Galicia y otras siete comunidades unen sus reivindicaciones sobre financiación, demografía y fondos europeos

El sistema de financiación, la despoblación, los entornos favorables para las familias o la asignación de fondos Next Generation unieron a ocho comunidades autónomas. Los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria, reunidos este martes en Santiago de Compostela, han estampado su firma en una declaración institucional con un total de 35 puntos en el que fijan posiciones comunes. Trasladan la necesidad de que España acometa pronto el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica, que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, vivan donde vivan. Reivindican que el nuevo sistema sólo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas, “y que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada Comunidad.”

Consideran que el objetivo que debe unirlos es el de “acertar en a definición de los costes reales que suponen los servicios que prestamos en el ejercicio de nuestra autonomía, así como de los factores demográficos con incidencia significativa sobre los mismos”, como único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneos en todas las Comunidades y evitar desequilibrios territoriales. Y consideran necesario reforzar el principio de suficiencia, que garantice a las comunidades recursos suficientes para prestar los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro. Además defienden la creación de un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las Comunidades Autónomas.

Indican en la declaración que las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deberán fijarse atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales. “Además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población son condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantiflcarse de fornna completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema. Precisan que, de forma específica, “se deben evaluar los gastos vinculados a la educación, sanidad y servicios sociales.”

Expresan su voluntad y compromiso de continuar la extensa trayectoria de colaboración para elevar la cuestión demográfica al nivel de prioridad institucional que merece en todos los niveles de gobierno. Piden que la estrategia nacional frente al reto demográfico se desarrolle progresivamente con la creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas de las zonas con desafíos demográficos provocados, entre otros motivos, por la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población.

Los ocho presidentes ven necesario impulsar entornos favorables para las familias a través de incentivos a los hogares con mayores necesidades, medidas de fomento de la conciliación y la corresponsabilidad, así como políticas de vivienda. Por eso apoyan al Gobierno central para que en todo el territorio nacional y con el apoyo económico necesario cumpla su propósito de universalización del acceso a las centros infantiles de 0 a 5 años. También solictan promover como prioritario el retorno de aquellos ciudadanos españoles (originarios y descendientes) que en la actualidad viven en el extranjero y la atracción de nueva población; y el desarrollo sostenible en las zonas rurales, desde la perspectiva económica, social y medioambiental. Entienden que la pandemia de la COVID-19 abre una ventana de oportunidad para incrementar el atractivo del medio rural para desarrollar un proyecto de vida.

En la declaración conjunta, los presidentes de las ocho comunidades autónomas muestran su apoyo al sector agrícola, ganadero y pesquero, fundamental en la economía de nuestras comunidades; así como garantías de precios justos al sector primario. Creen fundamental preservar la garantía de servicios homogéneos, especialmente en lo referido a la Sanidad Pública. Para ello, “además de renovar nuestro compromiso propio como Administraciones en el ámbito de nuestras competencias, solicitamos al Gobierno central que impulse con urgencia un gran pacto nacional para promover la oferta necesaria de profesionales sanitarios en las especialidades deficitarias, como Medicina de Familia o Pediatría (Atención Primaria), entre otras”. Sin olvidar el fomento de las infraestructuras de transporte, pero también las tecnológicas. “Es preciso seguir trabajando para reducir la brecha digital y alcanzar cuanto antes el objetivo de que el 100% de la población española disponga de acceso a banda ancha ultrarrápida.”

También se refieren a los Fondos Next Generacion habilitados por la Unión Europea, manifestando que son una oportunidad única para consolidar la recuperación económica, pidiendo cogobernanza y solicitando que no compita la asignación de recursos de la política de cohesión con el reparto de los fondos de recuperación, de modo que se asegure la complementariedad y un uso óptimo de los recursos en los territorios con importantes desventajas demográficas.