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Luz verde a una Ley de Vivienda que abrirá la puerta al control de precios

Unidas Podemos saca adelante su propuesta a pesar del informe contrario del CGPJ y el rechazo unánime del sector // Las comunidades tienen la última palabra en su aplicación

La nueva Ley de Vivienda estatal, finalmente y tras dos intentos fallidos, vio ayer la luz verde tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Ahora pasará a las Cortes, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia para cumplir con uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

“Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda”, dijo en la rueda de prensa posterior la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Nace envuelta en la polémica, ya que no contenta a nadie y se encuentra con la oposición de algunos Ejecutivos autonómicos, como es el caso del de Galicia, por considerar que vulnera sus competencias. Y no solo a las autonomías, sino que el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), responsable del retraso en la aprobación de la Ley –el Gobierno esperaba a su informe para sacarla adelante– afirma que vulnera las competencias autonómicas en un texto que dio a conocer el pasado jueves, tras meses de espera, que es preceptivo pero no vinculante.

La ley es la primera estatal que incluye control de precios en las viviendas, destacando ayuntamientos y zonas como tensionadas por el alto coste y la baja demanda. En estas zonas se podrá poner coto a las subidas de precio y los interesados podrán beneficiarse de incentivos o bonificaciones fiscales.

informe no vinculante del órgano judicial El CGPJ aprobó el jueves el informe, crítico con el anteproyecto, al considerar que la vivienda “es una materia de titularidad autonómica”. Tras conocerse el documento, la ministra Raquel Sánchez recordó al CGPJ que sus consideraciones debían ceñirse a los puntos que podrían interferir con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a los procedimientos de desahucio, y en este caso el órgano judicial no encontró ninguna objeción.

Así, “la primera ley de vivienda de la historia de la democracia”, en palabras de la ministra, se aprobó ayer aunque la idea era que saliera adelante a finales de 2021, y en segundo lugar, en enero de 2022. En ambas ocasiones no pudo ir al Consejo de Ministros porque no se había pronunciado todavía el CGPJ.

tensión entre los socios del gobierno Llegó a tanto la tensión, que provocó roces entre los dos socios del Gobierno ya que esta es una normativa nacida de entre las filas de Unidas Podemos, que condicionó su apoyo a los Presupuestos a que saliera adelante, por lo que la formación morada llegó a cuestionar el compromiso del PSOE con la reforma. Tanto fue así que la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistió en que no había “ningún género de dudas al respecto” sobre el compromiso de los socialistas con la ley y Sánchez también recalcó que no había fisuras en este aspecto, según informa Europa Press.

quinto pilar del estado del bienestar El texto del anteproyecto de ley pretende “configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar”, como dijo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese mismo día.

La normativa incluye el control de precios del alquiler en las zonas tensionadas. Así, las administraciones locales serán las encargadas de definir la declaración de estas zonas, por un periodo de tres años, aunque podrá prorrogarse año a año. La declaración de una zona tensionada implicará la articulación de un plan específico para revertir los desequilibrios. También se prevé un mecanismo excepcional de contención y bajada de precios.

En el caso de Galicia, aunque los datos son antiguos, solo A Pobra de Trives (Ourense) entraría en el cupo de ayuntamiento con zona tensionada, con lo que no tendría impacto.

El Gobierno pretende estimular el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que irán del 50% al 90% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

BONIFICACIONES FISCALES En las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.

Asimismo, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato. Además, en esta zonas el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones, con lo que se aseguran que la renta sola suba con el IPC durante un periodo más amplio.

No obstante, existirá una moratoria de 18 meses desde la aprobación de la ley hasta que rija el índice de referencia de los precios en las zonas tensionadas. Y de todas formas, como será decisión del Gobierno autonómico adherirse o no a estas definiciones, si la Xunta no lo hace los gallegos no podrán acogerse a los beneficios fiscales. El anteproyecto indica que las comunidades deberán declararse zona de mercado residencial tensionado con el procedimiento y requisitos que marca la ley, es decir, si lo hacen con otro método de contabilización tampoco valdrá.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA Y RECARGA EN EL IBI SI ESTÁN VACÍAS La ley quiere proteger el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado, e introduce el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada, que dará beneficios fiscales o de cualquier otra índole para los propietarios que ofrezcan un alquiler a precios reducidos.

Para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% al impuesto de bienes inmuebles (IBI) en la cuota líquida. De esta forma, se abre el abanico del 50% permitido en la actualidad hasta ese 150%. Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.

La interferencia con el papel de las comunidades autónomas es uno de los puntos en los que más se detuvo el informe del CGPJ. A pesar de eso, Sánchez insistió en que la Ley no invade sus competencias y las invitó a aplicar la normativa, aunque las dirigidas por el PP ya expresaron su rechazo en lo que concierne al control de precios en las zonas tensionadas.

Tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros de hoy, se remitirá de manera “inmediata” a las Cortes. La ministra demandó “el máximo consenso posible” durante el trámite parlamentario para conseguir “una herramienta que beneficia a todo el mundo”.

EL PP la califica de “EXPROPIATORIA” El líder nacional de los populares, Pablo Casado tiene para esta semana un tema claves sobre la mesa en torno a esta nueva normativa. Considera que la nueva ley es “expropiatoria” y ya avisó en días pasados de que el Partido Popular la recurriría si salía adelante en contra del criterio del CGPJ lo que, a su juicio, sería una “cacicada”.

La Xunta amenaza con recurrirla por invadir sus competencias

Santiago. La Xunta mantiene, a falta de ver el texto aprobado este martes en Consejo de Ministros, su intención de recurrir al Tribunal Constitucional la nueva ley si “invade competencias” y si no se “pacta con las comunidades autónomas”.

Preguntada al respecto en una rueda de prensa, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, denunció lo “alarmante” que resulta “desde el punto de vista institucional” que el Gobierno central dé ‘luz verde’ a la nueva normativa a pesar de haber obtenido un informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial. Tal y como afeó Vázquez, los jueces dijeron la semana pasada “que es una ley inconstitucional, que invade competencias, que ciertas regulaciones que quiere hacer tal y como están redactadas es totalmente engorroso y es inviable”.

En este contexto, destaca la “lealtad institucional” de la Xunta, lo que llevó a presentar ante el Gobierno “en tiempo y forma” sus alegaciones a la ley. Además, se trasladó en conferencia sectorial y lo dijo el presidente Feijóo, a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en su última visita a Galicia, el 21 de enero. “Pedíamos la retirada de la ley y ofrecíamos un consenso, intentar pactar un texto con las comunidades autónomas de un tema tan sensible como la vivienda. Parece que esto no va a ser así y, por tanto, Galicia presentará su recurso”, concluyó la conselleira, informa Europa Press.

Para el Gobierno galego el Ejecutivo central pretende con este texto, refiriéndose al conocido hasta ahora del anteproyecto de ley, asumir “competencias de las que carece”, al querer regular de manera unilateral, entre otros aspectos, la vivienda protegida oficial, la gestión del parque público residencial de titularidad autonómica o alterar los períodos de protección que afectarán a todo el parque público, entre otros aspectos. s. barba

Tres décadas de espera para vender VPO a precio de mercado

Esta nueva ley hará más difícil vender vivienda protegida o de protección oficial (VPO) ya que sus propietarios tendrán que esperar ahora 30 años para liberarla y poder venderla a precio de mercado. Hasta el momento el periodo de tiempo era fijado por el Gobierno de cada comunidad autónoma, que normalmente marcaban para poder ser descalificadas entre 10 y 30 años.

La nueva Ley de Vivienda establece que la protección para la vivienda protegida será “permanente”, pudiendo de todas formas las comunidades establecer alguna excepción, pero nunca antes de las tres décadas y siempre que el suelo sobre el que se edificó no está calificado como protegido porque si no se considerará la vivienda protegida permanentemente, es decir, que nunca se podría liberar para el mercado libre.

Queda la duda de si esta medida tendrá o no carácter retroactivo para las ya construidas, porque el Gobierno central dice que no pero el texto parece tener alguna laguna. Se tendrá que clarificar durante la tramitación parlamentaria. S.B.

Las preguntas de la oposición a Feijóo se centrarán en el tema

pleno del parlamento. Las dificultades para el acceso a la vivienda será una de las cuestiones que centrarán las preguntas de la oposición al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno del Parlamento la próxima semana, después de que el Gobierno central aprobara ayer la nueva legislación en este ámbito. La pregunta del PSdeG será en concreto sobre cuáles son las políticas públicas y previsiones estratégicas en materia de vivienda, mientras que la del BNG será más amplia y abarcará las dificultades de la juventud gallega para emanciparse, por lo que contempla, aparte del acceso a la vivienda, también otras cuestiones como el paro juvenil. Además, en el próximo pleno comparecerá la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a petición propia para explicar la política de la Xunta en la lucha contra el cambio climático, a lo que se sumará la petición del BNG para que aclare los “desmanes” de la Xunta dentro del “bum eólico”. El PSdeG tiene previsto focalizar el pleno en la “incapacidad de gestión” de la Xunta, empezando por la pregunta sobre la vivienda al presidente, al que acusa de “parálisis absoluta” en Galicia ante las dificultades de la juventud para emanciparse. efe

01 feb 2022 / 23:00
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