Más de 800 personas demandan en Santiago una vivienda pública o protegida por la Xunta

Un total de 826 personas demandan en Santiago una vivienda pública o con algún tipo de protección en régimen de alquiler, compra-venta o alquiler con opción de compra, tal y como se desprende del registro del Instituto Galego de Vivenda y Solo (IGVS). En un contexto en el que el Gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo para aprobar la nueva ley de Vivienda, que pretende entre otros objetivos poner límite al precio del alquiler o movilizar 50.000 casas de la Sareb para arrendamiento a precios bajos, Compostela continúa sufriendo escasez de oferta de vivienda, ante una demanda cada vez mayor.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda confirma que actualmente hay registrados en lista de espera 528 solicitantes de viviendas de protección oficial de promoción pública, de los que 83 quieren hacerse en propiedad con uno de los pisos que promueve la Xunta de Galicia, mientras que 310 personas lo han pedido en régimen de alquiler; y 135 formalizaron la solicitud ante la administración autonómica para acceder a una vivienda pública en Santiago en régimen de arrendamiento con opción de compra.

El IGVS distingue en sus registros de demandantes a aquellos ciudadanos que quieren hacerse también con vivienda de promoción pública en núcleos rurales y en el casco histórico, que en Santiago, entre las tres categorías mencionadas, suman un total de 41 solicitantes (24 quieren comprar, otros 10, alquilar; y siete, alquilar con opción de compra). En total, entre zona urbana, rural y entornos protegidos, se contabilizan en Compostela 569 demandantes de una vivienda de promoción pública.

Por otro lado, la Xunta también ofrece datos de las solicitudes de pisos de promoción privada de régimen especial, que suman un total de 27; vivienda de promoción privada en régimen general, que son otros 200 (133 lo han pedido en régimen de alquiler); y vivienda de promoción privada en régimen concertado; que apuntan 30 solicitudes. Así, a la demanda pública hay que anotar la de otras 257 personas que quieren hacerse con un hogar fruto de la colaboración público-privada.

Consultada por EL CORREO, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda quiere recordar que la administración autonómica no impulsa promociones para venta o alquiler en términos generales, sino que “todas as vivendas que fai a Xunta adxudícanse en réxime de alugueiro se os ingresos dos adxudicatarios non superan 1,5 veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples”. Asimismo, matiza que “se os ingresos están entre 1,5 e 2,5 adxudícanse en compravenda, pero os adxudicatarios poden cambiar ao réxime de alugueiro se o desexan”.

Con esto, desde la Xunta señalan que “a inmensa maioría das vivendas adxudícanse en réxime de alugueiro porque na adxudicación teñen preferencia os ingresos máis baixos e, nestes casos, é obrigatorio o alugueiro”. En el caso de Santiago, desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo confirman que actualmente tienen adjudicadas en régimen de arrendamiento 236 pisos públicos.

Además, el IGVS recuerda que ha puesto en marcha dos promociones en Lamas de Abade y O Castiñeiriño, “das que 24 pisos xa están en construción e 36 están na fase de redacción de proxectos”, sesenta en total.

Frente a los datos ofrecidos por la Xunta, la concejala da de Urbanismo, Mercedes Rosón, criticó ayer que la administración autonómica, “que é a que ten a competencia a todos os recursos, non se promovera a construción nin dunha vivenda pública desde o ano 2009”. También lamentó las “demoras” en la construcción del bloque de 24 viviendas en el SUNP-13 (O Castiñeiriño); y en el proyecto para la obra de otras 36 en Lamas de Abade, cuando en Santiago hay más de 500 solicitantes de vivienda pública. Lo cierto es que la demanda es diez veces más alta que la oferta a corto plazo.