Tan sólo una de cada cien viviendas que se venden en Santiago es de protección oficial

La vivienda de protección oficial (VPO) está prácticamente desaparecida del mercado inmobiliario. En el primer trimestre de 2023, tan sólo se formalizaron dos ventas en Santiago, que supusieron el 1% del total de transacciones realizadas en la ciudad. El porcentaje lleva cayendo durante los últimos años. Justo antes del crack del ladrillo de 2008, la compra de casas protegidas suponía en torno al 9% del total. Pero tras la crisis, prácticamente no se han construido inmuebles con precios tasados para que puedan ser asequibles. La situación se ha agravado en los últimos tiempos con los problemas de suministro de materiales de construcción y el incremento desorbitado de los precios. Muchos promotores afirman que no les compensa ante unos márgenes de beneficio muy ajustados.

La estadística del Ministerio de Transportes sobre transacciones inmobiliarias certifica la práctica defunción de la VPO en la ciudad y también en el resto de Galicia. En 2020, un 6% de las 694 casas vendidas en Santiago aún eran de protección oficial. Un año después está cifra descendía hasta el 2,4% y en 2022 el porcentaje bajaba otro peldaño para situarse en el 1,4%. Lo hacía pese a que el año pasado la venta de inmuebles se situó en números que no se veían desde antes de la quiebra de Lehman Brothers. Se compraron un total de 949 viviendas, pero sólo 14 fueron VPO. En el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, el año 2006, en Compostela se llegó a las 1.252 transacciones, de ellas 109 fueron de vivienda de protección oficial (8,7%).

“La bajada importante se produce desde el estallido de la burbuja inmobiliaria”, explica Carlos Debasa, presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) con sede en Santiago. Debasa recuerda que en la comunidad se pasó de promover unas 3.000 viviendas protegidas a que “entre los años 2013-23 la cifra se quedase prácticamente en cero”. En toda Galicia, según los datos del Ministerio, se vendieron en 2022 un total de 6.058 casas. Sólo 96 fueron de protección oficial, un pírrico 1,5%.

Debasa explica que el incremento de ventas de inmuebles que se registró en los últimos años no ha venido acompañado de un impulso de la construcción, ni de VPO, ni de vivienda libre, sino que ha servido para ir comiéndose el extenso stock que había dejado la burbuja inmobiliaria. Las transacciones se han centrado, sobre todo, en las viviendas de segunda mano. De hecho, según los datos del Ministerio de Transportes de las 193 ventas realizadas entre enero y marzo de este año en Santiago, tan sólo 13 se correspondieron con casas nuevas.

La compraventa de viviendas suma su quinto mes de caída

El presidente de Agalin indica que aunque el mercado ha resurgido no se producen los desmanes del pasado. “Todo lo que se vende está en precio, ya no hay locuras”, asegura Debasa. Por este motivo, el precio tasado de la vivienda de protección oficial (en Santiago el metro cuadrado está a 1.500 euros) no dista tanto del que se paga por la vivienda libre. Los promotores, explica, aseguran que no les salen las cuentas ante el incremento de los costes de los materiales de obra que trajo la pandemia, primero, y la guerra de Ucrania, después. Pero también muchos compradores prefieren decantarse por la vivienda libre. “Por un poco más tienen más libertad, si la quieren alquilar, la alquilan, si luego quieren vender, pues venden”, resume el presidente de Agalin.

Pese a todo, la vivienda de protección oficial sigue contando con demanda en la capital gallega. En abril de este año, un total de 826 personas estaban inscritas en el registro del Instituto Galego de Vivenda y Solo (IGVS) esperando por una vivienda pública con algún tipo de protección en régimen de alquiler, compra-venta o alquiler con opción de compra. Buena parte de ellos reclamaban pisos para alquilar ante la importante subida de los precios que se ha registrado en los últimos años. Según los datos del Observatorio Galego de Vivenda (dependiente de la Xunta) el precio medio de una casa de alquiler en la ciudad en junio de este año se situaba ya en 538 euros. En 2014, el importe rondaba los 390 euros, un 37,5% más en menos de una década.

Obras que no avanzan

El problema del acceso a la vivienda será uno de los temas que la nueva alcaldesa, Goretti Sanmartín, llevará a la reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prevista para después del verano. Desde el anterior Ejecutivo local ya se había reprochado a la administración autonómica la poca construcción de vivienda protegida en la ciudad. Actualmente el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) tiene en marcha dos promociones. Pero no avanzan. En el Sunp-13 de O Castiñeiriño está prácticamente parada la construcción de 24 viviendas. En enero de 2022, la conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, visitaba las obras para asegurar de que “avanzaban a buen ritmo” con el objetivo que estuvieran listas este verano. Sin embargo, desde entonces sigue sin haber rastro del edificio en la parcela. Más retrasadas aún van las 36 viviendas prometidas para Lamas de Abade, aún en proyecto de obra. Vázquez justificó recientemente la demora en la irrupción del coronavirus.