Tres exdirectivos de Hostelería admiten los pagos de facturas falsas para acceder a fondos públicos

Con más de una hora de retraso debido al extravío de una de las pruebas documentales en los archivos del Juzgado, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en la capital gallega, inició este martes el juicio contra cuatro exdirectivos y el exgerente de la Asociación de Hostelería Compostela, acusados de un presunto delito de falsificación documental y fraude de subvenciones. En el banquillo de los acusados se sentaron José Manuel Otero Romar, que fue presidente de la sección de Hospedaje, Jesús Sordo García, máximo responsable del área de Restauración; los extesoreros Ramón Carril Rial y Manuel Paz Paz; y el exgerente de la asociación, Andrés Condide Viaño, así como los responsables de las empresas acusadas de emitir facturas falsas a la entidad, Vilparo, Todo Ocio Galicia y Ana Trevisani.

Tanto Condide como Sordo admitieron con rotundidad ante el Tribunal, presidido por el magistrado Ángel Pantín, el pago de facturas falsas por parte de la entidad a varias empresas —cuyos importes recuperaban luego— para poder acceder a subvenciones de la Deputación de A Coruña que acababan en las arcas de la entidad. El exgerente señaló en el juicio que “presentamos esas facturas y todas eran falsas, pero todos éramos conocedores de ello: los directivos las firmaron sabiendo que eran falsas, si bien es cierto que no se hizo por lucro personal, sino que todo ese dinero fue para las arcas de la asociación”, que pasaba por malos momentos económicos, dijo.

También reconoció la creación de una sociedad limitada, paralela a la asociación, para “poder acceder a ciertos concursos”, como el de la Nave 5 de la Plaza de Abastos o el desarrollo de actividades en el Palacio de Congresos, de la que “los dos presidentes eran los responsables”, manifestó Condide. Se trataba en realidad de una empresa pantalla, puesto que, tal y como admitió Condide, “no tenía personal y quien llevaba a cabo toda su actividad era el personal de la Asociación de Hostelería”.

El exgerente acusó directamente a Otero Romar, a Carril y a Sordo de ser “conocedores de la falsedad de estas facturas”, si bien liberó en parte de responsabilidad a Manuel Paz, “que venía, firmaba pero pienso que no se enteraba” de lo que estaba sucediendo, puesto que “en ese momento estaba enfermo”. Con todo esto, Andrés Condide remató su declaración reconociendo que los hechos que se juzgan y que se remontan a 2011 “fue un error que cometí y del que me arrepiento sinceramente”.

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En la misma línea se manifestó Jesús Sordo, que ante las preguntas del Ministerio Fiscal, quiso “pedir perdón y admitir los hechos”. Así, reconoció que la asociación pagó “facturas falsas” y que también en una junta directiva se acordó la creación de una sociedad limitada para poder realizar actividades en la plaza de Abastos y acceder a concursos.

Una actividad de promoción del Camino Inglés fue sobre la que supuestamente se produjo el fraude. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, entre los años 2010 y 2014 cobraron distintas subvenciones de la Deputación “falseando los requisitos exigidos y aportando facturas que no obedecían a una prestación real de servicios”. En noviembre de 2011, la Asociación de Hostelería recibió dos subvenciones de la Deputación para el proyecto de desestacionalización turística ‘El Camino Inglés para comerlo, un camino por descubrir’. Sumaban 101.975 euros. En 2013, al amparo de los fondos europeos de desarrollo regional, cobraron 35.140 euros, que fueron abonados en el año 2014 para la sustitución en la sede de la asociación de las luces por otras led. También modificaron la fecha de la realización de obras en la sede de la entidad para poder acceder a una ayuda de 250.000 euros del ente provincial, pese a que el año en el que realmente se habían acometido no entraba en el periodo subvencionable. La rehabilitación se había llevado a cabo en 2009 y la subvención se pidió cuatro años después, en 2013, según el relato del Ministerio Fiscal.

En este contexto, José Manuel Otero Romar, presidente de la rama de Hospedaje de la asociación, remarcó en su declaración que “toda la tramitación de subvenciones era dirigida directamente por el gerente”, a quien también atribuyó la función de “negociar las subvenciones” con las administraciones públicas.

“Llegaba con la propuesta a la junta directiva y se le daba para adelante”, dijo, antes de asegurar que “nunca en la vida” supo que las facturas que se le dieron a firmar eran falsas. “Autoricé el pago de las facturas que me traía el gerente, porque venían con el visto bueno del departamento contable y otros muchos filtros previos. Mi deber estatutario era firmar el pago de facturas”, explicó. El expresidente de Hospedaje añadió que “siempre me he fiado del equipo que teníamos” y subrayó que “no tenía el control de las cuentas”. También dijo que desconocía el nombre de la SL que se creó de manera paralela a la asociación; e indicó que la junta directiva autorizó la creación de una sociedad limitada, sin más, para acceder a concursos en el Palacio de Congresos de Galicia. “No recuerdo firmar ningún trámite administrativo, los firmaba el Sr. Sordo”, añadió, antes de asegurar que el suyo era simplemente un cargo “de representación”. También incidió en que los proyectos para los que se solicitaron las subvenciones “se ejecutaron”, tanto el relacionado con la promoción del Camino Inglés como los vinculados a obras en instalaciones de la Asociación de Hostelería.

“En mi vida cobré un solo gasto”, apuntilló Otero Romar, que también explicó que en su momento pidió documentación sobre la actividad de la asociación pero que nunca le fue facilitada por parte de la gerencia.

Argumentos muy parecidos expresó el extesorero Carril: “La mía era una función meramente representativa”, manifestó, a la vez que aseguró que “toda la gestión de la asociación la llevaba el gerente. Andrés Condide era de siempre el alma máter de la asociación, era la persona de confianza de todo el mundo, los presidentes y los tesoreros confiábamos en él totalmente”, indicó.

El extesorero aseguró que “jamás” fue a la Deputación “a pedir ninguna subvención ni tampoco me reuní con las empresas, toda la gestión de la asociación, todos los departamentos, pasaban por manos del gerente”. Al tiempo, se preguntó “por qué la asociación iba tan bien y de repente empezó a ir mal”, haciendo alusión a los “enfrentamientos” que existían en el seno de la entidad.

El otro extesorero, Manuel Paz, que en el momento que se produjeron los hechos estaba a la espera de un trasplante y permanecía hospitalizado con cierta frecuencia, dijo no saber nada. “Si lo hubiese sabido, no firmaría nada”, afirmó, a la vez que puntualizó que se limitaba a “firmar órdenes de pago”. Preguntado por su abogado, admitió que “en alguna ocasión incluso le llevaron los documentos a firmar al centro hospitalario”. También apuntó que tiempo después alguien le contó que esas facturas que había firmado para su abono eran falsas en realidad.

La responsable de las empresas Ana Trevisani y Todo Ocio Galicia ratificó en el juicio lo que previamente habían admitido tres de los exdirectivos investigados. Admitió ante el Tribunal haber emitido dos facturas falsas, por importe de 12.100 y 36.340 euros, a la Asociación de Hostelería. Dijo que así se lo pidió el gerente de la entidad, Andrés Condide. “La empresa trabajaba mucho para la asociación, me pidió el favor y cometí la torpeza de hacérselo”, reconoció la acusada. El otro investigado, gerente de una empresa de electricidad, también reconoció haber emitido facturas falsas y matizó que todas las conversaciones que mantuvo para este trámite fueron con personal administrativo de la asociación.

El juicio continúa esta mañana, en la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en Fontiñas, con la declaración de los testigos.