Ocho empresas optan a construir los tres edificios de vivienda protegida en Santiago

Tras años de parálisis en la construcción de vivienda protegida en Santiago, la licitación de tres nuevos edificios en la ciudad va tomando forma. En total sumarán 60 pisos que se ubicarán en las zonas de Lamas de Abade y Castiñeiriño. La Xunta inició la contratación de las obras a finales del año pasado y ya se ha acabado el plazo para presentar las ofertas. En total ocho empresas optan a construir alguno de los inmuebles. Dos de ellos se levantarán desde cero y el tercero ha tenido que salir a concurso para la finalización de los trabajos, ya que el primer contrato fue rescindido. 

Tan sólo una de cada cien viviendas que se venden en Santiago es de protección oficial

En diciembre, la Xunta anunciaba la promoción de dos nuevos edificios para destinarlos a alquiler protegido. Ambos se ubicarán en Lamas de Abade, en la zona urbanística denominada SUNP-12. El que se erigirá en la parcela BB3 contará con 24 pisos y para su construcción la Xunta destinará 4,63 millones de euros. En la parcela BB5 se levantará otro inmueble de 12 viviendas con una inversión de 2,5 millones. Todas ellas se adjudicarán en régimen de alquiler entre las personas inscritas en el Registro único de demandantes de vivienda en Santiago. 

El tercer edificio se sitúa en la rúa do Castiñeiriño, número 81 (SUNP-13, parcela 4B2) y sumará otras 24 viviendas. En febrero de 2021, las obras se habían adjudicado a la UTE Construcciones Alea S.L.-Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones. Esta empresa realizó los trabajos ubicados bajo la rasante del terreno —excavaciones, cimentación y sótanos—, así como la placa de la planta baja. Pero en ese punto las obras se pararon. Según explicó la Xunta, “las dificultades encontradas por la adjudicataria en los trabajos de excavación —con múltiples conducciones de servicios públicos en el terreno que fue necesario desviar—, así como los incrementos de los precios de los suministros de la construcción, hicieron que la continuación del contrato resultara imposible”. El Ejecutivo gallego optó por rescindirlo y el pasado 10 de octubre se abrió un nuevo procedimiento para finalizar el edificio. La inversión necesaria para completar el inmueble llega a 4,39 millones de euros.

Mesas de contratación

En las últimas semanas, las mesas de contratación ya han ido publicando las empresas aceptadas para participar en los tres concursos abiertos para adjudicar la construcción de los edificios. Varias compañías se han presentado a más de uno. En total son ocho las constructoras que optan a construir al menos uno de los tres inmuebles: Desarrolla Obras y Servicios, Ogmios Proyectos, Constructora Consvial, Construcciones Ramírez, Oreco Balgón, Obras y Servicios Gómez Crespo, Xestión Ambiental de Contratas y Construcciones y Obras Taboada Ramos. Una vez que se adjudiquen las obras, el plazo de ejecución varía entre los 12 y los 18 meses.

Más de 800 personas demandan en Santiago una vivienda pública o protegida por la Xunta

La vivienda de protección oficial (VPO) está prácticamente desaparecida del mercado inmobiliario compostelano. En los tres primeros trimestres del año pasado, sólo se vendieron en la ciudad cuatro pisos protegidos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sobre el que recaen las competencias de vivienda. La situación es parecida en el resto de Galicia y se ha agravado en los últimos tiempos con los problemas de suministro de materiales de construcción y el incremento desorbitado de los precios. Muchas empresas afirman que no les compensa construir viviendas a precios tasados ante unos márgenes de beneficio cada vez más ajustados.

La promoción de los dos nuevos inmuebles en Santiago se cofinanciarán gracias a los fondos europeos Next Generation, con una aportación de la Xunta de más de 4,2 millones de euros y 1,76 millones procedentes de fondos europeos.

Demanda al alza

La demanda de viviendas protegidas ha aumentado un 17 % en Santiago en tan solo nueve meses. Según los datos ofrecidos por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, un total de 968 personas estaban a mediados de enero en lista de espera para poder acceder a alguno de los modelos de vivienda protegida que se ofrecen desde las administraciones públicas. En el mes de abril de 2023, los demandantes eran 826, es decir, 142 menos que en enero de 2024.  

Según se desprende de los datos del IGVS, la inmensa mayoría de las peticiones (596) están dirigidas a la vivienda de protección oficial de promoción pública, y principalmente en régimen de alquiler. En los últimos años, los precios de los arrendamientos se han disparado y de media, según datos del Observatorio Galego da Vivenda, en el pasado mes de diciembre ya se situaron en Santiago en 565,7 euros. Son 359 las personas que han solicitado acceder a un alquiler protegido, mientras que 88 están interesadas en comprar y 149 en un alquiler con opción de compra.