Indigna a Galicia la “inaceptable” subida del 4 % en los peajes de la AP-9 y AP-53

El clamor de los gallegos contra la subida de los peajes en las autopistas de titularidad estatal que discurren por la comunidad, que según las primeras estimaciones iba a superar el 9 %, sólo fue atendido en parte por el Gobierno central. Finalmente, la AP-9, que une Ferrol y Tui, y la AP-53 se incrementarán un 4 % a partir del uno de enero.

Así lo aprobó este martes en Consejo de Ministros el Ejecutivo de Pedro Sánchez para 11 autopistas de pago, entre ellas las que recorren Galicia, para mitigar el aumento de las tarifas del 8,4% por la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el efecto de las revisiones extraordinarias en tres de ellas. Un alza con la que los conductores que realicen el recorrido completo en la Autopista del Atlántico desembolsarán la friolera de 23,92 euros. Ir de Vigo a A Coruña tampoco será nada barato, pues costará 18,20-

La asociación de consumidores En Colectivo indica que esta medida es “un parche”, puesto que solo supone una “demora” de un mayor incremento hasta 2024, mientras que el BNG habla de “discriminación y agravio”, a la par que exige que se “paralice” el incremento y que finalice la concesión. También indignación en la Xunta, desde donde ven una “pésima noticia”.

En esta línea, el presidente Alfonso Rueda lamentó la decisión del Gobierno y reivindicó que había una solución “directísima y muy eficaz” para congelar los peajes, como hizo la Xunta en las autopistas de su titularidad. Tras asistir al acto de presentación del Plan Estratégico 2022-2030 del sector de la conserva, indicó que pese a que al principio se habló de un alza de hasta un 10%, ahora se quedó en un 4%. “Pero sigue siendo una subida”.

A renglón seguido, añadió que el Gobierno central podía haber optado por congelarlos. “Con la misma concesionaria con la que la Xunta negoció una subida del 0% para 2023, el Gobierno negoció un 4%. Es cuestión de voluntad y de priorizar. Lamento que no se priorizase que los usuarios no empezasen el año con un 0% de subida”, sentenció. “Se anuncia ahora una subida del 4%. Primero se llegó a hablar de un 1%, pero luego dijeron que no la autorizaba Hacienda. Como si el Ministerio no dependiese del Gobierno que tenía que acordarlo”, valoró. Además, Alfonso Rueda se quejó de que no se haya explicado cómo será este incremento de los peajes, ya que el Ejecutivo recoge que habrá otra subida aplazada de un 4%, lo cual sumaría un 8%.

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, censuró también este “inaceptable” incremento en ambas vías. Al respecto, apuntó al “clamor social” para la congelación de peajes que corresponden al Ministerio de Transportes. “Pedimos al Gobierno que adopte la misma decisión que la Xunta, que congelen los peajes de autopistas de su competencia”, dijo, en sintonía con Rueda. Lamentó que los gallegos tengan que “sufrir” un aumento de una vía troncal como es la AP-9, al tiempo que la AP-53 “no tiene ningún tipo de bonificación”. Y es que considera que el Gobierno “puede y debe” tomar la decisión de la congelación de peajes en autopistas de su competencia en una “situación económica complicada”.

convenio . La conselleira hizo esta valoración en una jornada en la que firmó el convenio con Autoestradas de Galicia para mantener sin variación los precios de las autopistas autonómicas, A Coruña-Carballo (AG-55) y Val Miñor (AG-57). Esta congelación va a beneficiar a unos 26.500 usuarios diarios que tienen estas dos vías. Así, se sella una nueva modificación del convenio con Autoestradas de Galicia por la que se prorrogan las tarifas, que ya en el año 2022 se redujeron a menos de la mitad de lo que le correspondería por el incremento del IPC.

Esta decisión se toma en un “momento económico muy complejo”, valoró Ethel Vázquez, por lo que cree que las administraciones tienen que realizar “un esfuerzo extraordinario” para “evitar esa subida del 7% que era la que correspondía legalmente”. El Gobierno gallego reserva en sus cuentas de 2023 una partida de 4,8 millones para congelar los peajes y mantener las bonificaciones vigentes en las autopistas autonómicas AG-55 y AG-57.

Según lo recogido en el nuevo contrato con la concesionaria, el Gobierno gallego aportará 2 millones para limitar a los ciudadanos el impacto de la subida del IPC en los peajes de las autopistas autonómicas, manteniéndose sin variaciones las tarifas actualmente vigentes.

