrogas de la concesión a Audasa de la “vía que vertebra” a la comunidad, y que en estos momentos encadenan los bolsillos de los gallegos al tener que pagar peajes hasta el año 2048, en lugar de verse liberados de la exigencia de las tasas desde 2013.

A pesar de la decisión de Europa, el titular del Ejecutivo gallego se mostró este viernes poco “optimista” sobre que este expediente pueda tener un impacto económico en Galicia. Explicó que lo que conoce es que se estudian las “decisiones de las prórrogas” de la autopista. En concreto, que el ejecutivo europeo considera que la última ampliación de la concesión de la AP-9, que extenderá los peajes hasta 2048, no se hizo de acuerdo a la legislación europea, que exige que cualquier concesión administrativa por valor de más de 150.000 euros requiere la convocatoria de un concurso público, circunstancia que no se dio en el caso de la concesión a Audasa.

Feijóo considera que el procedimiento de infracción a España cuestiona la actuación de todos los gobiernos desde los años 70 hasta Zapatero, pasando por los mandatos de Felipe González y José María Aznar. Subrayó que la Unión Europea entiende que “faltó el requisito de la publicidad y concurrencia” en las últimas dos concesiones. “Por lo tanto, vamos a ver si esas decisiones del Gobierno español reiteradas desde la décadas de los 70 son contrarias a la competencia y al derecho comunitario”, apuntó.

En todo caso, el presidente autonómico señaló que el nuevo escenario “viene a justificar la solicitud del Parlamento y del Gobierno gallego en torno a “la transferencia de la autopista a Galicia, para que sea el Gobierno democrático de Galicia el que tome cuenta del vial, que es la columna vertebral de los gallegos, los que la usan y la pagan”.

Poco optimista sobre la próxima gratuidad de la autopista, e insistente en que la trascendencia en la economía gallega vendrá con la transferencia, Feijóo apostillo su convicción en que “mucha operatividad y mucho impacto en la situación de la autopista en Galicia no va a tener”. Insistió en que “lo que puede haber es un aviso de un incumplimiento para que no vuelva a ocurrir”. Afirmó que la “autopista debe de ser gestionada por los gallegos, porque somos los que pagamos todos los días, a pesar de la rebaja, que es una excelente noticia”.

ESTRATEGIA DEL AVESTRUZ Para el secretario del PSdeG, Gonzalo Caballero, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, utiliza la estrategia del avestruz en torno al procedimiento de infracción de la UE contra España por prorrogar la concesión de la AP-9 sin concurso público, al afirmar que la decisión afecta tanto no solo a la prórroga dictada por el ejecutivo de José María Aznar, sino a los socialistas.

El líder socialista ve claro el intento del titular del Ejecutivo gallego de “esconder la cabeza” para ocultar que el PP dio “un gran sablazo” al privatizar la AP-9 y ampliar la concesión hasta 2048. “El presidente Feijóo es un especialista en escapismo, pero era muy amigo del Gobierno de Aznar cuando decidió privatizar la empresa pública Audasa y le dio 25 años más”, afirmó Caballero, para quien el presidente de la Xunta está “fuera de juego” por ser “responsable, en parte”, de que los gallegos paguen más tiempo por el uso de la AP-9.

Caballero ha recriminado asimismo la propuesta del BNG de aprovechar este expediente para “recuperar” la autopista porque podría implicar “costes” para el Estado el revertir esa concesión.

Tras defender que el Gobierno socialista de Sánchez ha realizado una “rebaja histórica” del peaje en esta autopista, afirmó que “tiene atadas las manos por una concesión dada por el PP que no se puede revertir si no se hace dentro del marco legal”, situación que puede conllevar “algún tipo de indemnización”.

Para el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, lo importante es que el PSdeG “no bloquee” el traspaso de la titularidad y la gestión de la AP-9 a Galicia, una iniciativa conjunta de todos los grupos del Parlamento gallego, y “deje de torpedear” esta transferencia.

Argumentó que la “prioridad” es que todos los partidos gallegos trabajen “unidos” por el objetivo del traspaso y que PSdeG y BNG dejen de pelear por atribuirse la autoría de la rebaja de los peajes de la AP-9.

Tellado recalcó las “múltiples extensiones” de la concesión de la AP-9 en escenarios muy distintos, como en el mandato de Felipe González, con el expresidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, en el Ministerio de Transportes.

SUSPENDER LA CONCESIÓN El diputado del BNG, Néstor Rego, adelantó este viernes que pedirá en el Congreso “suspender la concesión” de la AP-9 a Audasa. Afirmó que el objetivo es que la autopista pase a estar “libre de peajes”.

Para el diputado nacionalista resulta “absolutamente escandaloso y conocido” lo que determinó esta semana la UE por la forma con las que concedieron las prórrogas. Alegó que “hubo actuaciones que discriminaron a Galicia, como se constata con el final del pago en autopistas construidas en el mismo periodo que la gallega.

Rego cargó tanto contra la prórroga de 10 años aprobada por el Gobierno de Felipe González como contra la de 25 años que acordó José María Aznar. Recuerda que si no se hubieran consumado la concesión “habría acabado en 2013”. Así, afirmó que se trata de “un saqueo ilegal, porque llevamos pagado ya ocho años lo que no tendríamos que haber pagado”.

Aunque la UE fija la ilegalidad por la forma en que se concedieron las prórrogas, Néstor Rego instó a las instituciones comunitarias a que “profundicen más”.

En Colectivo ve cerca la gratuidad y va a recobrar los peajes

Vigo. Había un uno por ciento de posiblidades de tener éxito en la batalla emprendida en 2019 por los responsables de la Asociación de Consumidores En Colectivo ante el Goliat de la Unión Europea, en contra de las ampliaciones de la concesión de la AP-9, y han dado en la diana con la declaración de ilegalidad por parte de la Comisión.

Declarada la ilegalidad de las prórrogas que condenan a los gallegos a pagar peajes hasta 2048 por incumplir la normativa comunitaria, los promotores de la denuncia afirman vislumbrar el mejor escenario para Galicia: la posibilidad de que entre 2022 y 2023 la autopista pase a estar libre de pago y que los miles de conductores que han pagado desde 2013 las tasas puedan recuperarlas. Peor pinta para el Estado español porque se enfrenta a un probable desembolso de más de 1.400 millones por los peajes cobrados por Audasa durante los últimos ocho años tras una ampliación de la concesión que las autoridades comunitarias señalan como ilegal. España “no tiene argumentos, ni razones” para oponerse al procedimiento que le ha abierto la Comisión Europea por incumplir la normativa comunitaria al acordar prorrogar la concesión sin la debida transparencia y sin concurso público, afirman los promotores de la denuncia: Diego Maraña, Antonio Heredero y Carlos Cenalmor.

Desde la Asociación de Consumidores En Colectivo llaman a integrarse en la plataforma para contar con la masa crítica suficiente para reclamar a la Unión Europea la devolución de millones de euros. m.G.

25 sep 2021 / 00:00
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