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La reforma laboral sale adelante por el fallo de un diputado del PP en la votación

El decreto pactado por Gobierno, patronal y sindicatos logra la mayoría ‘in extremis’ por el despiste telemático de Alberto Casero y tras el voto en contra de los navarros // El rechazo de ERC y el apoyo de Cs podría hundir el pacto de investidura

Sin aire se quedaron por un momento la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, en primer lugar, y en segundo al mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los líderes de Comisiones y UGT, y quizá también, pero no tanto, el de la patronal. La votación que debía validar la reforma laboral pactada por La Moncloa con los agentes sociales parecía salir rana. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en un primer momento anunciaba que se derogaba, que no salía adelante... para instantes después acabar validándola. ¿Pero qué pasó para que se diese este rocambolesco resultado? Pues que, primero, los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) se saltaron la disciplina de voto acordada por la dirección de su partido y el PSOE y votaron en contra. Sin ellos no salía, así de ajustada estaba la situación. Pero salió. ¿Por qué? Porque se equivocó en el voto telemático un parlamentario del PP, Alerto Casero Ávila, que lo hizo por estar enfermo.

Donde debía marcar sí puso no, o dónde debía votar no puso sí. Este político, muy cercano al secretario general popular, Teodoro García Egea, rompía así con su equivocación la mayoría que había alcanzado el bloque de la derogación de la reforma. El Gobierno la sacaba adelante así por un solo y errático apoyo: 175 votos a favor y 174 en contra. Si Casero no hubiese fallado, serían 174 frente a 175, y adiós a la norma. De hecho los populares pugnaban porque se cambiase el signo del sufragio tan mal emitido, alegando incluso que el afectado eligió una opción y salió otra –algo técnicamente imposible, pues en el voto a distancia se debe confirmar una vez emitido y antes de enviar–, aunque el reglamento del Congreso no deja lugar a ello. De hecho, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, calificaba como “cacicada” la votación y aseguraba que Casero informó del error y debía rectificarse el resultado.

Ante lo ocurrido, explicó que Casero se personó en el Congreso “en una situación de enfermedad” y “se le impedió la entrada al hemiciclo”.

De los primeros aplausos de de los opositores a la regulación tras el también equivocado primer anuncio de Batet se pasó, después de que la titular de la Cámara anunciase la corrección del error –el propio Pedro Sánchez, que se dio cuenta de ello se lo transmitía y tranquilizaba en la bancada del Gobierno a una cariacontecida Yolanda Díaz– a la alegría del bloque a favor, del PSOE, Unidas Podemos y el nuevo socio, Ciudadanos, que vino a cubrir el vacío dejado por socios progresistas que apoyaron la investidura o los presupuestos, como ERC o Bildu. El BNG no varió un ápice de lo dicho y votó en contra.

Tras esta rocambolesca situación, casi kafkiana, con la traición de los dos diputados foralistas de UPN y el error del compungido Alberto Casero se logró por la minimísima el sí y el Congreso convalidó la nueva reforma laboral, dejando atrás la aprobada en minoría por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2012.

De los 176 votos afirmativos con los que inició la jornada el Gobierno –los 154 diputados de PSOE y Unidas Podemos; los 9 de C’s; 4 de PDeCAT; dos de Más País; y los de Compromís, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Coalición Canaria y Nueva Canarias– se cayeron los dos de UPN. Bajaban a 174. El no hubiese contado con 175 con el voto de los navarros díscolos que se saltaron la disciplina de partido –ya se les anuncian consecuencias–, gracias al PP (88), Vox (52), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), Junts (4), CUP (2), BNG (1), Foro Asturias (1) y el exdiputado de Cs en el Grupo Mixto, Pablo Cambronero.

El fallo que lo cambió todo no evita que se siembren dudas sobre las relaciones entre el Gobierno y sus aliados, aunque desde Moncloa lo nieguen. El propio Pedro Sánchez, señalaba que la convalidación de la reforma laboral es “la victoria de toda España, de todos y cada uno de los trabajadores y de las empresas de nuestro país” y, sin entrar en los pormenores que casi la tumban, agradecía a los grupos parlamentarios que la han apoyado y el arduo trabajo de los agentes sociales.

Sánchez destacó que las empresas van a ver incorporados elementos de flexibilidad interna alternativos al despido como los ERTES y que muchos jóvenes van a ver alterados sus contratos, “de precarios a contratos fijos”, indicaba, como probaron ya los datos del pasado enero.

En declaraciones a los periodistas, tanto el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, como la vicesecretaria general de este partido, Adriana Lastra, aseguraron que, como hasta ahora, seguirán dialogando con sus aliados tradicionales para buscar acuerdos, y negaron que el desacuerdo con el Ejecutivo suponga un punto de inflexión en las filas de ERC o de EH Bildu.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, lo puso en entredicho, y acusó a PSOE y Unidas Podemos de estar “intentado estafar” a los trabajadores” tras un proceso “no de negociación”, dijo sino “de presión”.

La CIG carga contra el nuevo decreto por prolongar la precariedad
Paulo Carril, secretario general del sindicato exige una legislación que avance en derechos

A Coruña. Decenas de personas se han movilizado este jueves por la mañana en A Coruña, convocadas por la CIG, para rechazar la que consideran una “no reforma laboral” porque creen que no erradicará “en absoluto” la precariedad y la temporalidad.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, exigió en declaraciones a los periodistas, la derogación de las reformas laborales y la aprobación de “una nueva legislación en la que podamos recuperar derechos y avanzar en nuevos derechos”.

“El incumplimiento grave de una promesa electoral, por mucho que se disfrace de propaganda y en un envoltorio de diálogo social, no puede obviar que los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012 se mantienen intactos”, remarcó.

En este sentido, subrayó que este decreto hará “que se consolide la política laboral del Partido Popular”.

Además, en su intervención, reclamó el derecho a que los trabajadores puedan negociar en Galicia “de forma directa” sus condiciones.

Esta nueva reforma, considera, supone que no exista el derecho a negociar convenios colectivos en la comunidad “teniendo en cuenta que la prevalencia de los convenios estatales será total y absoluta”

El sindicato tuvo otras mobilizaciones a lo largo de la mañana en Vigo, Pontevedra, Ferrol, Compostela, Lugo y Ourense.

Con estas concentraciones la CIG da continuidad a las movilizaciones realizadas el pasado domingo 30 de enero contra este nuevo pacto social “que viene a enterrar más derechos laborales y que significa consolidar las reformas de 2010 y 2012”, al seguir dándole la patronal todo el poder para que pueda despedir fácil y barato, aplicar ERE, ERTE y modificaciones sustancias de las condiciones de trabajo, bajar salarios y extender la precariedad y la pobreza laboral. Así lo expresó el sindicato en un comunicado, en el que indicó que esta reforma, pactada en el diálogo social y que finalmente se impuso ayer en el Congreso, es un nuevo instrumento que va a favorecer las nefastas políticas del PP y de Feijóo en Galicia y constituye la peor solución para afrontar de manera justa la crisis social e industrial que padece el país en los últimos años. ecg/efe

04 feb 2022 / 00:00
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