De este modo, la responsable de Infraestruturas explica que un usuario entre A Coruña y Arteixo evitará una subida de 25 céntimos en cada trayecto, mientras que un conductor en Vigo y Baiona no tendrá un incremento de 20 céntimos en cada viaje. A esto se suman los descuentos para usuarios recurrentes, de forma que entre Vigo y Baiona supondrá más de 200 euros de ahorro al año, a la vez que entre A Coruña y Carballo serán unos 300 euros al año. También familias numerosas y viajes nocturnos cuentan con descuentos adicionales.

Más quejas. La asociación En Colectivo se mostró, igualmente, muy molesta con “parche” que pone el Gobierno a la subida de los peajes de la AP-9, puesto que solo supone una “demora” de un mayor incremento hasta el año 2024. En declaraciones a Europa Press, Diego Maraña advierte que el Ejecutivo “pierde una oportunidad para igualar” las condiciones de gallegos con las de catalanes y valencianos.

“Una vez más se nos da un trato diferente”, lamenta. Además, avisa del riesgo de que, si el IPC continúa “disparado” en 2024, lo que pasará con la AP-9 es que persistirá "el mismo problema, pero –multiplicado– por dos". En Colectivo es crítico con los fondos de inversión extranjeros que conforman en la actualidad la concesionaria Audasa.

Al mismo tiempo, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, coincidió con la Xunta al definir como “inaceptable” la subida y exigió a La Moncloa que paralice esta alza, ya que es “una discriminación y un agravio con Galicia en materia de infraestructuras”. Rego reclamó que finalice la concesión y liberar de peaje a la AP-9 por “existir un informe de la Unión Europea que declara ilegales las prórrogas concedidas de 10 y 25 años por gobiernos del Estado de PSOE y PP”.

La AP-9, indicó, “debería ser una autopista libre de peaje como lo son todas las carreteras estatales de su época que finalizaron la concesión a los 40 años”. De este modo, insistió en que “es una discriminación que se prorroguen la concesión y los peajes hasta 2048” . Esta subida “por mucho que sea la mitad de la reclamada por Audasa, sigue siendo una auténtica barbaridad en un contexto de crisis social e económica”. “Es un agravio comparativo, ya que el propio Estado, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, en autopistas que gestiona en el entorno de Madrid, sus peajes llevan congeladas desde 2018”, zanjó.

La medida. El BOE publicó el decreto de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, que es el que incluye la decisión que afecta a esta y otras autopistas. Así, en su artículo 51, se refiere a la subvención “extraordinaria y temporal de la revisión de tarifas y peajes en las autopistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado”. En ellas, indica, “la revisión ordinaria de las tarifas que corresponda aplicar en 2023 (...) será asumida por el Ministerio de Transportes en la medida necesaria para que los usuarios solo soporten una subida máxima de tarifas del 4%”.

Concreta que la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje calculará de oficio el porcentaje de subida de las tarifas y su distribución entre la parte soportada por los usuarios y lo que corresponde asumir a Transportes y elevará la correspondiente propuesta al titular del ministerio, para su aprobación por orden ministerial antes del 1 de enero de 2023. A partir de 2024, añade, “se reducirá progresivamente el porcentaje asumido por Transportes, conforme a los apartados primero y segundo de este artículo”. “El importe de la reducción se fijará motivadamente, por orden ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias, antes del 1 de enero de cada año”. Y avisa de que, “como máximo, el 31 de diciembre de 2026 deberá quedar suprimida esta subvención”.

Asimismo, a partir de 2023 las sociedades concesionarias remitirán a dicha Delegación del Gobierno, en los primeros 15 días naturales de cada trimestre, una relación de los tránsitos que se hayan producido en el trimestre anterior, indicando sus ingresos por peaje y los que habrían percibido si no se hubiesen aplicado las medidas reguladas en este artículo. Las concesionarias facilitarán a Transportes “cualquier comprobación que se estime oportuna en relación con la documentación remitida”.

La Delegación de Gobierno en las sociedades concesionarias calculará la compensación a percibir por cada sociedad concesionaria. Dicha cantidad se incrementará con los intereses devengados desde el día 16 del segundo mes, punto medio del trimestre, hasta la fecha de pago, calculados al tipo de interés legal del dinero, explica.

El BOE también recoge que la Administración General del Estado dotará las partidas necesarias para la subvención extraordinaria y temporal de los incrementos de tarifas. Y justo en el artículo siguiente establece un “crédito extraordinario para la financiación de la subvención extraordinaria y temporal de la revisión de tarifas y peaje en las autopistas” que, para 2023, será por importe de 23,3 millones.

A la espera de cómo se establecen los nuevos peajes por tramo, el incremento de un 4% implica que A Coruña-Santiago costará 7,5 euros, Santiago-Pontevedra 6,4 y Pontevedra-Vigo 4,3 euros. Ir de Ferrol a Tui por la AP-9 rozará los 24 €.