José Ramón cumplió con Hacienda pese al chantaje del funcionario público
Asdrúbal Casares le abrió una investigación a Blusens por una presunta estafa carrusel en facturas
En el caso de José Ramón García la pesadilla comenzó cuando todavía se encontraba al frente de Blusens. Asdrúbal Casares le abrió una investigación en 2008 y se le acusó de una estafa carrusel de IVA (año 2005-2006), con un entramado en diferentes países. El inspector de Hacienda instaba varias actas que en distintas instancias, administrativas y judiciales, se validaban dado el carácter de funcionario público del denunciante.
Durante varios años, García sufrió una auténtica persecución por parte de la Agencia Tributaria, a través del inspector Asdrúbal Casares, quien le abrió varias actas de inspección una vez que se negó a entrar en el juego que le proponían los miembros de esta trama corrupta,
Ante el fallo, desembolsó la totalidad del dinero reclamado según las tesis de la Agencia Tributaria. Lo hizo cuando hubo una sentencia en firme ya que el juzgado asumió las acusaciones del citado funcionario.
A José Ramón García, como administrador único de Blusens y por ende responsable subsidiario le reclamaban sobre 800.000 euros a los que hubo que añadir algo más de 700.000 de intereses (tras un largo proceso de una década) más la multa correspondiente; en total fueron 1.980.00 euros los que desembolsó haciendo constar su desacuerdo con la decisión de los juzgados.
Pese a que esto ocurrió en 2016 y Blusens dejó de existir en 2014, debido en buena parte a la persecución del inspector Asdrúbal Casares, García abonó la cantidad exigida en tiempo y forma.
El empresario compostelano, pese a todo, decidió personarse en la causa como querellante tras la persecución de la que fue objeto. Una vez que se sustancie el procedimiento actual se le abriría la puerta a reclamar el dinero que desembolsó al erario público y poder cerrar un capítulo que, en sus propias palabras, “ensució mi reputación”.
Desde esa situación puntual , José Ramón García y sus firmas se encuentran al día con el erario público, en contra de algunas insinuaciones que se siguen vertiendo sobre él y sus firmas, precisamente por lo acontecido con Asdrúbal Casares. Añade el empresario que “considero que la Agencia Tributaria y sus funcionarios son un ente de intachable reputación que no merecían tener en sus filas a un alguien como Asdrúbal Casares”
EL TEMA DE REDCOM. Manuel Ferreira, el propietario de Redcom, era un empresario de éxito como José Ramóm García y también vivió un calvario similar tras una investigación en la que Hacienda le reclamaba una importante cantidad de dinero: 8,5 millones. Se le abrió juicio, la Fiscalía se adhirió y tuvo que pagar.
La empresa estaba en plena expansión y decidió recurrir. El nuevo juez no solo le absolvió sino que obligó a la Agencia Tributaria a devolverle los 8,5 millones que le había retenido. Pasaron los años y todavía no recibió nada de lo que era suyo porque Casares, antes de ser detenido, abrió un procedimiento administrativo que paralizó la devolución, no sin antes informarle de que había una fórmula de que todo acabara, previo pago. El empresario se negó.
Para Redcom las pérdidas fueron incalculables porque además de los fondos que tiene retenidos, en este tiempo tuvo que cerrar 24 empresas, despedir a 320 trabajadores y la pérdida de importantes contratos con otras firmas.
··· La investigación se aceleró cuando, según el auto, “Pablo González Tenorio acudió al despachó profesional del señor Dapena Bolaño, asesor fiscal de la empresa BSL Eucalyptus, con quien previamente había concertado dicha cita para recibir asesoramiento para la constitución de una sociedad”. En dicho encuentro, en realidad, Tenorio le ofreció a cambio de la entrega de una cantidad de dinero solucionarle los problemas fiscales de su cliente que estaba tramitando Asdrúbal Casares. Aquello acabó en el juzgado y aceleró el proceso.
