No va más para Alcoa, que camina hacia la nacionalización o revienta

Al aluminio primario en Galicia y España que tiene a Alcoa como último exponente ya solo le quedan dos salidas: o la intervención y nacionalización, o el cierre. Caminar o reventar. Es pura lógica corporativa: lo que no genera beneficios se cercena. A una compañía ni gallega ni lucense poco le importará acabar con el medio de vida de las familias de 524 empleados directos y en los hogares de otro medio millar de trabajadores indirectos, si así convence a sus accionistas. ¿Que toda una provincia perderá a su referente industrial y el equivalente a un tercio de su PIB? It’s nothing personal: business is business... No es nada personal, los negocios son los negocios. ¿Le quitará el sueño al presidente y CEO de una multinacional con sede en Pittsburg, Pensilvania, EEUU, como es Roy Harvey, más atento a la cotización en Wall Street que a su plantilla? No.

Si lo hace a la plantilla, por supuesto, a los concellos y habitantes de toda A Mariña, a la Diputación de Lugo, a la Xunta, al Gobierno central, a los sindicatos y a todas las patronales tanto gallegas como españolas, que plantean el no pasarán ante esta decisión. Ya nadie pone trabas a la nacionalización y posterior venta a Liberty House, del grupo británico GFG Alliance.

Los 45 millones de $ acumulados al cierre de septiembre en pérdidas llevaron a una resolución tan esperada como temida: Alcoa anunció este viernes que pone en marcha el despido colectivo de 524 trabajadores de la planta de aluminio del complejo de San Cibrao, y que iniciará el proceso de “hibernación ordenada” de las únicas cubas electrolíticas que permiten fabricar aluminio primario en España. El resto o se recicla o se importa.

Esta paralización supone, en la práctica, el adiós a un proceso productivo que todas las partes implicadas, menos Alcoa, califica como estratégico. Son 228.000 toneladas métricas de capacidad productiva que desaparecerían justo cuando se acaban de cumplir cuarenta años desde que, un 6 de octubre del año 1980, los Reyes de España –entonces Juan Carlos y Sofía– acudían a Cervo para inaugurar las plantas de Alúmina Aluminio. Menudo regalo envenenado de la multinacional estadounidense. Ésta, por medio de un comunicado, explicaba que tomó la decisión en la tarde del pasado jueves tras “analizar todas las opciones posibles” y al cierre de un periodo de consultas de cuatro meses. Alegan que el 29 de septiembre se comprometieron a tomar y comunicar su decisión sobre el despido colectivo en el plazo de 15 días que marca la ley... y así lo hicieron.

Además, avanzó su previsión de que la hibernación ordenada de las cubas concluya en el primer trimestre de 2021 y que mantendrá 99 empleados operando una parte, pero ya no para el propio, sino para la materia prima que adquieran o que reciclen.

Lo que no se tocará será la refinería de alúmina –con otro medio millar de operarios–, que “no fue incluida en el proceso de consultas y continuará operando”. Tanto en el comunicado como en una carta que el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, remitió a la plantilla lucense, se explica que las cuentas no dan. Perdió más de 110 millones de euros entre 2018 y 2019, y en la actualidad aproximadamente 1 millón por semana, 38 en el acumulado en lo que va de año.

30 días por año trabajado. Alcoa esgrimía los graves “problemas estructurales”, entre ellos la falta de un marco energético estable y competitivo, junto a la sobrecapacidad mundial de producción, que motivan la decisión para taponar la sangría económica. Reconoce que “éste es un resultado difícil” y se compromete a “reducir el impacto en nuestros empleados” mientras se trabaja en la reestructuración “segura” y acorde a la normativa de la planta. Indicaban Harvey y Dorado que pagarán indemnizaciones de 30 días por año trabajado y máximo 12 mensualidades, articulando planes de recolocación externa.

En su carta a los trabajadores, el presidente para España sostiene que durante el período de consultas del ERE “ofrecimos un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) hasta julio de 2022, así como un proceso de venta con las cubas paradas; pero todas esas alternativas fueron rechazadas”. Defiende que actuaron de buena fe y que pese a ampliar el periodo de consultas y hacer “importantes concesiones” a GFG, fue imposible llevar a buen término la venta. Tampoco con la pública SEPI. “No podemos aceptar condiciones fuera del marco acordado o no razonables”, se escudaba Dorado ante la plantilla.