La Xunta acusa a Raxoi de deslealtad por no consensuar los costes de la capitalidad

El vicepresidente, Diego Calvo, afirma que no trabajan a “golpes de efecto”, ni “ocurrencias”

Se enfría la posibilidad de que Santiago reciba los 8,6 millones que reclamará a Rueda

El vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo

El vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo / Xoán Álvarez

La Xunta se suma a las críticas que estos días está lanzando el PP local a cuenta de la reclamación de 8,6 millones a la Administración gallega para compensar a Santiago por los gastos que le acarrea ser capital de Galicia. La cifra sale de un estudio, elaborado por la economista y profesora de la USC, María Cadaval, encargado por el Concello. El vicepresidente autonómico, Diego Calvo, acusó ayer al Gobierno de Goretti Sanmartín de “deslealtad” y advirtió que la Xunta no trabaja “a golpes de efecto”, ni “ocurriencias”.

Tanto Diego Calvo, como el líder de los populares de Santiago, Borja Verea, consideran que el importe que debe recibir Santiago tendrá que salir de un estudio que realice el Consello de Capitalidade, en el que están representados la administración gallega y la local. “El importe del convenio de capitalidad no se decide en una puja, sino que responde a un estudio detallado y valorado de los costes que tiene para Santiago la honra de ser capital de Galicia”, subrayó Calvo en un comunicado remitido a EL CORREO GALLEGO. En los últimos años Santiago recibe 2,4 millones anuales por este concepto. Ya en 2004 los profesores de la USC Luis Caramés (ya fallecido) y María Cadaval estimaron que Santiago debería recibir 5,5 millones. Raxoi solicitó la actualización de este informe para poner cifras encima de la mesa en la reunión que la alcaldesa mantendrá el próximo lunes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que le reclamará un incremento de la financiación. Sanmartín ya ha avisado que no reclamará una subida inmediata a los 8,6 millones, sino que pedirá que se vaya incrementando progresivamente la cantidad recibida para corregir la “deuda histórica” con la ciudad.

Pero la respuesta de la Xunta enfría esta posibilidad, por lo menos, a corto plazo. Calvo recuerda que además del convenio de capitalidad, Santiago recibe por parte del Gobierno gallego, que cuenta con la mayor parte de edificios administrativos en la ciudad, otros 1,8 millones de euros en concepto de IBI. El vicepresidente se pregunta, además, si las “demandas de la alcaldesa responden al “manual desesperado de negociación nacionalista” o a una forma de “hacerse oir dada la clara minoría en la que se encuentra en la corporación municipal”. Vicepresidencia insiste en que el Consello de Capitalidade es el órgano que “tiene que hacer el estudio de valoración de costes y si es el caso, fijar los instrumentos de compensación precisos”. Por este motivo, añade Calvo, “nos parece una deslealtad que se haya contratado un informe privado, no validado por nadie y pedir 8 millones de euros y esperar que se les abonen sin más”.

La argumentación de Calvo coincide con la que estos días han mantenido los populares compostelanos. La alcaldesa les pedía ayer que apoyasen el informe municipal que eleva hasta los 8,6 millones los costes y agradeció al PSOE el respaldo mostrado. “Los grupos de la oposición tienen que preocuparse también de que las administraciones que tienen que contribuir con Santiago de Compostela lo hagan”, afirmó Sanmartín en el desayuno informativo celebrado con motivo de los 100 primeros días de Gobierno. “Hablamos —dijo la alcaldesa— de una cuestión de justicia y de discriminación histórica”. Sanmartín insistió también en que Santiago“es la ciudad de todo el Estado que recibe la cantidad más baja por el concepto de capitalidad”. El lunes la alcaldesa daba ejemplos: Pamplona recibe seis millones; Palma de Mallorca, 31; Vitoria-Gasteiz, 10; Logroño, 13; o Zaragoza, 8.

Pero el portavoz municipal del PP en el Pazo de Raxoi no recogió el guante lanzado y perseveró en sus críticas. En la misma línea que Calvo, Borja Verea sostiene que “el Estatuto da Capitalidade ya prevé una Comisión mixta donde están sentadas las dos administraciones, y en esa Comisión y después de un estudio conjunto resultan que son 5, 8 o 40 millones, pues lo apoyaremos”. Para el popular también es “desleal” contratar un informe “privado, no validado por la USC y pedir 8 millones y esperar que todo el mundo aplauda”. Verea censura que el BNG esté convirtiendo al Concello de Santiago “en un arma de ataque constante” a la Xunta. “Estaremos atentos al resultado de esta estrategia de confrontacion y cuantos réditos consigue para Santiago, por eso será valorada, por los resultados de la reunión, y lo que está haciendo es dinamitar todos los puentes de diálogo poniendo los intereses de Ana Pontón por delante de los de Compostela”, recriminó Verea. “Hay que recordarle a Sanmartín que aunque es la alcaldesa con menor apoyo popular de toda la historia de Santiago entre sus obligaciones está representar a todos los ciudadanos y no convertir al Concello en el del BNG”, incidió.

“Espero que todos los gallegos estén tomando buena nota de lo que pasa en Santiago, y de lo que es capaz de hacer el BNG si llega a la Xunta de Galicia: ninguna gestión, deslegitimación de las instituciones e contratación de un ejército de asesores”, concluyó.