La mayoría de los trabajadores perderán poder adquisitivo por culpa de la inflación

La mayoría de los españoles va a perder poder adquisitivo por el despunte de la inflación, que podría cerrar el año en torno al 9 %, ya que el 65 % de los trabajadores no está protegido por convenio, mientras que el 75 % del resto de asalariados tiene cláusulas de revisión salarial topadas, en su mayoría por debajo del 4 %.

Según datos del Banco de España, sólo 1,7 millones de trabajadores tienen cláusulas de revisión salarial en sus convenios, y de ellos únicamente el 25% está vinculada al avance del IPC, que en los últimos meses ha rondado el 10%, aunque en septiembre se ha moderado hasta el 9 %.

LA CONSTRUCCIÓN SUBIRÁ LOS SALARIOS UN 3%. En el ámbito de la construcción, durante el mes de mayo patronal y sindicatos alcanzaron un acuerdo a nivel estatal que recogía una subida del 10% de forma escalonada en tres años, desligándolos así del alza del IPC.

Según lo pactado entre la CNC, CCOO del Hábitat y UGT-FICA, en 2022 se elevarán los salarios un 4%, en 2023 un 3% y en 2024 otro 3%, aunque estos son los mínimos a nivel estatal y los sindicatos no descartan un margen de mejora en los acuerdos provinciales.

datos del sector energético. Mientras que Repsol, que emplea a unos 17.000 trabajadores en España, cuenta con un acuerdo marco que garantiza un incremento salarial del 75% del IPC, Iberdrola -con 9.800 empleados- no contempla revisiones salariales en su convenio, sino actualizaciones ligadas al beneficio de la compañía y otras variables.

En Endesa, sus 9.300 empleados tendrán derecho a una revisión con carácter general del 1%, que dependiendo IPC y otras variables podría aumentar e incluir algún pago extra, mientras que en Naturgy, con cerca de 4.000 asalariados, el sindicato mayoritario está llamando a la movilización para reclamar incrementos salariales, que la empresa propone que sean de entre el 2,5 y el 3 % para este año.

Entre las actividades industriales con más peso para la economía destaca el metal, que tiene la peculiaridad de que en su convenio colectivo estatal -de aplicación, por ejemplo, a la metalurgia, siderurgia, automoción, construcción naval e industria aeroespacial- no se negocian salarios, sino otras condiciones laborales.

Según explica a EFE la patronal del metal, Confemetal, los salarios se negocian en 50 convenios provinciales, con lo que sus características varían según lo pactado en cada uno, aunque los que están en vigor recogen un incremento salarial medio del 2,29 % para casi 940.000 trabajadores.

Por su parte, el sector químico firmó en 2021 una subida salarial del 1 % para 2021 y del 2 % para 2022 y 2023, aunque se incluye una cláusula de garantía salarial que se activará si la suma de los IPC de esos tres años resulta ser superior a los incrementos pactados para sus cerca de 300.000 trabajadores.

En la industria del motor no existe un convenio sectorial como tal, según explica a EFE la patronal Anfac, sino que cada fabricante negocia con los trabajadores de sus fábricas, aunque en su gran mayoría recogen revisiones salariales ligadas a la evolución del IPC.

Renault -con cuatro fábricas y 11.000 empleados- congeló salarios para 2021 y 2022, pero los actualizará conforme al IPC en 2023 más un 0,5 % adicional, y otro 0,5 % en función de la consecución de objetivos, mientras que Seat firmó un nuevo convenio que revisaba los salarios al alza un 6,5 % este año, y en función de la inflación a partir de 2023, con un adelanto del 0,25 % en enero para sus casi 14.000 trabajadores.

Los cerca de 13.000 trabajadores del grupo Stellantis, con fábricas en Zaragoza, Vigo y Madrid, verán también que sus salarios se actualizan conforme al IPC, mientras que los 6.000 de Ford en Almussafes (Valencia) acordaron congelar sus salarios hasta 2026 para recibir modelos eléctricos, y recibirán pagos lineales hasta esa fecha de entre 1.000 y 2.500 euros al año.

cAMPO Y PESCA. El campo español carece de convenio estatal, pero sí existen convenios provinciales, aunque los sindicatos critican que algunos están “atascados” y otros “desactualizados”, y que en los últimos años solo se han podido subir los salarios en el campo a través del salario mínimo interprofesional (SMI) y no mediante negociación colectiva.

En el sector de la pesca, en el que según el Régimen del Mar de la Seguridad Social se desempeñan cerca de 66.500 trabajadores de forma activa, tampoco cuenta con un convenio colectivo estatal, el cual es una de las principales reclamaciones de los sindicatos.

La hostelería cuenta con Acuerdo Estatal que estructura la negociación colectiva y que ha sido prorrogado para 2022. El sector de la restauración colectiva cerró el pasado junio un nuevo convenio para 2022-2024 que recoge subidas salariales y una cláusula de revisión en función de la evolución del IPC real.